Primero fue la palabra.

Parece que eso de “la batalla por la memoria” se resolviera fácilmente, con una consigna. Pero no, los últimos acontecimientos sobre las marcas del pasado en Latinoamérica hacen brotar nuevas reflexiones sobre este asunto, para bien de una materia que a veces se vuelve predecible y llena de lugares comunes.

En Chile se discute hoy sobre la legitimidad de Pinochet como referente irrenunciable de la “nueva derecha”. Desde allí, sobre un olvido que no es de falta de recursos, sino de insolencia, se quiere calificar al periodo posterior al golpe contra Allende como uno de tal orden y tal bonanza que cualquier cosa le justifica. Lo interesante es que esta afirmación no pasa por el análisis, sino que en la medida en que su función como relato en la disputa por el poder actual está definida, las evidencias importan menos que la repetición incesante del relato.

En Santiago, donde estuve porque quería estar el 11, que para mí representa una fecha importantísima, las personas con las que hablé entre académicos, artistas y militantes, todos progresistas y de izquierda, se percibe mucho pesimismo. Las lecturas son variadas, aunque no muy contradictorias. Creo, en general, que puede afirmarse una insatisfacción con el carácter dubitativo y ambiguo del gobierno, al que constantemente le reclaman por no ser lo que debería, eso, claro, desde diferentes perspectivas. Con todo, la derecha y la nueva derecha repiten consignas, mientras la izquierda y la nueva izquierda abren preguntas.

El primer responsable gubernamental de la conmemoración de los 50 años del golpe tuvo que renunciar por solicitud del movimiento por los derechos humanos, lo que ya dice mucho de una gestión errática. Lo tuvo que hacer porque afirmó que el golpe debía repudiarse, pero que eran discutibles sus motivos porque el gobierno de Allende era marxista. O sea, no suficientemente demócrata, al fin y al cabo. Igual, antes de la conmemoración, el presidente Boric convocó a sus adversarios al acto oficial, exponiéndose a recibir el rechazo que obviamente recibió. Y más, en torno al 11 mismo se vio a la gente en la calle, en marchas, en performances frente al Palacio de la Moneda, mientras el gobierno supuestamente respetuoso se jugó por lo alto en un acto protocolario con un mensaje más “progre” que progresista.

Muchas personas con las que hablé coinciden en la lectura. Durante los años de los gobiernos de la concertación, parecía haber un pacto acerca de las discusiones sobre el golpe, sobre Allende, sobre Pinochet, incluso sobre las detenciones-desapariciones y otros hechos en el marco de la dictadura; un pacto de poca o nula discusión a favor del progreso con neoliberalismo.

El movimiento estudiantil y social, al que pertenecieron quienes hoy ocupan el gobierno, abrió la discusión siendo crítico de la concertación. Pero Boric y su frente amplio se quedaron esperando que la constituyente les autorizara el impulso transformador, y como no lo tuvieron, compensan ahora sus derrotas corriéndose al extremo centro y la corrección política, es decir, volviendo al espíritu de la concertación que tanto criticaron.

El golpe contra Allende en 1973 tuvo repercusión en toda Latinoamérica y el mundo, porque significó la valoración heroica de la vía chilena al socialismo, electoral y democrática, y, al mismo tiempo, una gran frustración de ese proyecto. Así, unos le asumieron como un argumento indiscutible a favor de la lucha armada y otros como una razón para reelaborar la estrategia de la vía chilena sobre las lecciones aprendidas, como el “compromiso histórico” que intentó Berlinguer en Italia aliándose con sus adversarios para mantener a raya el fascismo.

La conmemoración de los 50 años de ese golpe, a mi modo de ver, fue un momento de énfasis en la valoración heroica y una afirmación de la frustración que produce hoy cierta inmovilidad, quizá por un temor a la repetición del pasado que no es del todo injustificado.

Quien haya visto House of cards, la serie de la que tanto hablamos quienes vemos allí muchas de las jugadas y enredos de la política, sabe que se pone aburridísima desde la cuarta temporada. Que a partir de allí la mayoría de los espectadores dejamos de verla. ¿Y por qué? Pues porque la carrera por la presidencia de Frank Underwood es para comerse las uñas, pero el ejercicio de su cargo ya no es tan excitante.

Encuentro aquí una verdad sobre la política que aplica para todos los casos, desde la más pequeña consejería para la administración de un edificio, hasta la primera magistratura de un imperio. El camino que conduce a un cargo público es para una novela. El trayecto de las ejecuciones que se hacen desde ese lugar es más bien para los informes, y resultan mejores los ensayos reflexivos que se escriben, años después, sobre el carácter que tuvo un político X en un período; sus anécdotas y lecciones vitales.

He pensado mucho sobre eso a propósito del último año de gestión del gobierno de la alcaldesa Claudia López, en el que he podido ejercer el modesto cargo de director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR).

Hace unos días me quedé viendo un Instagram Live donde estaba el hoy candidato Carlos Carrillo, quien me saludó muy amablemente y dijo que me enviaba un abrazo a mí, “un político que debería estar más activo”. Ese hecho me llevó a preguntarme por mi actividad durante los últimos años, con pandemia incluida, y, guardando las proporciones, creo que también me aplicó eso de que el ejercicio de un cargo público es menos estelar que el proceso que lleva a su ocupación. Enseguida pensé en lo mucho que hemos hecho con mi equipo en este tiempo, considerando los recursos y capacidades de una institución pequeña como la que me ha tocado dirigir, sobre todo en comparación con lo que pude hacer antes, cuando, por ejemplo, fui candidato a concejal en Bogotá.

No es este el espacio para hacer un informe de gestión, como podría seguirse de mi argumento. Allí están las páginas y las redes para ver lo que hemos hecho desde elCentro de Memoria, Paz y Reconciliación. Me interesa enfatizar ahora que la organización de una institución, la orientación estratégica, la gestión contractual, la dirección respetuosa de un equipo calificado; la convocatoria a la ciudadanía al involucramiento en el debate, el diálogo, las artes o la creación colectiva; la realización de procesos participativos y la materialización de productos pedagógicos duraderos, ha implicado una actividad que me enorgullece, siendo, como es, una actividad muy diferente a la que define al activista.

De mi experiencia tengo esa como una lección importante, que es un principio de actuación en nuestro trabajo. No generalizo, pero lo que corresponde a muchas instituciones similares al CMPR es, prioritariamente, que se vean las iniciativas ciudadanas y movimientos sociales que a esas instituciones les corresponde apoyar. Así, la línea comunicativa correcta es que se vean las causas, con su contenido y sus avances, de la ciudadanía que tiene los derechos que dan razón de ser a las instituciones. Si eso se hace con sentido de servicio público, lo normal es que se hable más de la gente que lucha y menos de los hombres y las mujeres que ejercen cargos que existen gracias a esas luchas.

La realpolitik en Colombia tiene varias reglas que van contra este principio. Mantenerte en la rueda supone que se oriente a los responsables de comunicaciones en el cubrimiento de político-servidor. Por eso las redes están llenas de información sobre lo que está pasando #AEstaHora, con las fotos que enfocan a ese político.

Cuando se cumplen los períodos te dicen siempre: “Un político siempre actúa por interés. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso?”. Yo siempre contesto lo mismo: la vida hace lo que le da la gana. Lo fundamental es hacer lo que puedas con compromiso, aunque esta parte de la película sea, para muchos, menos excitante.

¿Qué tendría que haber pasado al final del gobierno de Juan Manuel Santos para que se proyectara la implementación adecuada del Acuerdo de Paz con las FARC, que cumpliera con la promesa de “la paz territorial” de la que hablaba Sergio Jaramillo cuando recorría el país en campaña por el Sí?

¿Qué tal si no hubiera habido ese silencio y oportunismo extendidos frente al entrampamiento contra Santrich, y hubiera habido un rechazo amplio y frontal contra esa operación que hubiera enviado el mensaje correcto a quienes respondieron, con tan poca imaginación, con el rearme?

¿Qué tal si, en vez de esa dispersión de candidaturas presidenciales a favor de la paz, se hubiera consolidado el gobierno de concertación del que hoy habla el senador Iván Cepeda, que, después de ganar las elecciones, impidiera el sabotaje sistemático que sucedió con Iván Duque?

¿Qué tal si, en vez de esos recortes en el Acuerdo y esa negación del paramilitarismo, se hubiera preservado el equilibrio sobre lo acordado y se hubiera combatido a los grupos herederos?

¿Qué tal si ahí, cuando se habían alcanzado los niveles más bajos en muertes por el conflicto, se hubiera aprovechado el momento para enfrentar las bases del crecimiento del narcoparamilitarismo actual?

A algunos se les olvida que estamos hablando de paz total en Colombia en el 2023, porque estas cosas no pasaron.

Y no sirve de mucho que ahora se contraste lo que se hizo bien con lo que se está haciendo mal. Sirve que quienes tienen el conocimiento y la experiencia la compartan en los lugares correctos, que no son los programas de radio donde importa la polémica más que la construcción. ¿Se están abriendo los espacios de diálogo que permitan elaborar mejores estrategias ahora o ya están agotadas las conclusiones? Esa es la primera cuestión.

La filosofía de la “paz con legalidad” fue de normalización de la guerra y la violencia en los extramuros de una nación central, siendo el Acuerdo con las FARC un momento de apertura de la puerta temporal de la nación amurallada en la que entraron algunos redimidos y quedaron por fuera los irredentos.

A mi modo de ver, el verdadero distintivo de la consigna de la paz total es que se enfrenta con esa filosofía, y no con la que determinó el Acuerdo logrado en La Habana con el protagonismo de Humberto de la Calle, que no continuó porque no tuvimos la grandeza histórica que nos jugábamos en las elecciones de 2018. Así, una ley de sometimiento, la vuelta a la negociación con la Segunda Marquetalia y el planteamiento de un acuerdo nacional con el ELN, corresponden a una filosofía que no es una nueva apertura de puertas, inaceptable para muchos, sino una obra para correr los muros, y eso es más difícil.

A mí, la obra me parece necesaria y correcta, aunque, como a muchos, me preocupa la planeación, que es lo que permite que las consignas se vuelvan realizables. A eso aluden las críticas que hay que escuchar.

Por ahora, por lo menos, pongámonos de acuerdo en los términos del debate. En la nación amurallada que nos dejaron no solo no caben miles de armados y perpetradores, frente a quienes se plantea la idea de la paz total; tampoco caben millones de personas víctimas, cuya situación no puede seguir igualmente normalizada.

Lo ocurrido con el Centro en los últimos años ha sido lamentable. Las muchas fuerzas que movilizan las demandas y los debates sobre la memoria en Colombia tuvieron que abandonar un instrumento que sólo existe gracias a su esfuerzo. Los informes, que reúnen uno de los mayores acumulados de esclarecimiento del mundo, dejaron de circular. El guion de la exposición, que debiera inaugurar el Museo de memoria de Colombia, tuvo que ser tutelado por la JEP. Las iniciativas de memoria en diferentes regiones o fuera del país dejaron de ser apoyadas. Las declaraciones del director general fueron siempre indignantes. Al Centro lo expulsaron de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y de la Red de sitios de memoria de Latinoamérica y el Caribe. Renunciaron directores de las áreas a un ritmo sin parangón en instituciones de su tipo, y quedan cartas de rechazo a la gestión de historiadores, museólogos, organizaciones sociales, de víctimas y extrabajadores como huellas de un período que tiene que acabarse.

Todo esto respondió, fundamentalmente, a la idea de que la memoria es un campo de batalla de relatos en que el debían ganar los negacionistas del conflicto armado contra los defensores de derechos humanos en Colombia que, dicen, promueven una versión de la historia que afecta el prestigio de las instituciones del Estado. Y como esa idea es estéril, lo único que ocurrió es que se anuló la relevancia del Centro y se le convirtió en motivo de vergüenza.

La reorientación del CNMH parte de una certeza: la “batalla de la memoria” no es una disputa inútil para imponer un nuevo relato cerrado e intocable cada cuatro años. Lo opuesto a la memoria es la ignorancia, la mentira, la impunidad y el silencio, y la política de memoria existe para esclarecer y ampliar lo memorable vinculado a la realidad factual, y promover su apropiación cultural a partir del diálogo y el debate públicos como fundamento de nuestra democracia.

Así, primero es necesario que se pongan las cosas en orden y se actualicen a 2022. Al acumulado de trabajo del Centro se ha sumado el legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, conformando un acervo invaluable que tiene que reimpulsarse a nivel nacional. La mayor partida de recursos que en el pasado ha estado en investigación y producción de informes tiene que estar ahora en un esfuerzo de pedagogía serio que abarque todo el territorio. Esto no significa abandonar el trabajo de esclarecimiento que en nuestro país no debe ser transicional sino permanente, en lo cual, sin duda, juegan un papel muy importante las universidades y centros de investigación locales y regionales, con apoyos que tienen que devolverles a las comunidades el protagonismo.

El Museo de Memoria de Colombia tiene que ser terminado, más allá de la infraestructura física. Las medidas cautelares que la JEP ha tenido que decretar sobre exposición “Voces para trasformar a Colombia”, pueden ser levantadas a partir de la decisión de respetar y continuar con el proceso de participación sobre el que fue construido su guion. Sobre este Museo tiene que definirse un modelo de gestión institucional que garantice su autonomía para que se asegure su misionalidad independientemente de los cambios de gobierno, y esto significa que su direccionamiento debe contar con la consulta, la vigilancia y la participación de diferentes actores. Allí mismo tiene que quedar el Archivo nacional de derechos humanos, como lo ordena la Ley 1448 DE 2011.

Sin duda, el Museo no puede funcionar mientras lugares como la Casa de la Memoria de Tumaco o el Salón del Nunca más en Granada carecen de recursos de funcionamiento. Es hora de institucionalizar el fondo de recursos que fortalezca también la actividad de los muchos lugares de memoria que existen en el país.

Desde el Museo y su trabajo a nivel nacional debe promoverse una pedagogía que, insisto, parte del diálogo y la construcción en torno a experiencias que van más allá de los hechos de victimización y que son fundamentales para comprender el conflicto armado y la violencia política y social, como las experiencias de construcción democrática o de defensa del territorio y el ambiente. Cuando hablamos de conocimiento ancestral, de promoción de la lectura o de prácticas culturales populares, estamos hablando también de las claves de una apropiación crítica y creativa de experiencias para la identificación de causas comunes en el Siglo XXI.

El CNMH no debe ser una isla, sino un instrumento primordial de una política que lo articule como institución con los esfuerzos de los procesos de paz, de resolución de conflictos, de defensa de derechos humanos, de educación y, sobre todo, de cultura. Es urgente destrabar el desarrollo de una política de memoria democrática nacional favorable a la construcción de una cultura de paz.

Cauca, Arauca, Chocó o el sur de Bolívar aparecen como referentes geográficos de la preocupante situación de asesinatos, masacres, confrontaciones y violaciones a los derechos humanos que se presenta en Colombia en 2022. No obstante, lo que ocurre al otro lado del mundo entre Ucrania y Rusia no es sólo un asunto lejano que nos distrae si también nos preocupa.

La guerra del golfo pérsico fue la primera guerra televisada del mundo, pero fue la guerra de Bosnia en la que se inauguró la insensibilidad ante la imagen de la barbarie, al punto de que hoy, olvidando eventos como la masacre de Srebrenica, se escucha una y otra vez que desde la segunda guerra mundial no había pasado nada grave en el planeta en términos bélicos. Hoy, los ataques entre Rusia y Ucrania, y las acciones de los países de la OTAN, aparecen entre nosotros, sobre todo, como insumo de propaganda electoral.

Desde Colombia, donde hace apenas 5 años se firmó un acuerdo de paz celebrado en el mundo “con las víctimas en el centro”, a partir de la creación de una ley de víctimas en cuya firma estuvo el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, y se otorgó el premio Nobel de Paz al Presidente de la República, resulta totalmente absurdo que no se comprendan la importancia y las implicaciones internas de la defensa de un derecho internacional para la paz en este momento. Que, en cambio, sobre la base de una gran desinformación, se esté alineando al país en una supuesta liga de los buenos contra los malos, no sólo no reconoce que el tablero geopolítico es muchísimo más complejo, sino que es también una gran contradicción con el deber moral que le corresponde a nuestro país.

Cauca, Arauca, Chocó o el sur de Bolívar aparecen como referentes geográficos de la preocupante situación de asesinatos, masacres, confrontaciones y violaciones a los derechos humanos que se presenta en Colombia en 2022. No obstante, lo que ocurre al otro lado del mundo entre Ucrania y Rusia no es sólo un asunto lejano que nos distrae si también nos preocupa.

La guerra del golfo pérsico fue la primera guerra televisada del mundo, pero fue la guerra de Bosnia en la que se inauguró la insensibilidad ante la imagen de la barbarie, al punto de que hoy, olvidando eventos como la masacre de Srebrenica, se escucha una y otra vez que desde la segunda guerra mundial no había pasado nada grave en el planeta en términos bélicos. Hoy, los ataques entre Rusia y Ucrania, y las acciones de los países de la OTAN, aparecen entre nosotros, sobre todo, como insumo de propaganda electoral.

Desde Colombia, donde hace apenas 5 años se firmó un acuerdo de paz celebrado en el mundo “con las víctimas en el centro”, a partir de la creación de una ley de víctimas en cuya firma estuvo el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, y se otorgó el premio Nobel de Paz al Presidente de la República, resulta totalmente absurdo que no se comprendan la importancia y las implicaciones internas de la defensa de un derecho internacional para la paz en este momento. Que, en cambio, sobre la base de una gran desinformación, se esté alineando al país en una supuesta liga de los buenos contra los malos, no sólo no reconoce que el tablero geopolítico es muchísimo más complejo, sino que es también una gran contradicción con el deber moral que le corresponde a nuestro país.

Antes de que la guerra se prolongue ante el asombro de quienes piensan que no puede pasar lo peor hasta que pasa, Colombia tendría que levantar ante el mundo la bandera que reclaman las poblaciones más afectadas por el conflicto, el movimiento por la paz y la amplitud de los movimientos sociales que se vienen movilizando desde 2019, esto es, el cumplimiento e implementación de los acuerdos: para Colombia, los acuerdos de la Habana. Para Rusia y Ucrania, los acuerdos de Minsk. Porque sí hay una fórmula de solución, porque la reivindicación de esa misma fórmula, aunque se revise y flexibilice, es lo coherente, y porque asumir seriamente esa reivindicación excluye la tendencia actual a comer crispetas viendo una película de “Putin contra el mundo”, que puede significar mucho rating, pero que ya sabemos que termina en declaraciones sobre lo que se debió hacer cuando ya es muy tarde para hacerlo.

En la perspectiva sobre la paz mundial valdría la pena recordar el acumulado del movimiento de países no alineados, del que Colombia es parte, y que si bien remite a una guerra fría que no tiene nada que ver con la guerra entre una Rusia y Ucrania, ha propuesto principios que resultan plenamente vigentes. En los muchos planteamientos del MNOAL, más que una posición de “ni un extremo ni el otro”, lo que hay es una historia de propuestas por la coexistencia pacífica y el respeto mutuo que resulta fundamental para quienes, antes llamados “países del tercer mundo”, necesitan hoy de la priorización de la cooperación, el desarrollo, la solidaridad o la transición energética, asuntos más urgentes que nunca, a partir del aumento sin precedentes de la pobreza y la desigualdad por la pandemia.

Con las “víctimas” en el centro tiene que escucharse la voz de los no alineados. Ya lo ha dicho el francés Jean Luc Melechon, el no alineamiento no significa neutralidad sino una toma de partido por la paz en serio.

Una cuenta de twitter que simula ser el perfil de un coronavirus parlante, lo ha dicho de la mejor manera: “si empieza una nueva guerra mundial, lo de la COVID-19 quedará en la historia como una simple anécdota”. Y sí, lo que pasa con las amenazas de guerra a partir de las decisiones de Rusia, Ucrania y la OTAN, es inmensamente preocupante. A propósito de este conflicto ha salido a la luz el concepto de “guerra cognitiva” que es, para pasar del miedo al desconcierto, una verdadera distopía en desarrollo.

Lo que dicen los informes de noticias sobre la “guerra cognitiva”, es que se trata de un concepto promovido por consultores militares que está siendo estudiado por la OTAN para referirse a un nuevo ámbito de combate, que vendría siendo el ámbito privilegiado en nuestra época de hiperconectividad a la internet. Por lo que se entiende en conferencias de Francois du Cluzel, que es el contratista que escribió el trabajo que ha encendido las alarmas, China y Rusia estarían ya ejecutando un tipo de ataques en los que utilizan herramientas para manipular cerebros, de modo que es un deber de quienes están siendo atacados reaccionar como corresponde.

El de guerra cognitiva sería un concepto distinto al de guerra ideológica, al de guerra de la información y al de operaciones psicológicas en la guerra. No consiste en posicionar marcos de interpretación de la realidad. Tampoco en que grandes poblaciones se vean influidas por una información, cierta o no. Tampoco se trata de debilitar moralmente al adversario con sus contradicciones. Se trata de aprovechar que cada vez hay más personas conectadas a la internet de modo permanente, desde sus teléfonos móviles, relojes, televisores, neveras, lavadoras, etc., para incidir en sus mecanismos de procesamiento de información, en su capacidad de pensar, de tener juicio y atención, y así minar la unidad nacional. Eso, dicen los documentos contratados, están haciendo ya Rusia y China.

Es difícil saber acerca de la seriedad de la amenaza. Sabemos del abuso que significa el uso de datos a partir de la hiperconectividad con fines comerciales. Sin embargo, desde que Martín Hilbert alertara sobre la intervención de Cambridge Analytica en favor de la campaña de Donald Trump, sabemos del aprovechamiento de los mismos con fines electorales. Era cuestión de tiempo para que se hablara también de fines militares, y tiene sentido que se la conciba más allá de la guerra de la información porque el alcance de ciertas herramientas en internet con respecto al cerebro efectivamente es más profundo. Sin embargo, no aparecen las pruebas de los ataques en curso y en cambio sí recordamos todo lo que se ha hecho en este siglo como reacción a supuestas amenazas inexistentes. Como ejemplo de guerra cognitiva, los consultores hablan de un supuesto ataque sónico con sonidos de grillos producido contra diplomáticos norteamericanos en Cuba en 2016, justo antes de que se posesionara Donald Trump y que su gobierno cancelara todas las medidas que habían flexibilizado el bloqueo.Sigue a El Espectador en WhatsApp

Por un lado, tenemos la preocupación por la posibilidad de una gran guerra, de nuevo, cuando se supone que la historia humana ha llegado a un empate de armas de destrucción masiva que convierte en delirio absurdo la posibilidad de jugar con fuego. Ahora tenemos la preocupación por lo que puede pasar con los cerebros hiperconectados en cualquier parte del mundo, porque pone en riesgo hasta nuestra capacidad de procesar información y obviamente nuestra memoria. Pero, además, se supone que parte de lo que hace a la guerra una posibilidad totalmente indeseable, es la conciencia sobre los millones de víctimas que dejaron los conflictos en el Siglo XX y que por esa misma conciencia deberíamos estar en un momento especial de solidaridad mundial a partir de la terrible e insoportable pandemia. En cambio, ahora salen con la “guerra cognitiva”.

¿Qué les pasa?

Tenemos que preguntarnos por los sentidos y alcances actuales de la reivindicación de la memoria en Colombia. El ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento en España tendría que servir para admitir que no nos podemos quedar celebrando la continuidad de lo existente y para reconocer lo mucho que hay por consolidar.

Gracias a los acuerdos de gobierno entre partidos como el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Unidas Podemos o Esquerra Republicana de Catalunya, han venido produciéndose en ese país Leyes y proyectos que han significado una ruptura paulatina con el pacto de silencio instaurado en torno al franquismo. En 2007, la Ley de Memoria Histórica reconoció víctimas “de la guerra civil y de la dictadura” y estableció una serie de medidas que, muy modestas y criticadas, al menos abrían la perspectiva de cumplimiento de los principios y normas internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ahora, en 2020 y 2021, el proyecto de Ley de Memoria Democrática implica una enmienda a la Ley anterior que fue derogada de facto y a la que se le quitaron los presupuestos básicos para su implementación, haciendo promesas muy alentadoras para un movimiento memorial que es referente internacional principalmente por el trabajo de exhumaciones en uno de los países con mayor número de desapariciones forzadas del mundo.

Aunque puede decirse que lo que ha ocurrido en Colombia con las Leyes de Justicia y Paz y de Víctimas, los Actos legislativos para la Paz y el Acuerdo Final, conforman un andamiaje legislativo de una complejidad ejemplar para los españoles, y que se trata de realidades históricas incomparables, vale la pena valorar elementos útiles de allá para acá. Por ejemplo, aunque los instrumentos jurídicos de ambos países giran en torno a los derechos humanos de las víctimas es distinto que estos surjan de una comprensión crítica del pasado a que estos incluyan mecanismos de tratamiento del problema del pasado. De otro modo: la reparación de las víctimas en España no es producto de una consideración fundamentalmente humanitaria, como aquí, sino de una condena al contexto represivo de victimización, “de guerra civil y de dictadura”, y de “represión contra las luchas por la democracia”. Además, en la Ley y el proyecto de Ley españoles, se incluyen aspectos de la reivindicación de la memoria que en nuestro país no han sido desarrollados como la consideración explícita de las víctimas de lo que aquí llamamos falsos positivos judiciales, el impulso de mapas de fosas comunes para conocimiento público, la protección obligatoria de lugares de memoria y el cambio de símbolos urbanos, como nombres de calles o monumentos, asociados con crímenes de lesa humanidad.

Las amigas de la que aún es mi novia, aunque nos hayamos casado y hayamos tenido una hija, implantaron la costumbre de incluir la lectura del horóscopo chino de Ludovica Esquirru en su “ritualito de fin de año”, en el que comparten cosas sobre sus experiencias y agradecen por ellas, y al que yo me sumo porque disfruto de su forma de ser abierta, alegre y su gusto por la buena comida.

Desde 2019, sin embargo, no leo todo lo que el horóscopo de Ludovica dice sobre mi signo porque ese año aprendí que es mejor que te pasen ciertas cosas en la vida sin previo aviso y porque también me pasaron otras cosas que me hicieron dejar de creer en pendejadas. 2019 fue el año del chancho, mi animal, y el de mi hija, que nació en mayo. El horóscopo me dijo que precisamente sería mayo el mes de las dificultades, y fue cierto porque me recuerdo sobre todo corriendo de un lado a otro buscando “trapitos” y despertándome cada dos horas. Pero si no hubiera leído lo que el destino me deparaba, creo que habría sido menos soldado de la supervivencia y por lo tanto más feliz.

Al inicio de 2021, cuando el ritualito de las amigas de mi novia tuvo que ser una reunión por zoom, el horóscopo dijo que mi salud no sería óptima y que debía tener cuidado con mi alimentación. Fue tan claro el mensaje que no pude evitar tomarlo como una advertencia seria y decidí adquirir ciertos hábitos. Entre ellos, el que asumí como ese soldado de la supervivencia en que me convierto con las predicciones, fue tomar un desayuno saludable. Todos los días que pudiera desayunaría bien y por lo que vendían en la tienda ecológica de mi barrio llegué rápidamente a la elaboración y consumo disciplinado de un tazón de avena, yogurt, arándanos y almendras.

Comí lo mismo durante varios meses. Varié de vez en cuando, pero esa era la mezcla del desayuno de José que podía preparar rápidamente para hacerles algo diferente a mi novia y a mi hija, que no pueden con esa repetición obsesiva en la que me puedo embarcar sólo yo.

Un día mientras desayunaba sentí un dolor en una muela. Se me hinchó la encía. Pasé así tres días calladito esperando a que fuera pasajero, pero el lunes me levanté con la hinchazón en un estado preocupante. Fui a urgencias odontológicas y allí, recién revisarme, la odontóloga me dijo que eso estaba muy raro y que debía ir lo más pronto posible a donde un especialista en periodoncia. Logré conseguir una cita particular para el día siguiente. Después de varias radiografías, una Doctora que me recordó a las amigas de mi novia me anunció que sí, que mi salud no estaba óptima, como había leído en la predicción del horóscopo. Me tendrían que hacer una cirugía en la muela para evitar perderla por el consumo reiterado de mi receta saludable con duras almendras.  

Por José Antequera

El 21N de 2019 se quebró el modo de gobernar del uribismo, consistente en el uso político de las imágenes de la violencia y del miedo como cortina de imposición de reformas neoliberales en Colombia.

El Paro Nacional convocado para ese día tuvo como primera motivación el rechazo al “paquetazo” que incluye las reformas laboral y pensional anunciadas por los ministros del gobierno. La capacidad de esa convocatoria inicial para motivar otras razones de movilización tuvo mucho que ver con la fuerza del movimiento estudiantil que desde 2011 y aún en 2019 ha venido impulsando el retorno a la mirada sobre los problemas estructurales del país (después de años de hiper-concentración en la mirada humanitaria en torno al conflicto armado), y un salto táctico para hacer la movilización más efectiva y ofensiva al conducirla hacia otro punto diferente del viejo destino de la ruta hacia el centro y el mero tropel.

La convocatoria inicial fue desbordada por motivaciones adicionales que se fueron hermanando con la motivación inicial vinculadas con el hecho de que dicho “paquetazo” no ha sido propuesto por el Presidente Duque en cualquier contexto, sino en uno marcado por su decisión de bloquear la paz y perseguir al fantasma “castrochavista” con objetivos imposibles y resultados ridículos, lo que ha producido todos los hechos inaceptables posibles: fracaso de la política exterior, asesinatos a líderes sociales, falsos positivos, etc.

La movilización sin precedentes, con muchas identidades, sensibilidades, etc., tuvo tres características muy importantes para proyectar lo que sigue:

En primer lugar, no pretendió ser una movilización “de nadie” y fue una movilización “de todos”. El involucramiento de marcas de movimientos sociales y políticos no fue visto por los manifestantes como “politización negativa”, contaminación o marca de oportunismo. Con el protagonismo de las banderas sindicales, no hubo sectores atemorizados de untarse con otros ni los sin partido, las ciudadanías libres, artistas, intelectuales, etc. se sintieron utilizados.

En segundo lugar, la movilización también trascendió las divisiones entre acción directa y pacifismo. Hubo consenso frente al enemigo común de la estigmatización y el miedo particulares promovidos por el gobierno (hablando del Foro de Sao Paulo). También hubo consenso sobre la necesidad imperativa de hacer, más que una demostración de corrección política, una marcha efectivamente convocante y masiva.

En tercer lugar, no se ajustó exactamente a la dinámica clásica del paro como cese de actividades que corta la circulación del capital, pero tampoco se quedó en la marcha del 21N. Después de las horas marcadas por desmanes y enfrentamientos que siguieron a las de la movilización gigantesca, se difundió y caló la iniciativa del cacerolazo que se constituyó en un llamado de atención para que no se perdiera el foco en el paro ahora ciudadano, y que se no desviara hacia esa hiper-concentración humanitaria naturalizada en el cubrimiento mediático.

Por sus características, no tiene sentido ver el 21N como el plan de un sector particular (como le gustaría al gobierno descubrir), ni como un estallido desordenado de inconformismos que se sale de las manos de quienes tienen unas reivindicaciones claras que ahora hay que resaltar (si sólo habláramos del “paquetazo”), ni como el movimiento de un solo partido o sector político ligado a un líder (como Petro o Robledo), ni como un éxito del movimiento que denuncia violaciones a los derechos humanos e incumplimiento a la paz. Todo eso estuvo está en el 21N, cierto, pero está junto y desbordado como en un sancocho que por ahora sí tiene un sabor concreto:

Se ha roto el modo de gobernar del uribismo, que emergió recogiendo indignación ligada a las imágenes de la violencia y el conflicto mientras los usaba como cortina de una política neoliberal de la que hicieron parte la Ley 100, la reforma laboral de Uribe, sus reformas tributarias regresivas, y una larga lista adicional, y que pretendió continuarse con la figura impostada de Iván Duque y la guerra contra el fantasma castrochavista para imponer el paquetazo de 2019.

Hacia delante, hace falta comprender el acumulado de procesos sociales y políticos que ha producido la activación social que ahora se expande, para responder del único modo posible a la dinámica de “pueblo” que rodea el 21N, sin ninguna clase de sectarismo, y con la audacia para sacar, como el cacerolazo, propuestas inesperadas. 

El gobierno, por el momento, está metido en una trampa que se ha construido a sí mismo, de lealtad de Uribe y de alianza con la internacional de Bolsonaro, Piñera, Moreno, y cía. No es fácil prever por dónde buscará la salida.

 

 

 

 

 

 

El Paro Nacional convocado para el 21 de noviembre es, como han dicho algunos columnistas, un sancocho: se rechaza el “paquetazo” contra los trabajadores en el país, las llamadas reformas laboral y pensional, los asesinatos de niñas y niños en bombardeos contra “disidencias” y su justificación, el regreso de los “falsos positivos”, los asesinatos de líderes y lideres sociales, la actitud del gobierno frente a los asesinatos contra el pueblo indígena en el Cauca, el incumplimiento de los Acuerdos de paz y de acuerdos con estudiantes, con profesores e indígenas, la impostura de Iván Duque sin rumbo definido y el cinismo mediático de quienes le apoyan, entre otras.

Hagámonos entonces una pregunta:

¿Es la población que se moviliza una masa desarticulada que se encontrará en las calles el mismo día o es un pueblo que se mueve en la misma dirección desde lugares diferentes? ¿Son estas muchas causas una sola?

En Colombia se viene produciendo una activación social expansiva. El hecho de que se iniciara un proceso de paz en 2012, con el consecuente reconocimiento del conflicto, de la victimización, de sus causas, de la ciudadanía y sus derechos, enmarcó las movilizaciones agrarias y estudiantiles de 2011-2013. Lo diferente del plebiscito de 2016 no fueron los votos por el NO, cultivados por décadas de propaganda anti-paz, sino los votos por el SI, que luego recibieron el respaldo simbólico de una plaza de Bolívar llena de seres humanos como una reserva ética pidiendo “Acuerdo Ya”. En 2018, de nuevo, lo sorpresivo no fue la victoria del Iván Duque, sino la ruptura del techo de la votación “alternativa” que llegó a 8 millones. En 2019 el movimiento estudiantil empezó el año convirtiéndose en el referente de logros posibles y del método. Más adelante en el año, hubo noticias de renovación en las elecciones locales. En el mismo periodo fueron incontables las formas de acción política colectiva que lideraron precisamente los hoy llamados líderes y lideresas sociales en cada territorio.

Esa activación desborda el voto por la “izquierda”. Tiene que ver con la apertura que supuso y supone «la paz» en sí, aunque no gira toda sobre la agenda del Acuerdo del Colón. Tiene que ver con el reclamo de una visión alternativa de gobierno pero no gira toda sobre la agenda de Colombia Humana o de la Coalición Polo-Verde-CC. Tiene que ver ahora en 2019 con que el gobierno no tiene nada para demostrar como efectiva su política de “miedo para el progreso” y  con el “paquetazo” de la reforma pensional y laboral, pero no gira toda en torno a la agenda sindical.

Vale decir, como el sancocho que es, como el sancocho que somos, la activación social llega al 21N como impulso de una fuerza popular que apunta hacia una misma dirección: la ruta definida de la paz que sí tiene posibilidades de producir progreso por medio de la democratización, lo que supone una política alternativa a la del miedo como coartada de la corrupción, y una economía de crecimiento con distribución y derechos.

En el contexto actual de América Latina, el verdadero efecto contagio no está en la iniciativa de movilización, que lleva expandiéndose hace años, sino en la reacción gubernamental que parte de la articulación entre Piñera, Bolsonaro, Moreno, Duque, Uribe, Pastrana, Quiroga, etc., y su tesis compartida de represión contra toda forma de democratización sustantiva para imponer posteriormente ajustes neoliberales.

Torpemente, el gobierno está respondiendo a un movilización en rechazo al miedo con más miedo. Así, no puede descartarse que se intente fabricar violencia, precisamente para romper con la amalgama popular como condición para luego enfrentar a los sectores sociales entre ellos, como ocurrió exactamente con las estrategias frente al plebiscito 2016 y las presidenciales de 2018. La mejor respuesta a esos intentos, la única, es que esa activación alcance una expansión inédita. Y para eso, hay que salir a la calle.

Así pues, en la calle nos vemos.