Primero fue la palabra.

Proferido el comunicado del Estado Mayor Central de las Farc-Ep, publicado en la página de ANNCOL  http://anncolprov.blogspot.com/2012/05/el-secretariado-de-las-farc-ep-ahora.html?spref=tw, queda claro cuál es la posición que se ha ordenado frente al caso del periodista francés  Romeo Langlois. Por lo menos allí, no se ve al Roméo que conocemos, así que nos toca insistir en su carácter.

De acuerdo con el mencionado comunicado, la cosa es simple: Romeo iba con los militares y con prendas militares, de manera que existe toda la justificación para tratarle como a un militar capturado, es decir, como a un “prisionero de guerra”. Eso significa el derecho para mantener dicha retención hasta que se cumpla alguna condición.

La premisa sobre el carácter de Roméo es el primer punto. Se trata necesariamente de un periodista funcional al proyecto de guerra porque si no, no lo admitirían en un helicóptero militar: “Los periodistas que las fuerzas armadas colombianas llevan consigo en sus operaciones militares, no cumplen el propósito imparcial de informar sobre la realidad, sino el de manipular, ésta para que sirva al proyecto de guerra contra el pueblo colombiano”.

Al respecto  hay una clara y grave equivocación. Como ya lo vienen diciendo los muchos colegas que le conocen, y otros tantos líderes de diferente tipo con quienes se ha relacionado, Romeo es un periodista independiente y arriesgado, cuyo trabajo se acredita por sí solo. Y su presencia  con las fuerzas militares no demuestra su funcionalidad a los objetivos del Estado. Muy al contrario, y esto no es retórico, lo que demuestra es una alta capacidad de gestión y un alto grado de riesgo, para poder ir al terreno de los combates e informar.

De su trabajo no ha salido antes y no saldría en este caso tampoco, un producto manipulado. Como en varios trabajos que le hemos visto, lo que saldría seguramente es lo absurdo de la realidad sin maquillaje, que basta con que sea vista para que se demuestren las relaciones que la sustentan. Y eso habla por sí solo. Esa es la función de los periodistas extranjeros que cubren el conflicto, mostrando con entrevistas las afirmaciones que aquí justificamos o asumimos como normales, pero en otros países producen escozor. ¿Por qué será?

Como segundo elemento del comunicado, nos queda la primera condición anunciada para la liberación de Roméo: “Romeo Langlois vestía prendas militares del Ejército regular en medio de un combate. Creemos que lo mínimo que puede esperarse para la recuperación de su plena movilidad es la apertura de un amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de informar”.

Sobre eso también hay un error. El caso de Roméo Langlois ya ha inaugurado un debate nacional e internacional. Pero bajo el régimen actual de los mass media ese debate seguirá siendo, ahí sí, funcional a la guerra, y su variación hacia una reflexión real sobre la libertad de información no será lograda manteniendo el cautiverio de Roméo, por el simple hecho de que esa situación es anti-reflexiva; eleva todas las sensibilidades y no deja lugar para desarrollar el debate pendiente.

Cada segundo de demora en la liberación de Roméo Langlois es un segundo perdido para todos. Para los periodistas, para la libertad de expresión y para clima favorable a la solución política. El riesgo que significa prolongar este momento sólo es favorable para los enemigos de la paz.

José Antequera Guzmán

Más allá del coro policivo sobre la Marcha Patriótica, es necesario comprender y abrir los debates que provoca esta iniciativa; allí el compromiso con la democracia  y la solución política del conflicto,  independientemente de la pertenencia.   Entre todos, me parecen particularmente importantes los siguientes:

1. La cuestión de la solución política como tema central de la agenda.

Este tema ha sido asumido por los analistas como el principal, pero en realidad es mucho lo que falta por definirse al respecto. La Marcha, al igual que el Polo  y que toda la izquierda, tiene una perspectiva de comprensión del conflicto donde brillan las causas estructurales del mismo. Sin embargo, lo nuevo es que estén confluyendo organizaciones que han venido incluyendo temas y perspectivas de reivindicación desde su auto comprensión como víctimas, de acuerdo con las dinámicas que han elevado la legitimidad de esa condición. Ello implica que desde muchos sectores de la Marcha se empuje una mayor sensibilidad frente a la urgencia de la paz y las garantías para que su ejercicio de participación no se convierta en una papaya para el exterminio. No obstante, también confluye en el nuevo movimiento una nueva generación que ha cargado la frustración del aislamiento de Colombia frente al resto de América Latina en el avance de la izquierda con el conflicto como excusa para todas las represiones,  y que más que solución política, empuja por un programa radical donde las cuestiones humanitarias pierden prioridad frente a la vocación de poder desde la acumulación de fuerzas en el ámbito popular (sin querer decir que sean incompatibles).

En el entretanto de esa resolución en el movimiento naciente, lo único claro es que no se ha visto ni una sola fuerza que considere deseable o empuje efectivamente a la continuidad de la guerra.

2. El tema de la democracia.

Y es que si bien el lema de la Marcha es “Por la segunda y definitiva Independencia”, no deja de ser el tema al que más tinta se le ha gastado a los diferentes documentos que hemos podido conocer. El asunto tiene que ver en gran medida con las diferencias con el Polo y con otros sectores políticos de izquierda,  así como  con la intensión de conformar un “bloque hegemónico de poder”.

Asumiendo que en la izquierda está superada la discusión sobre la necesidad de trascender la democracia representativa de mercado, el debate sobre la democracia cuestiona concretamente  la noción-herencia de la Constitución del 91- de la democracia centrada en la perspectiva de derechos. En la Marcha, si no estamos entendiendo mal, se avanza en una definición de democracia donde lo central es el sistema como tal, el modelo de país y de sociedad.

Así mismo, el bloque hegemónico actual implica un consenso implícito a nivel nacional acerca de que el principal escollo a superar en la búsqueda de la paz es el de la justicia (los derechos de las víctimas). De tal suerte, la Marcha tendría que ubicarse en ese debate, y ello significa  la apertura al debate público sobre las limitaciones democráticas del país como verdadero obstáculo  de la paz, y su superación como escenario mismo de justicia.

En ese sentido, se puede esperar que la Marcha discuta mucho sobre la noción de democracia, ya que allí estaría el planteamiento que le dé un viraje a la propuesta “hegemónica”, que sea al mismo tiempo elemento  diferenciador  del Polo, y  eje de una propuesta seria de solución política del conflicto.

Vale decir, las resoluciones al respecto son de lo más difícil de lograr. Lo que también se ve en lo que hemos podido conocer es que hay quienes pujan por una crítica a todo lo que se ha avanzado al respecto, incluso a la democracia participativa, sin tener idea de cómo se resuelven problemas que muchas veces son de carácter logístico y que atraviesan a los propios escenarios de la izquierda.

3. El parecido con  la Unión Patriótica.

Eso es lo que dice todo el mundo: Que Marcha Patriótica suena a Unión Patriótica. Pero la verdad es que hay diferencias y similitudes que es importante comprender. La Marcha está conformada por muchas organizaciones y sectores sobrevivientes, que apostaron a la Unión Patriótica en su momento, así como por muchos jóvenes que piensan que de haber tenido capacidad política en los ochentas le habrían dado la vida a ese proyecto. Y es que es claro que la Marcha representa el mismo fenómeno histórico de la Unión Patriótica, esto es, el de la confluencia de organizaciones y sectores sociales a los que se les ha excluido en los diferentes pactos de conformación del país, e incluso se les ha pretendido exterminar,  por ubicarse en el lugar de mayor contradicción con el modelo de desarrollo  que aún no termina de cuajar. Por ello, más que por una simple cuestión de voluntad, la Marcha se parece a la UP, y tendrá que desenvolverse con muchas dinámicas comunes, sobre todo, la de tener que elevar la demanda permanente por la garantía para su participación política y la solución política al conflicto. No obstante, también es cierto que la Marcha surge en un momento diferente del mundo y del país, y que sus dirigentes, muchos distintos,  se presentan con una experiencia donde ya cuenta una valoración crítica de la historia de la izquierda, así como una menor ingenuidad (eso esperamos). Ahí está la prueba para la “memoria” de esta iniciativa: Hay que asumir el reto del presente sin cargar con estigmas y errores del pasado, pero también conviene aprender de la experiencia y no perder el tiempo recorriendo caminos transitados hacia fallas insalvables.

La Marcha Patriótica está en boca de muchos que la miran con recelo. Sin embargo, más allá, debería representar una apertura a debates importantes, que no se pueden considerar arrastrados por las experiencias que han hecho crisis en la izquierda. Lo que no se puede negar es que se tienen que tener los ojos muy empañados de guerra para no considerar al pueblo que aguantó tantas dificultades para venirse hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, y afirmar su lugar en el tiempo y el espacio de esto que llamamos Colombia.

Nuestros muertos no son cifras. Tampoco son sólo nombres, o fotografías de carné. Nuestros muertos son la encarnación de valores, relaciones, anhelos, posibilidades truncadas  o legadas, según lo que podamos hacer nosotros, al fin y al cabo.

La memoria del poder es como la de una máquina. Digo, del poder de la oligarquía mandada o mandante del poder del capital transnacional, mandado o mandante de los medios de comunicación, mandados o mandantes del vaciamento cultural del neoliberalismo.  Responde al sistema de comparar un dato registrado entre la larga lista de la población, con el código que autoriza o niega la posibilidad de su anulación. El dato está sometido a la lógica del racismo de Estado. Se dice comunista, terrorista, joven, estudiante, mujer, negro, etc., para decir “tu vida me importa un huevo”. Despojada, amilanada, inocente, inofensiva, esa vida se hace aceptable para el tratamiento destinado a la “víctima”.

El poder, así mencionado, confunde la memoria con la ideología humanitarista. Muestra la muerte y el dolor incesantemente con fines concretos. Se dedican largas horas y recursos a que nos enteremos de lo que pasa en el mundo, entendido como las tragedias que ocurren en el mundo desarticuladas de sus causas estructurales.  Existen museos, exposiciones fotográficas, expresiones de todo tipo dedicadas a mostrarnos el sufrimiento humano. Y con cada muestra de sufrimiento pretende justificarse luego una nueva guerra, la necesidad urgente del estado de cosas actuales donde el Estado es el único que autorizado a ejercer la fuerza o la violencia, sobre la base de nuestra pérdida de orientación.  Seguridad Democrática, lucha antiterrorista, ambas parten de una “memoria” de las víctimas como un valor en sí mismo, de las cuales siempre son responsables todas las irracionalidades humanas que dejan sólo un reguero de escombros donde no es posible identificar  motivos, ni consecuencias; donde no se puede hacer nada más que resignarse.

Así, el poder como hegemonía, como  autorización aceptable de la dominación, propone a la “memoria” como una necesidad absurda: “recordar para no repetir”, es una consigna plana que elimina el problema que tenemos en frente: transformar.

La memoria de los pueblos, en cambio, es memoria porque subyace como resistencia a la ideología del poder, así como lo hemos dicho. Y digo de los pueblos trabajadores, indígenas, estudiantes, campesinos, luchadores, defensores, intelectuales, etc.,  que llenan de sentido la vida con la historia, las ciencias, el canto y la poesía, sin determinar su creatividad y conocimiento como una fábrica en venta. La memoria de los pueblos siente cada muerte como lo que es: sustento que abandona, relación entorpecida, resistencia amenazada. Y todo esto porque le importa la vida humana, que es la vida cualificada, política, creativa, posible, que importa cuando está viva porque está viva y por lo que hace para los pueblos viva, y no sólo cuando está al borde de la muerte, cercana a convertirse en pieza de exhibición para la contemplación.

Desde ese punto de vista es muy distinto decir “victima”. El pueblo abandera la memoria, como el relato de sus luchas y sacrificios que da sentido a sus luchas y sacrificios nuevos, con el sustento de los hechos que prueban la existencia de la máquina de despojo y exterminio, la constitución del Estado Colombiano como ente funcional de esa máquina. Rebusca detrás, encima, debajo, junto a los sufrimientos. Hace visible el dolor, claro, pero tanto como a la resistencia y al fuego, porque el dolor es su pan diario, no un lujo de espectáculo, sino la esencia de la condena de su vida como materia de explotación,  subordinación y obediencia. Y con cada demostración de la vida compleja, con sus dolores y luchas, abre el camino de las alternativas: de la solución política y negociada de la guerra, de otra vida económica y política.

Así, revolución, socialismo, poder popular, democracia, participación, reforma agraria, educación pública, etc.,  parten de la memoria de las víctimas, pero no como valor en sí, sino como experiencia enmarcada en la construcción de nuestro país y de nuestro mundo, con todo lo que ello implica. De  ello somos responsables todos, para lo cual se requiere de la clarificación de las responsabilidades involucradas en la ejecución de las políticas de despojo y exterminio.  Causas, motivos y consecuencias importan también a la memoria de los pueblos, como el vínculo que une al pueblo mismo para luchar por la transformación de las condiciones donde se han incubado las tragedias y los dolores.

Los pueblos, como decimos resistencia, comprensión y alternativa frente a la dominación que toma a la guerra como excusa, proponemos la memoria como una necesidad urgente, pero con un lema contundente, efectivo: “movilizar nuestro pensamiento y nuestra acción contra las condiciones actuales que reproducen la barbarie”.

Con esta perspectiva, la de la urgencia del actuar, del compartir y del expresar, conocemos a Andrés Barbosa Vivas y a la Fundación que lleva su nombre, a través del ejercicio convocante donde la poesía cumple el papel de conjuro contra el silencio y la impunidad.

Son tiempos de urgencia en Colombia, sin duda. El gobierno avanza aceleradamente hacia la adecuación del país entero como territorio en venta, gracias a largos años de despojos, desplazamientos y exterminios que han afectado la respuesta desde la memoria del pueblo que somos, pudiendo convivir el país de la Ley de Víctimas con el de las concesiones mineras y la continuidad del paramilitarismo que asegura su proyección. La memoria está en peligro y se requiere de una suma de fuerzas que rebasa, por mucho, el trabajo de los defensores de derechos humanos, o el de los historiadores y académicos. Hoy, como siempre ha sido en los momentos en que se pretende cercenar el legado de luchas que se articulan con los sacrificios y dolores populares, se quiere de la música, de la poesía, de los colores en las paredes y en los cuadros, del ejercicio de compartir y transmitir los relatos que hablan de nosotros y de nuestros muertos como lo que son.

En esa dirección, nos sentimos emocionados y orgullosos de poder acompañar este proceso, como parte del movimiento que se niega a aceptar la indignidad de la memoria arrebatada. Que venga pues la poesía como potencia histórica.

El debate sobre el concepto de víctima y sus implicaciones en la configuración de las identidades y las reivindicaciones en torno a las graves vulneraciones a los derechos humanos, se ha mantenido soterrado en Colombia. En todos los foros se mencionan las dificultades de ese término, pero las respuestas ante los cuestionamientos desde las múltiples experiencias se ven marcadas generalmente por el sentido práctico y la necesidad de nadar en las aguas del derecho internacional. Por eso, Mark Feierstein, experto a la agencia estadunidense para la cooperación internacional- USAID-, me sorprendió con una reflexión que no esperaba de su parte. Ante mis críticas a la Ley de Víctimas por la exclusión del problema de la violencia estructural,  afirmó que Colombia era uno de los pocos países que aún utilizaba el concepto de víctima, y acusó el uso de ese término por sus dificultades para reconocer la voz de “las víctimas” como sujetos políticos, más allá del testimonio y de la reivindicación de sus derechos como sujetos afectados.

Siguiendo ese razonamiento parece muy pertinente considerar en serio los cuestionamientos al concepto de víctima, e incluso, aceptar el reto de plantear un cambio semántico que permita desarrollar el proceso de reivindicación de derechos sin que se dé lugar a aplacar  las demandas históricas cuya represión se traduce en victimización, ni las expectativas de largo plazo en torno a la reparación integral.

En Colombia, desafortunadamente, se está promoviendo el debate en torno a la verdad, la justicia y la reparación reduciendo el concepto de víctima a su más estricto significado relativo al reconocimiento del dolor descontextualizado de las resistencias y las alternativas de modos de vida en juego. La apuesta gubernamental es la inscripción de la experiencia de los sufrimientos que configuran la condición de víctima en el marco del “conflicto armado interno”, lo cual significa una decisión de reparar a las “víctimas” de las confrontaciones armadas, dejando por fuera, o forzando la incorrecta inscripción en ese marco,  las experiencias vinculadas con el ejercicio de la violencia estructural consistente en la ejecución sistemática de prácticas de sujeción y exterminio funcionales a la defensa y acumulación de poder, justificadas con el pretexto de la guerra, y que son, en el fondo, el detonante del conflicto realmente existente.

Con ese punto de partida, la “década de las víctimas” empieza mal. El tratamiento como “víctimas” a quienes podríamos considerar también sobrevivientes es el punto de partida para cerrar el debate político que llevó al desconocimiento de la violencia estructural implica su no consideración en la ley ni el debate público, desligando el pasado de las masacres paramilitares al presente de las nuevas masacres y de los megaproyectos de economía extractiva que hacen carrera en los territorios despojados y sometidos.

Las madres, esposas, hijas y demás familiares de los desaparecidos durante la última dictadura en Argentina, no pensaban que pudieran vivir para poder compartir la justicia legal. Así lo manifestaron en la celebración por la sentencia que decretó la prisión perpetua en cárcel común por crímenes de lesa humanidad contra el ex-dictador Reinaldo Bignione,  y los ex-militares  represores  Luis Abelardo Patti, Santiago Omar Riveros y Martin Rodríguez,  el pasado 14 de abril de 2011.

Nosotros, colombianos y colombianas con la esperanza mancillada en la justicia, hijos e hijas de la misma historia que marcó el destino de América Latina con la aplicación de diferentes versiones de la Doctrina de Seguridad Nacional, observamos la alegría de los argentinos como durante muchos años vimos sus gritos emocionados frente a los goles del Diego de la Gente: imposible que las realidades se mezclen y la experiencia se replique en el ámbito de las más elevadas emociones, del gol o de la justicia.

Y es que hay muchas razones por las cuales la justicia parece un imposible en Colombia. Las prácticas de exterminio y desplazamiento  continúan entroncadas en todos los ámbitos del poder, sin que los esfuerzos hayan podido contra la contención que ha significado mantener ocultos los fundamentos más importantes de las responsabilidades por los  crímenes de lesa humanidad. El conflicto continúa aplacando a la política, impidiendo el debate  claro sobre lo que realmente ha ocurrido en este país; lo que se ha querido matar, que es más que la vida biológica, y el motivo, que es más que el hambre de recursos.

Pero además de estas razones, habría que contar la estrategia específica de contención de la justicia que se viene impulsando desde el gobierno anterior, y que ahora continúa impulsando  la Unidad Nacional, con nuevo tono.  La Paz, que es efectivamente el horizonte que reclamamos en Colombia como proyecto inconcluso, se ha puesto una y otra vez como el contrario de la justicia. Primero, para justificar el empantanamiento de ambas en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Segundo, para asentar la garantía de los derechos de las víctimas en el problema de la reparación económica. Por cuenta de ese modelo de contradicción, la Ley de Víctimas se viene aprobando en el congreso aún cuando exista toda evidencia de la continuidad del paramilitarismo sobre la base de impunidad, con la más descarada esquizofrenia que ve morir a campesinos por su reclamo legítimo, y asume que esas muertes son efectos normales del post-conflicto.

Ante esta circunstancia, vale la pena pensar en el reto específico que significa hacer de la justicia y la paz una misma bandera en Colombia. Para ello seguramente tendremos que comprender que el Pibe es diferente del Diego. Mejor dicho, que tal vez haya que pensar en modelos propios de justicia según nuestras circunstancias históricas, recurriendo entre otras, a las raíces culturales que nos han dado el sustento de resistencia, pero que eso no significa renunciar a esa exigencia.

Pero más allá, hay que rescatar la maravilla del juego en su esencia: La memoria de hoy es la justicia de hoy y la de mañana; eso lo saben las madres y las abuelas y los hijos e hijas en Argentina, que durante años persistieron contra las leyes de Punto Final y Obediencia debida, recopilando información, acusando a la dictadura en cualquier lugar posible, manteniendo la esperanza, para ellas, y ahora también para nosotros. Con esa persistencia, también en Colombia, seguro estaremos vivos para compartir la justicia.

Nos lo dijeron los hermanos de H.I.J.O.S. Lo imposible sólo tarda un poco más.

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