Hay que decirlo muchas veces y de todas las maneras posibles. Petro se debe quedar y el Procurador, en cambio, se tiene que ir.

Ordoñez, que tiene la facultad de “desvincular del cargo al funcionario público que incurra en violación de la ley o la Constitución”, decidió destituir e inhabilitar al Alcalde por 15 años, con el argumento de que generó un caos en la ciudad durante tres días, que debía ser atendido por la Procuraduría. Y le atribuye el caos a que le entregó el servicio de aseo a empresas “sin experiencia”, que violó “el principio constitucional de la libre competencia” y que lo que hizo fue más grave porque, además, buscó solucionar la situación autorizando que volquetas recogieran las basuras.

Lo que se dice a todas voces como respuesta es obvio y es cierto, aunque se quiera generar confusión. Primero, la facultad del Procurador es excesiva, ilógica y contradictoria con los tratados internacionales de derechos humanos y los principios constitucionales mismos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que respetarse en Colombia, dice que no se le pueden quitar los derechos políticos a una persona por vía de sanción (administrativamente), sin previa decisión de un juez penal. Eso es así porque los cargos como el del Procurador, por más autónomos que se proclamen a favor de los intereses populares, tienen un alto contenido político. No se puede permitir que un funcionario elegido por el Congreso (de acuerdo con los cálculos más favorables según la correlación de fuerzas), pueda destituir a una persona elegida popularmente sin que, por lo menos,  primero lo condene un juez penal que no tiene el mismo carácter porque no es elegido de la misma manera. Más allá, contra la imaginación caótica del Procurador, lo que ha hecho el Alcalde es desprivatizar un servicio público, de acuerdo con el modelo de ciudad que prometió, enfrentándose al negocio descarado de los que, teniéndolo casi todo,  quieren quedarse hasta con las basuras.

Es por eso que se está haciendo un llamado de respeto a la democracia a partir de esta decisión, como primera medida, independientemente de las simpatías con Petro. Pero además, si se le sitúa en el contexto específico, es claro que el Procurador Ordoñez representa a un sector político que quiere ejercer descaradamente la tergiversación del poder en contra de las garantías diferenciadas y derechos que corresponden a los individuos y a los sectores sociales y políticos en Colombia, por lo que su recorrido debería ser juzgado y condenado.

En lo concreto, Ordoñez ha proferido una decisión calculada como un ataque contra la democracia y ha querido avalarla con el discurso de la democracia misma, apelando al principio constitucional de la libre competencia, y al supuesto interés ciudadano representado en quienes se quejaron por el cambio del modelo de basuras en la ciudad. En ese sentido, se ha comportado del mismo modo que el Bush que invadió Irak en nombre de la libertad para destruirlo y saquearlo. Y se ha comportado igual, ya lo hemos dicho mil veces, que todos los que justificaron y apoyaron el genocidio contra la oposición de izquierda en Colombia. También tergiversando los principios que alega el Procurador, se impartieron las clases de José Miguel Narváez sobre “por qué es lícito matar comunistas en Colombia”.

La situación que se ha generado con el intento de destitución de Petro genera una indignación general, que tiene que manifestarse ahora con toda la contundencia posible. Los argumentos de Ordoñez se traducen en un mensaje claro: deberíamos considerar ilegal e inconstitucional la desprivatización de un servicio público. Y como esa es una bandera de la izquierda colombiana que tiene que alcanzar su legitimación en un nuevo acuerdo democrático que surja también del proceso de la Habana, deberíamos resignarnos de una vez al imposible de esos acuerdos y de la apertura que implican. Si sumamos los argumentos en otros casos,  y las decisiones que ha tomado frente a verdaderos criminales a los que ha absuelto, lo que ha querido hacer el señor Ordoñez es inscribir su candidatura como punta de lanza de una ofensiva contra la paz y la democracia, sin ninguna duda. Y como es obvio, no lo ha hecho sólo, sino a partir de componendas con el uribismo para que le respalden “despolitizando” su decisión, poniéndonos un mequetrefe de bolsillo, de nuevo, en contra de la decisión que tomó la ciudad, y que sólo se sustentaría con el verdadero caos del que esperan que gane el miedo.

Por todo esto, tenemos que estar en las calles construyendo la democracia y la paz y lo tenemos que hacer todos y todas.

En la calle nos vemos. Yo llevo mi tambor.