El gran acuerdo por lo fundamental

Tenemos el futuro por delante para hacer lo correcto si no nos quedamos en la ilusión de que el Acuerdo para terminar el conflicto resuelve todos nuestros problemas automáticamente. Tenemos la posibilidad de evitar un camino de errores trágicos a partir de la condición básica de la trascendencia que necesitamos, y que no es otra cosa que un siguiente acuerdo sostenido entre la mayoría de fuerzas políticas y sociales de nuestro país sobre las reformas fundamentales incumplidas a lo largo de nuestra historia.

En Colombia acumulamos tal experiencia propia y del mundo que en 2016 logramos, sin ninguna duda, el mejor y más completo Acuerdo de Paz que se haya podido firmar. Pero con ello no podemos omitir el deber de pensar de manera realista en qué pasaría si a las desilusiones actuales y a la campaña de deslegitimación, le siguiera la mera continuidad del juego electoral como competencia descarnada; como si no hubiéramos tenido el pasado que hemos tenido y como si hubiéramos perdido de la noche la mañana, por ejemplo, nuestra ubicación estratégica en el negocio transnacional del narcotráfico, con toda la sangre que ello implica. Claro que todo se puede hacer trizas.

Del resultado de las elecciones de la primera vuelta presidencial, queda la certeza de que millones de personas votaron sin responder a las maquinarias como se esperaba, asumiendo que el acto de votar por propuestas cobra hoy mayor sentido sin la guerra como telón de fondo determinante. El otro hecho fundamental es que la mayoría de los votantes mandataron, tratándose al fin del problema del Estado, una orientación distinta del mismo. Votando por Humberto de la Calle, por Sergio Fajardo o por Gustavo Petro, votaron por un Estado que no es ese que asumió durante todos estos años el rol de mero árbitro comprado a favor de ciertos intereses y reclamaron en cambio que el Estado sirva para que se garantice la salud, la educación, el medio ambiente sano y el progreso económico a favor de la gente, entre otros. En ningún caso en contra de ese progreso ni en contra de la iniciativa y la propiedad privadas.

El voto que permitió que Gustavo Petro y Ángela Robledo disputen en la segunda vuelta la Presidencia de la República es lo que hoy configura el escenario de oportunidad hacia el futuro. Lo es, entre otras, porque su bandera desde el día siguiente de las primeras elecciones no es la convocatoria retórica a garantizar gobernabilidad. Es, en coherencia con el programa de Colombia Humana, el lugar desde donde se está llamado a un acuerdo sobre lo fundamental que considere nuestros desafíos actuales y los cambios que tienen que materializarse para que la paz sea real y no se quede en promesas y monumentos.

Superar las dificultades que todos conocemos para que el futuro gobierno de Petro sea el momento de realización de ese acuerdo, requiere que muchos liderazgos se comporten a la altura. Desde la sociedad tenemos que comprender la importancia del momento y abrazar ese acuerdo como un acuerdo generacional, como la brecha que nos distinga de generaciones anteriores que no sólo aceptaron tantas veces la victimización y la violencia, sino que dejaron que sus diferencias fueran definidas por otros como irreconciliables.

Jose Antequera Guzmán

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El corazón del Acuerdo de Paz

Hay que celebrar que el debate sobre la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz haya fluido hasta ahora con la aprobación de una buena parte de su articulado en el Congreso de la República. Sin embargo, me parece importante debatir con la posición de quienes plantean, dentro y fuera del Congreso, que la participación política de los dirigentes del nuevo Partido Farc debe estar condicionada a que primero se clarifiquen sus sanciones en la JEP. Sin duda, aún después de la Ley, habrá discusiones en este sentido.

De la naturaleza de la transición se desprenden los criterios de la justicia transicional. El derecho internacional sirve para regular esta realidad, más vieja que las reglas actuales, aunque el olvido haga parecer que la crea. Y la transición colombiana que vivimos es doble: una transición de la guerra a la paz y una transición de la democracia disfuncional a un poquito de apertura democrática, si nos dejan.

Como el cerebro, como los pulmones, las piernas, los brazos, los ojos. El símil podría ser con muchas partes del cuerpo. Así, la Jurisdicción Especial de Paz, como todo el Punto 5 del Acuerdo referido a los derechos de las víctimas, tiene dos partes igualmente importantes originadas en las características de la transición, por lo que su fuente de existencia es independiente, aunque relacionada. Sus partes son la participación política y la justicia. La fuente de la primera es el reconocimiento de los daños que configuran la democracia disfuncional y que frustraron la posibilidad de la participación política de las insurgencias en el pasado, lo que incluye a las Farc. Y la fuente de la segunda, es el reconocimiento del daño que se le hizo a la vida misma y a los proyectos de vida de quienes hoy reconocemos como víctimas, lo que incluye a individuos y a colectivos.

¿Daños a la democracia y a la participación política de la insurgencia? Muchos libros certifican esta realidad histórica innegable, y muchas víctimas también podemos hacerlo, especialmente las víctimas de la Unión Patriótica, que no es un caso emblemático sólo por el especial significado de las cifras a que remite, sino por su carácter ejemplar como experimento fallido para la participación política de la guerrilla de las FARC.

En mi concepto, condicionar la participación política de los dirigentes del Partido Farc a que primero hagan su proceso en la JEP, es sobre todo problemático porque desconoce esa doble condición de nuestra transición y la verdadera dimensión histórica de acontecimientos como el genocidio contra la UP. En ese sentido, creo que es equivocado ver este proceso como si se tratara de la misma realidad que hizo surgir la Ley de Justicia y Paz, sobre la que se debió aplicar con rigurosidad el condicionamiento de los “beneficios” a la presentación ante tribunales. En plata blanca, en el caso de los ‘paras’ los llamados beneficios surgían del reconocimiento de su fuerza, condicionados al proceso de la Ley 975 como un imperativo en función de una pacificación pactada con sectores afines en el gobierno de Uribe y motivada por esa afinidad. En el caso de las FARC, y así tendría que ser en el caso del ELN, la participación política se reconoce en el Acuerdo como un derecho aplazado, entre otras, después del asesinato de miles de militantes del movimiento que se creó alguna vez para que dejaran de ser guerrilla y se convirtieran en partido político.

La posición que critico es compartida por sectores con quienes creo que existen diferencias justificadas sobre la comprensión del conflicto y de la transición y por eso planteo argumentos frente a ella. No obstante, es necesario advertir sobre los errores que se pueden cometer si frente a esta cuestión tan importante se piensa con un interés electoral, como ocurre con quienes han prometido hacer trizas los acuerdos. Si las que dominan son las reglas de ese terreno, la memoria sobre la realidad del conflicto se esfuma y en cambio se impone, pasito a pasito, el mismo criterio que negó durante años la legitimidad de la solución dialogada y negociada.

@Antequerajose

6 de octubre de 2017

Pa’ lante Timo

En medio del terrible contexto político en el que resulta también sacrificado el cumplimiento del Acuerdo de Paz, no he dejado de pensar en Timoleón Jiménez; un hombre que se ha ganado mi respeto y el de miles de jóvenes que hemos creído en la trascendencia histórica de su esfuerzo para nuestra generación.

Digo que el contexto es terrible por lo que ya sabemos. En lo referido a la implementación hay una serie de problemas graves atribuibles a la falta de capacidad o voluntad del Gobierno Nacional que nos mantienen en vilo. Entre otros, el Plan Marco para la sostenibilidad económica, las amnistías, la reincorporación y la seguridad, tienen evidentes retrasos o incumplimientos que demuestran mucha improvisación. También son la constatación, en general, de una lectura mezquina de parte de un conjunto de instituciones que prefieren sacar el pecho mediocre sólo por el desarme de las FARC y no asumir la verdadera tarea de enorgullecernos por cumplir la promesa de que la paz son reformas para que ésta sea estable y duradera.

Pero también asistimos a un momento crítico en la configuración de posibles soluciones. El fin de la Unidad Nacional, la ofensiva de Vargas Lleras y la oposición ciega del Centro Democrático, son igualmente la expresión del alistamiento de un populismo de derechas que está dispuesto a consolidar el nuevo “nosotros decimos NO”, sobre la base del resentimiento y el miedo, por un lado, y la corrupción como forma normal de gestión de los recursos del Estado, por el otro. Quienes pueden plantear una coalición siguen más preocupados por su prestigio personal, la mayoría de ellos casi que reservando su carrera futura por si acaso pierden, que dispuestos a jugársela toda por ganar. Sus diferencias son reales, a mi modo de ver, disputándose dos versiones muy distintas del progresismo contemporáneo, entre el que convive con el neoliberalismo responsable de la rabia de la que está alimentándose la derecha y el que se propone reformas económicas serias. Pero es posible alcanzar acuerdos si se pone el peso en la necesidad histórica de consolidar una transición sobre un programa claro y en cambio se liberan un poco de la dictadura del marketing.

En esta maraña pienso en Timo, como ya le llaman muchos de los jóvenes que le escucharon con atención en la Plaza de Bolívar. Pienso en lo difícil que debe estar siendo en este momento mantener el optimismo de la voluntad a pesar de tanto incumplimiento y resultar además en el centro de muchos señalamientos inevitables por un propósito que, siempre lo hemos sabido, depende de muchos sectores más allá de la ex guerrilla. Pienso en él y en la historia de muchos comandantes insurgentes y dirigentes políticos que han tenido que asumir un gran costo por defender proyectos de ofensiva política sorteando los reproches que les llegan desde trincheras de incertidumbre temerosas del riesgo, y más, los que también se producen desde el oportunismo de quienes anuncian el fracaso esperando que su profecía se cumpla para ganar, al menos, la posición de profetas.

A mi modo de ver, si hay una persona que está demostrando grandeza en este momento es Timoleón Jiménez. Y al decir esto no pretendo promocionarlo en la lógica del personalismo como la línea correcta, que fue lo que hizo el columnista Iván Gallo con Jesús Santrich en un artículo de Las 2Orillas, como escogiendo su personaje favorito de una serie infantil. En el papel de este personaje reposa hoy un reto que, creo, necesita una mirada desde la sociedad de respaldo, que no tiene por qué traducirse en simpatía militante pero que sí debe concretarse en apoyo ciudadano. Un desafío que no es la demostración fatua de radicalidad, sino el sostenimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 como hoja de ruta para un país mejor.

@Antequerajose

14 de septiembre de 2017

Medios, polarización política y boxeo

Los medios de comunicación con los más altos índices de audiencia, televidentes y lectores, plantean esta semana el problema de la polarización política como la cuestión crítica del momento. Lo primero que tendrían que hacer es reconocer su papel y responsabilidad en el problema que les alarma.

Porque la polarización no sólo implica la orientación de posiciones en direcciones contrarias al punto de la difícil reconciliación. También significa la reducción de esas posiciones en supuestos binarios, y sobre todo, la concentración de la atención en los mismos y en la contradicción entre ellos. Los medios cumplen un rol tan importante en esa cadena que no se puede hablar hoy en el mundo de polarización sino como un fenómeno mediático, aunque exista y se exprese de muchos modos a nivel social.

El papel de algunos medios se ilustra bien con el modelo de atracción pugilístico que tienen varios programas de debate político. Aunque el boxeo ya no sea un deporte tan popular como antes, uno puede asistir a la recreación de varias peleas por radio y TV en un solo día. Por la mañana se podía escuchar hasta hace poco la campana del primer combate, literalmente, en el programa que conduce Hassan Nassar. Al medio día transmiten “El cuadrilátero W” con Vicky Dávila, donde también suena la campana de un ring de boxeo y donde incluso se puede ver la pantalla de la transmisión por Internet dividida en cuatro con un locutor apurado en cada una de ellas, como en las mejores contiendas por los campeonatos mundiales. Y por la noche, si uno quiere más, el mismo escenario con su correspondiente campana vuelve de nuevo en “Partida W”.

La preocupación sobre la polarización sin reconocimiento del papel y la responsabilidad de los medios implica una incoherencia denunciando el mismo problema del que se participa. Además, se enfoca en una polarización muchas veces ficticia que se desarrolla en escenarios donde importa el binarismo en sí porque sube el rating y no los verdaderos conflictos. Ello permite que se acepte sin mayores reproches la disonancia cognitiva con la que actúan ciertos personajes. Iván Duque, por ejemplo, hablaba en un último foro con candidatos presidenciales sobre polarización llamando a concentrarnos en el presente, al tiempo que se concentraba en el pasado de sus adversarios, para evadir el pasado de sus amigos, del mismo modo y en el sentido contrario. Vicky Dávila que hacía de árbitro más que de moderadora, obviamente no le podía decir nada porque de eso se trataba el deporte.

Según el discurso recurrente, la polarización vendría siendo algo así como una pandemia de la que son culpables exclusivamente los líderes políticos, y que significa que estamos divididos entre santistas y uribistas, izquierda y derecha, los del sí y los del no, y entre los que dicen que Venezuela es una dictadura y el resto. Gracias a la acción valiente de muchos parlamentarios hay también hoy una diferenciación importante entre los corruptos y los que no lo son, pero falta mucho para que los conflictos sociales silenciados por tanto tiempo tengan el lugar que les corresponde en lo que llaman esfera pública. Tales conflictos terminan reducidos al esquema promovido por el uribismo entre legalidad Vs ilegalidad y duran tanto en la agenda mediática como las películas colombianas independientes en la cartelera de Cine Colombia. Y aún ahí, en el segundo grado de importancia que les confieren, se les trata como problemas de polarización natural, como “refriegas”, “encontrones”, “rifirrafes”, sin que puedan posicionarse como preocupaciones generales. Sepultados bajo esa indiferencia inmoral están los muertos en Segovia y Remedios por la acción del ESMAD.

El conflicto no es contrario a la democracia, es su esencia. Hay democracia porque hay conflicto y para solucionar el conflicto. Consolidar esa oportunidad histórica requiere de muchos esfuerzos que también llaman a una responsabilidad de los medios en sus métodos y en sus concepciones. Acuérdense de Chéjov que decía que si pones una pistola en el escenario desde la primera escena, alguien tendrá que terminar disparando.

@Antequerajose

24 de agosto de 2017

El experimento FARC

La noticia que circula acerca de que las FARC-EP conservarán el mismo acrónimo como partido legal se convierte en una de las cuestiones más interesantes de la política colombiana de este año.

Comienzo contándoles sobre un ejercicio que hice en mi burbuja de Facebook, donde hay personas de todo tipo, desde viejos y nuevos militantes de las izquierdas hasta algunos publicistas. Sabiendo que no tiene ninguna rigurosidad estadística pregunté sobre éste tema y el resultado fue el siguiente: de 132 comentarios en total, 104 estuvieron claramente en desacuerdo con la conservación del acrónimo, 19 estuvieron de acuerdo, y 9 tuvieron opiniones intermedias referidas sobre todo al programa detrás del nombre.

Aunque fueran menos las personas que expresaron estar de acuerdo, me llamaron mucho la atención sus argumentos por contundentes. En síntesis, con una lógica de real politik, priorizan la autonomía de la ex-insurgencia y el imperativo de la cohesión interna de sus integrantes en este período de transición, afirmando que resulta más fácil resignificar la connotación negativa del acrónimo con base en una buena acción política que posicionar uno nuevo. Por su parte, y con no menos razón, quienes dijeron estar en desacuerdo enfatizaron una perspectiva de political marketing, con una preocupación por la carga simbólica de la sigla FARC-EP relacionada con la guerra, afirmando que el hecho de no cambiarla sería una muestra de anclaje en el pasado.

A mi modo de ver, dando por cierta la hipótesis, creo que la decisión de que el nuevo partido se llame FARC-EP tendría mucho sentido, aunque implica un experimento riesgoso. Cualquiera prevería que llamarse de ese modo haría llover reproches. Hacerlo significa apostar a mediano plazo por el posicionamiento de una reputación a partir de la política de cumplir con lo que se dice con la mayor coherencia, aún cuando nadie más cumpla, como ya viene ocurriendo durante la implementación de los Acuerdos de Paz y que ha producido importantes resultados. Esa apuesta no rechaza el marketing, como hemos visto a través de videos creativos enfocados en problemas económicos y sociales más que en candidaturas, pero quiere pasar al otro lado del río, al lugar de la legitimidad plena, con el equipaje completo, haciendo de ello un ejercicio de construcción de mensaje frente a un pueblo que puede no entender muy bien sobre las opciones políticas en disputa, pero que lo que sí sabe es que la mayoría de las veces nadie cumple.

Vienen dos períodos en el Congreso sin depender de los votos ni del marketing para plantear una alternativa coherente en medio de una crisis de representatividad de la que no se salva nadie. Y desde cierta visión de la política podría argumentarse que la connotación negativa del acrónimo no redunda sólo en pérdidas, porque para ser gobierno se necesita también ser temido, como enseñaba Maquiavelo. Pero éste experimento también puede salir muy mal. Implica hacer de esos dos períodos consecutivos en el Congreso una prueba durísima en condiciones que son muy distintas a las que posibilitaba el conflicto armado, y se le entrega desde ya una herramienta afilada a quienes quieren hacer del proceso de justicia transicional una etapa de señalamiento permanente. En lo inmediato, afectaría las elecciones de 2018 que son determinantes para la continuidad de los Acuerdos. Se afecta la posibilidad de coaliciones con candidatos que sí dependen de los votos que logren, y que no querrán asociarse con una marca que hoy está desprestigiada. Y más allá, se le da un golpe a la estrategia misma, porque la promesa de una política de cumplimiento existe por fuera de lo conocido, es decir, necesita también de la expectativa de novedad.

No es fácil tener una opinión definitiva sobre este tema y a mí no me corresponde tenerla. Sin embargo, creo que es fundamental que se entienda que FARC-EP no es sólo el nombre de una organización, sino un significante más amplio cuyo devenir afecta al conjunto de las posibilidades de cambio en Colombia.

@Antequerajose

17 de agosto de 2017

Democracia real

Nelson Mandela explicaba muy bien su posición acerca de la relación entre la lucha por la paz y la lucha por la democracia en su declaración ante el juicio de Rivonia en 1964, antes de terminar pasando 27 años en la cárcel.

Mandela, generalmente homenajeado por personas de todos los sectores políticos, aunque seguro compañero de García Márquez en el infierno de María Fernanda Cabal, planteó en su momento una visión que resulta relevante en nuestros días: negando que fuera comunista pero reconociendo la influencia que las ideas marxistas habían ejercido en él, se calificaba a así mismo como un patriota. Según lo decía en su discurso, la lucha por los principios democráticos debía ser no sólo el principio de un programa, sino un fin en sí mismo y en función de la bandera de la reconciliación nacional.

Sin embargo, el significado de la democracia en este planteamiento no se reducía al hecho de las elecciones, sin negar su carácter insoslayable. En el documento más importante del Congreso Nacional Africano (ANC por sus siglas en inglés) conocido como el Estatuto de la Libertad, se hablaba de redistribución de la tierra y de otros asuntos obligatorios para la redistribución de la base del poder político, que es lo que le da valor en el fondo a la participación electoral.

Eso  mismo defendió Martin Luther King en un famoso discurso un año antes de su asesinato. La lucha por los derechos civiles y la lucha contra la guerra resultan inseparables en la medida en que la energía y el dinero que se van en los esfuerzos bélicos deberían ser en cambio invertidos en lo que Luther King llamaba “rehabilitación de los pobres”.

Con toda la supuesta tradición democrática colombiana, cuestionable por las cifras y la realidad del conflicto que estamos intentando terminar para siempre, no es fácil encontrar reconocimientos suficientes a quienes han luchado por la democracia real. Éste concepto supone tanto la defensa de principios como la alternancia del gobierno como la distribución equitativa del poder político en la base a partir de la garantía de los derechos sociales. No obstante, es eso lo que se lee también en documentos como el primer programa de la Unión Patriótica o en los discursos más recientes de Carlos Gaviria, al que criticaron mucho en su momento porque se atrevió a decir que en Colombia no había democracia refiriéndose en esa realidad que tiene que ir más allá de las formalidades en las que se concentran algunos a quienes sólo parecen preocuparles el orden y las buenas costumbres.

En la medida en que avanza el post-acuerdo va quedando claro el carácter fundamental de la disputa por la noción de democracia en nuestro país. La respuesta frente a ese vacío de mentiras de las élites tradicionales que encarnan con descaro los nombres ficticios de Cambio Radical y del Centro Democrático, tiene que ser la democracia real como la causa común para una convergencia. Eso significa que el Acuerdo de Paz que no se quede en la visión mediocre del desarme a cambio de la conversión de las FARC-EP en partido político. Lo que no nos sirve es que se termine tratando a ese Acuerdo histórico como se le trató al Estatuto de la Libertad en Sudáfrica, hermosamente expuesto en un memorial pero irrealizado en su perspectiva económica y social. En el fracaso sobre esa lucha posterior a los acuerdos de paz en Centroamérica y no en la supuesta impunidad, como han defendido muchos ingenuos, se encuentra la razón principal de grandes escaladas de nuevas violencias.

Para el presupuesto de 2018 el gobierno propone reducir las partidas para inclusión social, ciencia, tecnología, deporte y recreación, pero en cambio aumentar la del sector defensa, contra la promesa de que la paz permite mayor inversión social por el relajamiento de la presión militar.

A la hora de hablar de reconciliación deberíamos siempre recordar las reflexiones del Arzobispo Desmond Tutu, presidente de una Comisión de la Verdad como la que estamos cerca de crear en Colombia: “¿de qué sirve haber hecho esta transición si no aumenta y mejora la calidad de vida de las personas? Si no se consigue esto, el derecho al voto es inútil”.

@Antequerajose

11 de agosto de 2017

Pronto: La Comisión de la Verdad

Abierto el proceso de escogencia de los y las integrantes de la futura Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, hay que volver a señalar algunos de los retos al respecto que deberían ser ampliamente discutidos.

Una selección con legitimidad

Más que un listado de individuos, la Comisión debe concebirse como una selección. El movimiento social está a tiempo de proponer y posicionar un equipo completo de comisionados y comisionadas con cualidades y capacidades diversas, que ha de trabajar por una causa común. La tarea es muy difícil, por supuesto. Mientras tanto, si hay que pensar en un capitán desde ahora, quien se convertirá también en un promotor excepcional de la reconciliación y la convivencia, mi opinión personal es que ese capitán debe ser el Padre Francisco de Roux.

El mandato no se puede cambiar

El mandato de la Comisión no es elaborar investigaciones como las que ya ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es la hora de esclarecer, aprovechando el camino avanzado, las políticas, planes, estrategias y decisiones gruesas que han hecho que el conflicto armado ocasionara un número mucho mayor de víctimas civiles que de militares y combatientes, y produjera un impacto especialmente focalizado sobre los procesos organizativos de diferente tipo.

Hay que decir desde ya que ese mandato no puede ser modificado por la voluntad de la Comisión invocando su autonomía o la legitimidad de sus integrantes, como ha ocurrido con experiencias pasadas. Cambiar el mandato de la Comisión, aún con argumentos supuestamente a favor de las víctimas, sería hacer trizas un órgano vital del Acuerdo de Paz.

Un pacto entre excombatientes por los archivos

Un tema sensible desde siempre ha sido el de los archivos. Muchos investigadores, incluyendo a quienes hoy hacen parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, han afirmado que no se puede hablar de responsabilidades del Estado y de las élites que han gobernado este país a profundidad porque hay vacíos de información emanados de las dificultades de acceso a los archivos oficiales. Por su parte, el movimiento social de víctimas ha expresado, desde el principio de su actividad, la demanda de la desclasificación de los archivos.

Sobre este campo hay dos problemas: ya se han ejecutado acciones para borrar archivos oficiales como en el caso del DAS y nadie asegura que, logrando la desclasificación, encontremos registros contundentes que conduzcan a esclarecer responsabilidades individuales o colectivas. Sin desfallecer en la exigencia, hay que ver la ventana de oportunidad que significa la reunión especialmente dedicada al tema de la verdad que tuvieron los comandantes de las FARC y de los grupos paramilitares desmovilizados. La información privilegiada que éstos pueden haber acumulado es hoy más esperanzadora que la voluntad del gobierno en esta materia.

Movilización social para el reconocimiento de responsabilidades

Por último, sobre el reconocimiento de responsabilidades que debe promover la Comisión, debemos tener muy claro que éste reconocimiento no se va a lograr sin el acompañamiento y la presión de la sociedad. En ese sentido, tenemos que proponernos una movilización de amplios sectores, más allá de las organizaciones de víctimas, lo que significa la tarea difícil de posicionar en el sentido común la idea de que La Comisión y sus resultados no son sólo una respuesta para quienes han sufrido directamente las violaciones a los derechos humanos. La verdad es un camino necesario para reformas institucionales y consecuencias políticas que se traducen en democracia real.

@Antequerajose

28 de julio de 2017