Lo ocurrido con el Centro en los últimos años ha sido lamentable. Las muchas fuerzas que movilizan las demandas y los debates sobre la memoria en Colombia tuvieron que abandonar un instrumento que sólo existe gracias a su esfuerzo. Los informes, que reúnen uno de los mayores acumulados de esclarecimiento del mundo, dejaron de circular. El guion de la exposición, que debiera inaugurar el Museo de memoria de Colombia, tuvo que ser tutelado por la JEP. Las iniciativas de memoria en diferentes regiones o fuera del país dejaron de ser apoyadas. Las declaraciones del director general fueron siempre indignantes. Al Centro lo expulsaron de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y de la Red de sitios de memoria de Latinoamérica y el Caribe. Renunciaron directores de las áreas a un ritmo sin parangón en instituciones de su tipo, y quedan cartas de rechazo a la gestión de historiadores, museólogos, organizaciones sociales, de víctimas y extrabajadores como huellas de un período que tiene que acabarse.

Todo esto respondió, fundamentalmente, a la idea de que la memoria es un campo de batalla de relatos en que el debían ganar los negacionistas del conflicto armado contra los defensores de derechos humanos en Colombia que, dicen, promueven una versión de la historia que afecta el prestigio de las instituciones del Estado. Y como esa idea es estéril, lo único que ocurrió es que se anuló la relevancia del Centro y se le convirtió en motivo de vergüenza.

La reorientación del CNMH parte de una certeza: la “batalla de la memoria” no es una disputa inútil para imponer un nuevo relato cerrado e intocable cada cuatro años. Lo opuesto a la memoria es la ignorancia, la mentira, la impunidad y el silencio, y la política de memoria existe para esclarecer y ampliar lo memorable vinculado a la realidad factual, y promover su apropiación cultural a partir del diálogo y el debate públicos como fundamento de nuestra democracia.

Así, primero es necesario que se pongan las cosas en orden y se actualicen a 2022. Al acumulado de trabajo del Centro se ha sumado el legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, conformando un acervo invaluable que tiene que reimpulsarse a nivel nacional. La mayor partida de recursos que en el pasado ha estado en investigación y producción de informes tiene que estar ahora en un esfuerzo de pedagogía serio que abarque todo el territorio. Esto no significa abandonar el trabajo de esclarecimiento que en nuestro país no debe ser transicional sino permanente, en lo cual, sin duda, juegan un papel muy importante las universidades y centros de investigación locales y regionales, con apoyos que tienen que devolverles a las comunidades el protagonismo.

El Museo de Memoria de Colombia tiene que ser terminado, más allá de la infraestructura física. Las medidas cautelares que la JEP ha tenido que decretar sobre exposición “Voces para trasformar a Colombia”, pueden ser levantadas a partir de la decisión de respetar y continuar con el proceso de participación sobre el que fue construido su guion. Sobre este Museo tiene que definirse un modelo de gestión institucional que garantice su autonomía para que se asegure su misionalidad independientemente de los cambios de gobierno, y esto significa que su direccionamiento debe contar con la consulta, la vigilancia y la participación de diferentes actores. Allí mismo tiene que quedar el Archivo nacional de derechos humanos, como lo ordena la Ley 1448 DE 2011.

Sin duda, el Museo no puede funcionar mientras lugares como la Casa de la Memoria de Tumaco o el Salón del Nunca más en Granada carecen de recursos de funcionamiento. Es hora de institucionalizar el fondo de recursos que fortalezca también la actividad de los muchos lugares de memoria que existen en el país.

Desde el Museo y su trabajo a nivel nacional debe promoverse una pedagogía que, insisto, parte del diálogo y la construcción en torno a experiencias que van más allá de los hechos de victimización y que son fundamentales para comprender el conflicto armado y la violencia política y social, como las experiencias de construcción democrática o de defensa del territorio y el ambiente. Cuando hablamos de conocimiento ancestral, de promoción de la lectura o de prácticas culturales populares, estamos hablando también de las claves de una apropiación crítica y creativa de experiencias para la identificación de causas comunes en el Siglo XXI.

El CNMH no debe ser una isla, sino un instrumento primordial de una política que lo articule como institución con los esfuerzos de los procesos de paz, de resolución de conflictos, de defensa de derechos humanos, de educación y, sobre todo, de cultura. Es urgente destrabar el desarrollo de una política de memoria democrática nacional favorable a la construcción de una cultura de paz.