El nuevo Acuerdo de paz

La cuestión en Colombia es clara y no admite ambivalencias: se aprueba un nuevo acuerdo viable para la terminación del conflicto o amanecemos el 2017 con un fuego bilateral reactivado y la frustración más grande y absurda de nuestra historia política reciente. De paso, con Uribe como presidente virtual del país imponiendo su agenda represiva como cortina de humo para la corrupción a todos los niveles con la excusa del antiterrorismo, que es lo que ha hecho a lo largo de su carrera política. Pagarán las víctimas. Pagaremos todos. Pagaremos todas.

Así que tenemos que repetir como un mantra que el Acuerdo es para la terminación del conflicto y para la construcción de una paz estable y duradera. Eso significa que lo acordado tiene que ser viable para terminar con las confrontaciones armadas. Tiene que contener lo básico para que eso ocurra y tiene que ser aceptado por las partes enfrentadas militarmente. Que la construcción de paz sólo puede venir después si se cumplen esas condiciones previas.

Hemos sido nosotras y nosotros, y no quienes cambiaron de discurso para hacer campaña contra el primer acuerdo, quienes hemos defendido y luchado con todas nuestras fuerzas por hacer de la solución política del conflicto una oportunidad para alcanzar transformaciones que aseguren una paz con justicia social. También hemos sido quienes hemos defendido un acuerdo viable con mínimos aceptando que no todo podrá transformarse en un acuerdo de paz entre el gobierno y las insurgencias porque nuestra lucha parte de la voluntad de profundizar los cambios a partir de la apertura democrática que tiene como condición el fin de la guerra, las garantías para la ampliación de la participación política y la reparación de las víctimas basada en verdad y no repetición.

El índice de transformaciones posibles a partir del proceso de paz que puede reflejarse en el nuevo Acuerdo depende de muchos elementos. Depende de la correlación de todas las fuerzas políticas y de la configuración de la hegemonía cultural antes, durante y después del 2-O. Dependía del resultado del plebiscito y depende ahora también de todas las reacciones posteriores a ese resultado.

Así que  todos y todas debemos entender y saber, empezando por el gobierno, las FARC y el uribismo mismo, que hay un grado de transformaciones mínimas intocables por el hecho de que este es un proceso de paz y no un proceso de rendición en el que las partes fueron a la mesa de diálogos por voluntad y con el poder de su existencia misma para hacer valer posturas. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con el encarcelamiento que anula la participación política. Ningún proceso en el mundo puede acordar hoy, en el siglo XXI, el silenciamiento de la verdad o el desconocimiento de los daños diferenciales que han sufrido todos los sectores de la sociedad, así unos sectores crean que otros son una desviación excepcional de la naturaleza producto de la ideología. De la misma manera debemos saber y entender, sobre todo  quienes defendemos que la paz son los cambios y no un Acuerdo limitado, que el grado de transformaciones posibles se vio afectado por el resultado del 2 de octubre, y que eso no hace otra cosa que elevar aún más la urgencia de un proyecto político de cambio para ganar.

En ese orden de ideas, en lo inmediato tenemos que prepararnos para la aprobación definitiva de un nuevo acuerdo que esté acompañada de un mecanismo para el inicio de la implementación que goce de suficiente legitimidad, pero que no responda ingenuamente a la presión de quienes quieren eliminar todo lo avanzado.

Por nuestra parte, la movilización que empezó como un grito en las calles debe escalar para que quienes nos movilizamos, en vez de pararnos ahora frente a la mesa de la Habana a poner condiciones para nuestro apoyo, nos paremos frente al país, frente al Estado, el gobierno, las FARC, el ELN y frente al uribismo, demostrando que la reivindicación del derecho a la paz tiene que ser garantizada de una vez por todas.

José Antequera Guzmán