Víctimas y sobrevivientes.

El debate sobre el concepto de víctima y sus implicaciones en la configuración de las identidades y las reivindicaciones en torno a las graves vulneraciones a los derechos humanos, se ha mantenido soterrado en Colombia. En todos los foros se mencionan las dificultades de ese término, pero las respuestas ante los cuestionamientos desde las múltiples experiencias se ven marcadas generalmente por el sentido práctico y la necesidad de nadar en las aguas del derecho internacional. Por eso, Mark Feierstein, experto a la agencia estadunidense para la cooperación internacional- USAID-, me sorprendió con una reflexión que no esperaba de su parte. Ante mis críticas a la Ley de Víctimas por la exclusión del problema de la violencia estructural,  afirmó que Colombia era uno de los pocos países que aún utilizaba el concepto de víctima, y acusó el uso de ese término por sus dificultades para reconocer la voz de “las víctimas” como sujetos políticos, más allá del testimonio y de la reivindicación de sus derechos como sujetos afectados.

Siguiendo ese razonamiento parece muy pertinente considerar en serio los cuestionamientos al concepto de víctima, e incluso, aceptar el reto de plantear un cambio semántico que permita desarrollar el proceso de reivindicación de derechos sin que se dé lugar a aplacar  las demandas históricas cuya represión se traduce en victimización, ni las expectativas de largo plazo en torno a la reparación integral.

En Colombia, desafortunadamente, se está promoviendo el debate en torno a la verdad, la justicia y la reparación reduciendo el concepto de víctima a su más estricto significado relativo al reconocimiento del dolor descontextualizado de las resistencias y las alternativas de modos de vida en juego. La apuesta gubernamental es la inscripción de la experiencia de los sufrimientos que configuran la condición de víctima en el marco del “conflicto armado interno”, lo cual significa una decisión de reparar a las “víctimas” de las confrontaciones armadas, dejando por fuera, o forzando la incorrecta inscripción en ese marco,  las experiencias vinculadas con el ejercicio de la violencia estructural consistente en la ejecución sistemática de prácticas de sujeción y exterminio funcionales a la defensa y acumulación de poder, justificadas con el pretexto de la guerra, y que son, en el fondo, el detonante del conflicto realmente existente.

Con ese punto de partida, la “década de las víctimas” empieza mal. El tratamiento como “víctimas” a quienes podríamos considerar también sobrevivientes es el punto de partida para cerrar el debate político que llevó al desconocimiento de la violencia estructural implica su no consideración en la ley ni el debate público, desligando el pasado de las masacres paramilitares al presente de las nuevas masacres y de los megaproyectos de economía extractiva que hacen carrera en los territorios despojados y sometidos.

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LO IMPOSIBLE SÓLO TARDA UN POCO MÁS

Las madres, esposas, hijas y demás familiares de los desaparecidos durante la última dictadura en Argentina, no pensaban que pudieran vivir para poder compartir la justicia legal. Así lo manifestaron en la celebración por la sentencia que decretó la prisión perpetua en cárcel común por crímenes de lesa humanidad contra el ex-dictador Reinaldo Bignione,  y los ex-militares  represores  Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros y Martin Rodríguez,  el pasado 14 de abril de 2011.

Nosotros, colombianos y colombianas con la esperanza mancillada en la justicia, hijos e hijas de la misma historia que marcó el destino de América Latina con la aplicación de diferentes versiones de la Doctrina de Seguridad Nacional, observamos la alegría de los argentinos como durante muchos años vimos sus gritos emocionados frente a los goles del Diego de la Gente: imposible que las realidades se mezclen y la experiencia se replique en el ámbito de las más elevadas emociones, del gol o de la justicia.

Y es que hay muchas razones por las cuales la justicia parece un imposible en Colombia. Las prácticas de exterminio y desplazamiento  continúan entroncadas en todos los ámbitos del poder, sin que los esfuerzos hayan podido contra la contención que ha significado mantener ocultos los fundamentos más importantes de las responsabilidades por los  crímenes de lesa humanidad. El conflicto continúa aplacando a la política, impidiendo el debate  claro sobre lo que realmente ha ocurrido en este país; lo que se ha querido matar, que es más que la vida biológica, y el motivo, que es más que el hambre de recursos.

Pero además de estas razones, habría que contar la estrategia específica de contención de la justicia que se viene impulsando desde el gobierno anterior, y que ahora continúa impulsando  la Unidad Nacional, con nuevo tono.  La Paz, que es efectivamente el horizonte que reclamamos en Colombia como proyecto inconcluso, se ha puesto una y otra vez como el contrario de la justicia. Primero, para justificar el empantanamiento de ambas en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Segundo, para asentar la garantía de los derechos de las víctimas en el problema de la reparación económica. Por cuenta de ese modelo de contradicción, la Ley de Víctimas se viene aprobando en el congreso aún cuando exista toda evidencia de la continuidad del paramilitarismo sobre la base de impunidad, con la más descarada esquizofrenia que ve morir a campesinos por su reclamo legítimo, y asume que esas muertes son efectos normales del post-conflicto.

Ante esta circunstancia, vale la pena pensar en el reto específico que significa hacer de la justicia y la paz una misma bandera en Colombia. Para ello seguramente tendremos que comprender que el Pibe es diferente del Diego. Mejor dicho, que tal vez haya que pensar en modelos propios de justicia según nuestras circunstancias históricas, recurriendo entre otras, a las raíces culturales que nos han dado el sustento de resistencia, pero que eso no significa renunciar a esa exigencia.

Pero más allá, hay que rescatar la maravilla del juego en su esencia: La memoria de hoy es la justicia de hoy y la de mañana; eso lo saben las madres y las abuelas y los hijos e hijas en Argentina, que durante años persistieron contra las leyes de Punto Final y Obediencia debida, recopilando información, acusando a la dictadura en cualquier lugar posible, manteniendo la esperanza, para ellas, y ahora también para nosotros. Con esa persistencia, también en Colombia, seguro estaremos vivos para compartir la justicia.

Nos lo dijeron los hermanos de H.I.J.O.S. Lo imposible sólo tarda un poco más.