La Unión Soviética ya no existe

La Unión Soviética (U.R.S.S) dejó de existir en la navidad de 1991. En Colombia, desafortunadamente, no es María Fernanda Cabal la única que no se enteró nunca de semejante acontecimiento histórico.

Mi hermana, que creía que mi papá se iba para la Unión Soviética cada vez que iba a una reunión de la Unión Patriótica, supo que la U.R.S.S. dejó de existir en la navidad de 1991. En Colombia, desafortunadamente, no es María Fernanda Cabal la única que no se enteró nunca de semejante acontecimiento histórico.

Saber y repetir un dato es una cosa. Enterarse en serio es otra. Digo que mi hermana se enteró porque el cadáver de mi padre comunista se le sumó a la transmisión en vivo y en directo de la caída del Muro de Berlín y de la Guerra del Golfo. A mí en realidad enterarme en serio me ha costado un poco más. También salí zurdo, como me dicen mis amigos más gomelos, “igualito a su papá”. Nací después de mi hermana y necesité estar frente a una tienda de baratijas en Alemania donde vendían medallas de las que coleccionaba mi padre para dimensionar el peso de una caída que ni siquiera los testimonios recopilados por Svetlana Aleksiévich en “El fin del Homo Soviéticus”  me hicieron sentir tan hondo.

Que María Fernanda Cabal haya dicho que la Unión Soviética está en la ONU no es sólo una prueba de ignorancia. Su ligereza, por decir lo menos, es una muestra más de que su acción política y la de su partido Centro Democrático, la que pagamos con nuestros impuestos a un precio más alto que el salario del mejor maestro de ciencias sociales, se funda en los argumentos justificadores de la guerra caliente que vivimos en el país y que seguimos intentando terminar, alimentada siempre por confusiones paranoicas que matan y justifican el matar.

Pero ni su corrección posterior ni su mala fe la salvan del hecho real de su desconocimiento, que no es exclusivo. A millones de estudiantes jóvenes en Colombia se les suprimió la cátedra de historia de los colegios públicos lo que les expone a errores similares difíciles de salvar. No son pocas las personas que repiten como cierta la versión construida por el discurso oportunista de George W. Bush el 25 de diciembre del 91, quien proclamó que la desintegración de la U.R.S.S. fue la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, cuando todos los libros que estudian las razones de ese colapso desmienten esa versión.

Habría que detenerse en lo que estábamos haciendo aquí mientras ocurrían los acontecimientos que dieron nacimiento a la Rusia actual. Mientras Gorbachov renunciaba ante las cámaras de TV, aquí llorábamos el asesinato de tres candidatos presidenciales, nos cuidábamos de salir a los centros comerciales por miedo a las bombas que ordenaban los narcos y los narcoparas,  vivíamos el auge constituyente y escuchábamos a César Gaviria declarar la bienvenida al futuro, entre otras. Políticamente la izquierda colombiana sufría los peores años del genocidio político contra la UP y el Partido Comunista y presenciaba el bombardeo a Casa Verde, con los mismos argumentos que siguen presentando los del Centro Democrático. Ni siquiera para esa izquierda hubo tiempo para enterarse del todo, creo.

Si es importante que nos enteremos ampliamente de que la Unión Soviética se acabó, es porque en la historia de ese fin, aunque estemos hablando del otro lado del mundo, podremos abordar muchas preguntas inconclusas que se vuelven a abrir en tiempos de transición. ¿En qué se funda el miedo a la apertura democrática? ¿En el pasado de las FARC o en su presente, todavía comunista? Si es lo segundo, como propone la Cabal abriendo la caja de pandora por el lado de la madera rota, hay que reconocer que todavía existe una gran deuda de claridad sobre el modelo de país que se propone desde esa emergencia política alternativa, que está llamada a hacer realidad la apertura y en la que no están sólo los ex guerrilleros.

Una historia que también deberían leer Santos y los liberales, porque al final de los días en el poder no hubo nadie más liberal que el Presidente soviético. A él también le dieron el Nobel de Paz, también lo amaron fuera de su país por su valentía para el desarme, pero aún lo odian dentro de sus fronteras por esa contradicción que nadie está dispuesto a perdonar: que la paz no signifique, como gritó Lenin en su tiempo, pan para todo el mundo.

@Antequerajose

7 de julio de 2017

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¡Adiós a las armas! ¿Y ahora qué?

En el escenario de crisis de representación de todos los partidos políticos comienzan a sintetizarse algunas alternativas de cara al futuro del país y el punto de inflexión que serán las próximas elecciones de 2018.

La alternativa del marketing, liderada por Claudia López, postula que con el adiós a las armas lo fundamental es un cambio de eje de los discursos de guerra-paz hacia el eje corrupción-pureza. Su virtud es que ya ha producido como resultado que todo el mundo incluya su bandera en el sentido común de lo políticamente correcto. Su defecto es que se queda en el marketing y que confunde propuestas con slogans que buscan arrancarle votos al uribismo reproduciendo lo que estamos dejando atrás: la macartización contra la izquierda y la legitimación de la política de guerra. Eso genera desconexión con fuerzas sociales que han empezado a rechazar el barro que les cae de vez en cuando por cuenta de su estrategia.

Por otro lado está la alternativa del programa centrado en la cuestión inconclusa de la justicia social liderada por Gustavo Petro, con la que convoca a una unidad donde, dice, su candidatura es secundaria. El suyo es el mejor y más elaborado planteamiento, con una nueva mirada sobre la contradicción post crisis global del 2008, entre las fuerzas de la vida y las fuerzas de la muerte, entre otras cosas muy interesantes. Lo desafortunado es que Petro confunde la tesis de ir más allá de los partidos y del poder constituyente con el desprecio por la fuerza de las organizaciones y partidos constituidos, a favor de una imagen mesiánica frente a la que no se puede ser otra cosa que un apóstol.

También está la alternativa centrada en el sentido de la urgencia, liderada igualmente por Humberto de la Calle, Clara López e Iván Cepeda, por separado. Ellos son conscientes de que las libertades y garantías del Estado Social de Derecho están en peligro, incluyendo el Acuerdo de Paz con las FARC y sus innegables potencialidades, así que convocan en torno a eso con mucha razón y esperanza. Su karma, sin embargo, está en el vínculo no querido con las razones con las que la extrema derecha viene maquillándose frente al país: liberales y la izquierda polista sufren de un desprestigio compartido asociado a todo lo que significa el Presidente Santos.

Las FARC esperan en agosto proponer su discurso de alternativa. La dificultad del momento para ellas y que es urgente atender, es que también tendrán que lidiar con lo que ya viene siendo un obstáculo en el Partido Comunista, la Unión Patriótica y la Marcha Patriótica. La historia de sufrimiento y heroísmo en esas organizaciones es un fundamento transversal de cohesión interna y resistencia. Con todo, es también un elemento que aísla a la ciudadanía desprovista de estrellas y credenciales que cada día se convence más del valor de la horizontalidad y que fácilmente se siente enviada a una situación de subordinación por desconfianza, lo que le pone techo rápidamente a la capacidad de convocatoria haciendo que todas esas organizaciones sean igualmente pequeñas. ¿Qué tan amplia será la propuesta de las FARC para que rompa el techo? Como dijo Diomedez, si supiera te lo diría, pero no lo sé.

Todas las alternativas podrían potenciar lo mejor de sí y terminar construyendo una mayoría que no sólo asegurara el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino que planteara un sentido trascendente del adiós a las armas con un proyecto de largo plazo que incluya una concertación política en el mismo sentido. Con marketing, pero sin pretender quedar bien con todo el mundo; con  programa serio para el siglo XXI que busque la justicia social, pero con el sentido de la urgencia sobre la verdadera importancia del proceso de paz y la amenaza de radicalización de la extrema derecha, se podrían lograr lo que hoy parece tan difícil.

Para no quedarnos esperando, la alternativa de quienes queremos una Colombia mejor es sólo una. Tenemos que exigir de nuevo un Acuerdo Ya ahora frente a los liderazgos que tienen la responsabilidad de concretar la alternativa que realice hasta el final lo que nos prometió la Constitución del 91 y nos volvió a prometer el Acuerdo de Paz.

@Antequerajose

30 de junio de 2017

Digámonos la verdad

El Pepe Mujica que me cae muy bien repite una y mil veces que no podemos vivir supeditando el logro de la paz y la reconciliación al objetivo de la reparación ideal. Y tiene razón. “En el andar hay cosas irreparables, y cosas que nos obligan a caminar con ese peso. Pero a la vida hay que decirle mañana, porvenir”. El asunto es no se puede seguir adelante cuando no se puede comer ni cuando no se puede dormir. Un acuerdo nacional por el futuro de Colombia necesita de esclarecimiento y reconocimiento para que de allí nazcan las consecuencias que el cinismo ha permitido evadir.

En Colombia sí se han dicho muchas verdades con respecto al conflicto armado. El problema es que se ha hecho énfasis en el interés académico investigativo con base en los principios de derechos humanos, afirmando que las verdades en los libros satisfacen por sí mismas el derecho a saber de las víctimas. Los cambios institucionales y culturales que se tienen que producir a partir de vernos ante el espejo han quedado en el último lugar. Por eso también es que exigimos unaComisión de Esclarecimiento de la Verdad cuyo decreto ya está listo y en espera de su revisión por parte de la Corte Constitucional.

Jorge Iván Laverde, quien fuera el comandante de los paramilitares en el Catatumbo conocido como “El Iguano”, lo dijo en una reunión a la que asistí hace una semana. La mencionada Comisión tendrá que decir por qué después de las 2.700 horas de grabación que esta persona dice haber aportado en confesiones, sumadas a las declaraciones de varios otros jefes paras, todavía se sigue diciendo con razón que no se sabe mayor cosa sobre el paramilitarismo en Colombia, y no se han producido suficientes conclusiones sobre los cambios que se tienen que generar para evitar la continuidad y repetición del fenómeno.

Tenemos que preguntarnos también por el resultado del Informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica pasados 4 años de su publicación. Mucha más gente que antes rechaza la guerra por sus impactos dolorosos, y eso es un aporte inmenso del trabajo general del CNMH. Pero hay que decir que el reclamo por una Comisión de Esclarecimiento se debe a los vacíos que dejó ese Informe en materia de verdades y en materia de recomendaciones en términos de cambios, sobre todo. Aquí tienen que investigarse los patrones de violaciones masivas a los derechos humanos y las responsabilidades colectivas, porque no nos basta con descubrir qué pasó en estudios de casos aislados ligados por hilos de interés académico como las modalidades y repertorios de violencia.

Si la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad promete ser un espacio que anime los reconocimientos de responsabilidades sin consecuencias judiciales, tendrá que ser la sociedad la que logre que se produzcan esos reconocimientos que difícilmente se darán por mera voluntad. Para eso se necesita que miles de personas, por lo menos, hagamos una causa común por la verdad y los cambios más allá de las víctimas directas y las organizaciones. Tenemos que hacer de Colombia un laboratorio de la historia exitoso, como también lo dijo el Pepe, incluyendo el experimento que significará la realización de audiencias públicas en los territorios. Esa causa común tiene que incluir la orientación de lo que queremos que pase hacia delante. El primer punto de la agenda es que prevalezca la reconciliación y la convivencia lo que no  podremos hacer si no mandamos al carajo la manipulación y el uso político de nuestra la rabia legítima para que no se convierta en odio ni en complacencia sino en fuerza de transformación.

17 años después desde la creación del Proyecto Colombia Nunca Más, que exigió por primera vez la instalación de una Comisión de la Verdad en Colombia, tenemos otra dimensión sobre las expectativas y sobre nuestra responsabilidad para hacer del esclarecimiento una oportunidad de cambio. Lo bueno es que la tarea gran tarea de la implementación estamos cada vez menos solos.

@Antequerajose

22 de junio de 2017

El amenaza del tal castrochavismo

En este país están pasando cosas muy buenas y pueden pasar cosas mejores, siempre que no se interponga en el camino el miedo que mata los sueños de cualquier persona, y de cualquier pueblo.

La portada de la edición 1832 de la Revista Semana, dedicada al castrochavismo, no es sólo una invitación a leer un contenido tranquilizador donde se defiende la tesis de que precisamente Colombia está lejos de entrar en una situación similar a la de Venezuela, a falta de riqueza petrolera y de un liderazgo como el de Hugo Chávez. Ese es el mensaje para un grupo muy reducido de lectores que abren la revista y llegan hasta el final de los artículos.

Pero para todos los que se quedan mirando la portada en el puesto del supermercado mientras cuentan las monedas faltantes, y para los consumidores de información por la vía de las redes sociales, el mensaje evidentemente intencionado es que sí hay una amenaza. Que hay un peligro de magnitudes diabólicas que debe asociarse a los otros hechos que son noticia en el país:  los avances en el proceso de paz, el acercamiento de las Farc hacia su conversión en partido político y, sobre todo, la serie de inconformidades sociales que se vienen expresando de maneras diferentes, desde las consultas populares contra la minería, el paro en Buenaventura, el paro de Maestros o los procesos de revocatoria del mandato en varias ciudades.

Contrario a lo que muchos piensan, ese mensaje que canaliza los temores del establecimiento colombiano no se debe especial ni exclusivamente a la participación política de las Farc. El temor que tendría que reconocerse, porque es uno de los factores que explican por qué las víctimas del conflicto han sido mayoritariamente civiles y no militares, es el temor a que la gente de las consultas populares, de los paros y las revocatorias, así como los jóvenes que salieron a las calles después del 2 de octubre, o los que traen en la memoria los éxitos de la MANE, decidan meterse en el cuento de una nueva oportunidad de participación política sin el miedo anti-subversivo que se sembró con propaganda y masacres por todo el territorio nacional. En ese sentido, es un miedo a la propia incapacidad del establecimiento para conectar con una realidad a la que hoy sólo saben tratar con ESMAD y promesas. El temor a que el fin de la guerra signifique también el fin de las excusas.

La misma Revista Semana, en su edición 1826, donde dedican una nota a las cuñas de las Farc por Youtube, se refiere a las reivindicaciones de los sectores sociales diciendo que “la única forma de darles una respuesta positiva a todas esas frustraciones ha sido la implantación del socialismo”. ¿Desconocen la Constitución del 91 o están confesando algo?

También sería deseable que las Farc entendieran esta situación de cara al congreso de su nuevo partido y que hagan lo mismo los candidatos presidenciales que levantan la bandera de la paz. El castrochavismo es un cuento ridículo, además, porque las reivindicaciones sociales del país no se circunscriben a las insurgencias armadas, ni a sus programas, ni a una simpatía con ellas, y sólo se realizarán necesariamente por la vía de la construcción de mayorías que rompan el techo de las burbujas de los que se definen como de izquierda, liberales, verdes o independientes, entre otras. Todos los que reclaman que el Estado dialogue con las comunidades y los territorios tienen ahora el deber de emprender el mismo diálogo para reconstruir sus propuestas de cara al siglo XXI. Del centralismo y del paternalismo estamos también cansados. El fin de la guerra también es el fin de las excusas en ese sentido.

Tenemos que convencernos de que si se cumple el plan del Acuerdo de Paz seremos un mejor país. Y eso significa un país con mayor visibilidad para muchos territorios que tienen necesidades no resueltas en contraste con una riqueza que les pasa por las manos pero no se convierte en mejor vida; una visibilidad basada en la dignidad de la exigencia y no tanto en la de la victimización. Una oportunidad de oro que no podemos perder por el miedo a los fantasmas. Ya pasamos por ahí.

@Antequerajose

16 de junio de 2017

 

El principio de neutralidad de internet

La Internet, tal y como la conocemos hoy, está en peligro. Innovación, creatividad, privacidad, intercambio de conocimiento, y una larga lista de cosas maravillosas que han revolucionado nuestras vidas se encuentra bajo amenaza.

Una reciente decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos para cambiar las regulaciones actuales en esta materia también afectaría gravemente el uso que hemos hecho millones de personas en el mundo de la red como herramienta de acción colectiva y que ha sido determinante para el crecimiento de la movilización social en Colombia en los últimos años.

“Principio de neutralidad” es como se denomina hoy a la prohibición que tienen los proveedores de servicios de internet (las compañías a las cuales los usuarios les pagamos para conectarnos a la red) para  tratar de manera diferenciada alguna de las informaciones que circulan.  Esos proveedores no pueden decidir si una compañía como Netflix debe tener mejor velocidad que otra, por ejemplo. Gracias a ese principio hoy podemos hacer las famosas llamadas por Skype que nos conectan a millones con nuestros familiares migrantes en el mundo, a pesar de que alguna vez hubo compañías que quisieron evitar que eso ocurriera para seguir cobrando por la llamada internacional que antes hacíamos desde la papelería del barrio.  En 2015 se definió en Estados Unidos que los servicios de internet, a pesar de ser prestados por empresas privadas, debían ser considerados servicios de utilidad pública como el agua, la electricidad o el gas. Así como una empresa de gas no puede instalarle a uno una tubería podrida porque uno es más pobre, el proveedor de servicio de internet no puede afectar la conexión de nuestras páginas favoritas o bloquear nuestro acceso a páginas excepto por consideraciones muy especiales.

Por supuesto, esta misma regulación tiene consecuencias políticas. El crecimiento de las movilizaciones sociales en el mundo a partir de la llamada Primavera Árabe, el 15-m, Occupy Wall Street, tienen todo que ver con la neutralidad de la Internet. El CINEP ha registrado un crecimiento correlativo de las movilizaciones sociales en Colombia desde 2011, fenómeno en el cual ha sido fundamental el uso que las organizaciones de diferente tipo hemos hecho de la red. ¿Qué sería de esas luchas sin Youtube? No es exagerado decir que la apertura democrática por la que luchamos en Colombia con la bandera de la paz desde hace más de medio siglo depende, en un porcentaje aún no calculado, de la protección de ese principio de neutralidad que ha permitido que la gente vea y exprese lo que se mantiene cerrado en los grandes medios de comunicación.

Ajit Pai, el nuevo director de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos nombrado por el Presidente Trump ha anunciado que quiere cambiar la regulación actual dejando el principio de neutralidad de internet como un asunto voluntario para los proveedores en Estados Unidos y permitiendo que esos mismos proveedores puedan realizar contratos especiales con ciertas compañías que podrían pagar más para bloquear a sus clientes el acceso a páginas o informaciones.

Hay que tener en cuenta que el 70% del tráfico mundial de internet pasa por servidores ubicados en ese país, luego este asunto es un problema global. Por ello, organizaciones como Fight for the Future (https://goo.gl/yin9kz) entre otras,  están convocando a un día de acción masiva el próximo 12 de julio. (https://www.battleforthenet.com/) No sólo es necesario participar de la jornada e informarse sobre cómo funciona esa herramienta a la que le preguntamos todo, sino que hay que asumir con seriedad la agenda de la neutralidad de internet en Colombia y su relación con nuestras luchas políticas y sociales. Sin principio de neutralidad de internet no hay democracia contemporánea, así de simple.

Hay que recordar que hemos tenido intentos nefastos de regulación de la internet en Colombia en contra de los usuarios como las Leyes Lleras 1 y 2. Lleras, si, Vargas Lleras, el candidato presidencial.

@Antequerajose

9 de junio de 2017

 

Respecto para Bojayá

El irrespeto a nombre de la libertad de prensa como se ha presentado frente a los actos de exhumación por lo que se conoce como la masacre de Bojayá, no puede ser la marca que continúe en Colombia ahora que esperamos, entre otras, una Comisión de la Verdad.

Una publicación en el portal Verdad Abierta de la periodista Patricia Nieto ha reabierto un debate siempre necesario con respecto a la relación entre verdad,  memoria y medios de comunicación. https://goo.gl/k6VyQr El irrespeto a nombre de la libertad de prensa como se ha presentado frente a los actos de exhumación por lo que se conoce como la masacre de Bojayá, no puede ser la marca que continúe en Colombia ahora que esperamos, entre otras, una Comisión de la Verdad.

La comunidad de Bojayá decidió impedir el registro periodístico de las actividades de exhumación por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002. Ante esa decisión que significó medidas concretas para que Patricia Nieto y su compañera Natalia Botero no grabaran lo que quisieran ni tomaran fotografías, las periodistas han planteado una violación a sus derechos y al derecho a la información de la población colombiana por parte de un grupo de líderes a quienes acusan de controlar la información “en nombre del dolor”, refiriéndose al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

En sus términos, este Comité se abrogó un derecho que no le correspondía conduciendo a los ciudadanos organizados a censurar y obstaculizar el derecho a la información, queriendo imponer una única narrativa, lo cual califican de anti-democrático. La ONU, cuyos funcionarios apoyaron las decisiones del mismo Comité por los Derechos de las Víctimas, habría actuado cómplice de agresiones. En algún punto la gente tuvo que crear una barrera para impedir que Nieto y Botero tomaran fotografías a pesar de la voluntad reiterada de la comunidad de que no lo hicieran.

Cuando se trata del debate sobre medios de comunicación, memoria y verdad, debemos insistir en un argumento que muchos califican como mamerto. La mercantilización de los medios implica que las noticias son productos, y si eso implica una obligación general de ética y responsabilidad de los medios respecto de una gran cantidad de asuntos noticiosos, existen conclusiones contundentes sobre el grado máximo de respeto que tiene que tenerse con hechos como la llamada masacre de Bojayá y sus consecuencias. En varios lugares del mundo, para mantener viva siempre la tremenda magnitud y dignidad de algunos hechos se les ha nombrado con términos llamados a escapar de un tratamiento banal: holocausto, shoá, y en nuestro contexto, masacre, desafortunadamente incomprendido en sus significados.

Las periodistas Nieto y Botero presentan una hoja de vida sobre su gran experiencia con temas de conflicto armado que contrasta desafortunadamente con lo que parece ser una total falta de conocimiento sobre las dimensiones que encierra un acontecimiento como una exhumación de víctimas incluyendo los riesgos de mella a la dignidad a los que se puede exponer algo así con un cubrimiento de prensa en Colombia. No se trata de acreditar protocolos formales. Muchos medios y periodistas han demostrado que no tienen problema en convertir tragedias en mercancías que se venden, grave, al precio de la paz. La comunidad de Bojayá es sólo otra entre una gran cantidad de víctimas y organizaciones victimizadas que comprendemos esa realidad y lo único que hicieron las periodistas y el Portal Verdad Abierta ha sido darle la razón a nuestras prevenciones. Reglas de cubrimiento hay y se pueden discutir, pero todas parten de una confianza que tienen que construirse como parte de un proceso que hay que comprender a favor de quienes han sido ofendidos históricamente, como las comunidades Afro en general.

“Comprendí que salía de Bellavista con las manos medios vacías” dice Patricia Nieto en su nota de denuncia. También dice defender la libertad de acceso a la información como un elemento esencial de la democracia, al tiempo que rebaja al Comité de Víctimas de Bojayá a la categoría de un grupo de manipuladores, desconociendo el valor democrático de organizarse en sí, y el heroísmo democrático de organizarse y construir liderazgos en una comunidad que estuvo al borde de la destrucción. Su última pregunta en la nota de Verdad Abierta es ¿cómo se configurará el trabajo de la prensa una vez se instale la Comisión de la Verdad en Colombia?

22 de mayo de 2017

El Ministerio de Defensa en el Centro de Memoria

La inclusión del Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica es una amenaza para los esfuerzos de construcción de un relato sobre el conflicto correspondiente con la realidad fáctica, así como para el propósito de consolidación de la garantía de los derechos humanos, la paz y la reconciliación.

El Decreto 502 del 27 de marzo de 2017 incluye ahora al Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del CNMH. El argumento es que, ya que ese Consejo establece los lineamientos estratégicos de la entidad encargada de la construcción de la memoria histórica y de priorizar los proyectos de investigación con ese fin, “se hace necesario incluir al MinDefensa en el mismo “pues la realización del derecho a la verdad de que son titulares las víctimas del conflicto armado, implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas(…)” Es decir que no basta con el que Centro de Memoria Histórica esté presidido por un director elegido directamente por el Presidente de la República y que se encuentre adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, es decir, que sea parte del mismo gobierno, aunque funcione con principios básicos de autonomía e independencia para poder cumplir con su labor creada y determinada en la Ley de Víctimas. No, no basta con una relación permanente y fluida que puede tener el MinDefensa con el CNMH. Tiene que ser la relación especial que implique que el Ministerio también determine las líneas estratégicas y las investigaciones a priorizar de una entidad que tiene recursos públicos incomparablemente más elevados que cualquier ONG u organización de víctimas.

El argumento para esta medida apunta directamente al Artículo 143 de la Ley de Víctimas que dice que “en ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios de pluralidad, participación, solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento”. Ante el llamado de alerta y rechazo que comenzamos a hacer las víctimas por el Decreto 502 nos dirán que tranquilos, que al MinDefensa lo que le interesa es aportar a una mejor comprensión del conflicto. ¿Por qué no meter también en ese Consejo a un delegado de las FARC, uno de las AUC y hasta a un periodista de RCN, ya que el Consejo se va a convertir en un foro de comprensiones mutuas?

La construcción de la memoria en Colombia, que rebasa las investigaciones del CNMH y se enlaza con las estrategias comunicativas para difundir relatos que redundan en la gran versión que conocerán las nuevas generaciones sobre lo que ha sido la historia del conflicto, tiene que cumplir con la condición básica de que no se puede limitar por el hecho de que pueda producir conclusiones que no le gusten al Estado y a la Fuerza Pública. Si el CNMH no tiene autonomía e independencia de instituciones como el Ministerio de Defensa, las víctimas no tenemos por qué aceptar, incluso, la existencia misma de un Centro de Memoria Histórica creado y financiado por el Estado. No es aceptable que se destinen recursos públicos para el funcionamiento de un aparato de historia oficial, con el uso de la legitimidad de las víctimas como argumento.

Ni al gobierno, ni al Ministerio de Defensa ni al CNMH se les debe olvidar que no existen instituciones responsables de satisfacer los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho correlativo al Deber de memoria del Estado, sino a partir de la lucha de las víctimas. Por eso hemos pedido e insistido en que la autonomía y la participación no se queden en el papel. Que autonomía significa fortalecer la presencia de las víctimas en los consejos directivos de entidades como el CNMH, pero también como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, la Casa Museo de Memoria de Medellín, y otros tantos. Y que participación significa también fortalecimiento organizativo para las organizaciones de víctimas con recursos de nuestro Estado y no sólo con los recursos volátiles de otros Estados a través de la Cooperación Internacional. En vez de avanzar en la vía correcta, con el Decreto 502 se ha cometido una afrenta que tiene que ser rechazada ampliamente.

@Antequerajose

17 de abril de 2017