Personería para la UP

La decisión del Consejo de Estado sobre la personería jurídica de la Unión Patriótica es un elemento trascendental para el avance de la reparación política de este movimiento. Más allá, tiene que ser una alerta para que la memoria interpele a los responsables del proceso de la Habana, a las élites gobernantes y la sociedad en general, sobre la deuda histórica con la democracia y la paz que se mantiene vigente.

 

Lo primero es aclarar que la decisión no es una medida de reparación. El Consejo Nacional Electoral había decidido quitarle la personería jurídica a la UP, aplicando una norma que regula el evento de que se presente un partido a elecciones y no alcance un número suficiente de votos para mantener la personería. Pero la ley no contempla, porque se supone imposible en un Estado democrático, la eventualidad de que un partido no se presente a la contienda electoral por el asesinato sistemático de sus militantes. Así, lo que hizo el Consejo de Estado fue llenar un vacío jurídico y decidir que en la realidad no regulada de un genocidio que impide la participación electoral no procede la pérdida de la personería jurídica.

 

El gran valor que tiene la decisión es que plantea una línea de conducta como imperativo desde el Estado frente a la UP: el reconocimiento del genocidio y de la necesidad de una política consecuente, lo que implica la proyección de una de reparación política. Por eso significa un paso muy importante, pero también significa un llamado claro sobre la injusticia que se mantiene.

 

Son muchos los sectores que quieren escribir una historia donde reconocen el exterminio (faltaba más que lo negaran), pero que insisten en posicionar la tesis de que la responsabilidad del mismo fue del propio proyecto de la UP y de las FARC, por la famosa combinación de las formas de lucha. Su preocupación no es la verdad histórica, o el supuesto homenaje que quieren hacerles a los voceros que nunca militaron en las FARC y debatieron con ellas sobre la paz y la guerra. Hoy como ayer, igual que a Bernardo Jaramillo, les siguen poniendo la lápida a los líderes sociales con el mismo argumento. Lo que les preocupa es el uso público de la memoria en el presente para ganar una guerra que, como antes, siempre dice ser contra las FARC, pero se la cobran a la población.

 

Lo que pasó con la UP sigue pasando. El genocidio político es una traición a la promesa de apertura democrática por el costo que tiene para el establecimiento colombiano tener una política de paz coherente. Llevan casi 41 años intentando políticas que les abren la caja de pandora de los conflictos sociales y políticos, que son el fondo del asunto. La cierran para despejar el camino (ahí se agudizan las masacres y las desapariciones), para intentar abrirlas de nuevo, a ver si algún día les sale la fórmula que esperan que es el silencio de los campesinos, cafeteros, mineros, estudiantes, etc. Necesitan convertir en una guerra velada la realidad del conflicto social, para darle tratamiento represivo a lo que tendrían que resolver con cambios.

 

Esa situación está vivita en Colombia, y tiene que resolverse con un compromiso nacional por la no repetición; cada muerto de la UP, conforma un espejo ético sobre el que deberá edificarse la paz que nos debemos.

 

El espejo pregunta: A los responsables del proceso de la Habana, ¿cuál es el compromiso con la verdad, la apertura democrática y  las garantías políticas, para que lo de la UP no se repita? Al Estado colombiano, ¿por qué seguir aplazando la reparación política, si el país entero reconoce el genocidio? ¿Cuántas muertes se necesitan para comprender que la coherencia con la paz es la coherencia con las vías del diálogo frente a los conflictos sociales?  Y a la sociedad Colombiana toda, ¿cuándo dejaremos de aceptar la acusación a un ciudadano como subversivo como una verdad indiscutible que autoriza su asesinato?

 

Jose Antequera Guzmán

Irresponsables e incoherentes

Las empresas de comunicación en Colombia están actuando de manera irresponsable frente a la paz. Más allá, están actuando de manera incoherente con el discurso de reconocimiento de la victimización y de respaldo a la garantía de los derechos humanos.

La revista Semana, por ejemplo, ha emprendido una campaña vergonzosa contra los representantes de los campesinos en el Catatumbo. Publicaron supuestos correos sobre los vínculos entre César Jerez y las FARC, con el argumento de que ya habían hecho lo mismo antes con temas como la parapolítica. Ni un solo avance investigativo sobre la muerte de los campesinos que se están manifestando. Ni una sola publicación donde aparezca la voz del propio Jerez suficientemente indagada. Ni un poquito de memoria para recordar que los dirigentes de la ACVC, organización campesina a la que ha pertenecido el vocero de la movilización,  ya fue acusada falsamente por vínculos con la guerrilla  y que sus dirigentes tuvieron que ser dejados en libertad para recibir posteriormente, por su lucha por la tierra, el Premio Nacional de Paz.

Es inaceptable que la revista Semana haga un especial de víctimas donde llevan personas que en vida fueron acusadas como guerrilleras, con el mismo esquema aplicado a los dirigentes campesinos, sin derecho al juicio correcto, y que después jueguen de esa forma con las normas mínimas de una situación que sus propios periodistas reconocen en artículos analíticos en donde dicen saber sobre la compleja realidad del conflicto en Colombia.

Igual, los del Blu Radio y Caracol, publican un video donde aparece Piedad Córdoba en el Catatumbo, con toda la parafernalia del caso para convertirlo en una polémica,  en el que ella habría gritado una arenga a favor de las FARC. ¿Necesitan un patrocinio de limpiadores de oídos para dejar de incurrir en semejante irresponsabilidad? Es clarísimo que dice, ¡qué viva la paz!, cualquiera que lo escuche se da cuenta.

Para rematar, ahora todos están pendientes de lo que hacen los grupos neonazis en las ciudades. Si hacen una reunión, si ponen un afiche, todo aparece como una noticia muy importante. A las organizaciones sociales que actúan pacíficamente, que promueven valores que no tienen nada que ver con la apología al genocidio, les cubren sólo cuando sus acciones implican conflicto con la policía, como gran apoyo a la causa de la verdad, la justicia y la reparación.

Lo que uno quisiera saber es si quienes trabajan en estas empresas son conscientes o no de lo que están haciendo. ¿Les parece fabuloso generar noticia a cualquier costo? ¿Cuál es el país que quieren? ¿Se van a expresar a favor de la paz sólo cuando tengan en frente a las víctimas, o podrán hacerlo siempre, como les manda el artículo 20 de la Constitución?