Primero fue la palabra.

Algunos, como el columnista Juan Diego Restrepo, dicen que la Comisión histórica sobre el conflicto y sus víctimas es innecesaria. Otros, como Rafael Guarín, quieren alertarnos sobre la pretensión que tendrían Santos y Timochenko de reescribir la historia con ella. Yo creo que ninguno de ellos tiene razón, y les voy a decir por qué.

La comisión recientemente creada significa, en primer lugar, una distancia con la idea de que la verdad global se ha de determinar a partir de la palabra cierta e inobjetable de un grupo de notables escogidos, principalmente, por su idoneidad ética y moral.

Esta idea existe desde que el presidente Alfonsín debió designar a un grupo de notables para que se encargaran de investigar los crímenes durante la dictadura en Argentina, de modo que no fuera el parlamento quien lo hiciera. Allí, en función de la reconciliación, se avaló la tesis de que dichos notables tenían la autoridad para establecer el relato emblemático que da sentido al periodo mismo que se investiga, que enmarca lo memorable, y determina sus claves interpretativas. Por eso pudo ser Ernesto Sábato, quien no era ningún historiador, el que redactara en el prólogo del informe de la CONADEP la llamada “doctrina de los dos demonios”, que dice que lo ocurrido allí fue el producto del enfrentamiento entre un demonio terrorista de izquierda contra uno terrorista de derecha, y que se ha extendido como la versión predilecta para leer la historia reciente de toda la América Latina.

Pero hoy está claro que ese modo de asumir la construcción del mencionado relato emblemático está en crisis porque vulnera el derecho de los pueblos y de las víctimas. Lo dicho por Sábato no se corresponde con lo que después aparece documentado por la misma CONADEP, pero además, no se corresponde con la comprensión sobre la gravedad diferenciada que tienen los crímenes de Estado. Igualmente ha tenido que librarse una lucha en Guatemala, donde se quiere defender lo mismo, un relato dado incoherente, a pesar de la comprobación de la responsabilidad del Estado y sus aliados paramilitares en un 93% de las muertes ocurridas entre 1960 y 1996.

Con la Comisión histórica sobre el conflicto y sus víctimas hay una lógica distinta que otros países han podido aplicar, y que debe valorarse. No será la mera idoneidad ética la que sustente la autoridad de ese relato emblemático. Su establecimiento no será tampoco como el producto de un rito sagrado en un cuarto oscuro que todos deberemos aceptar dado y que nos llegará indiscutible en el informe final de la comisión de la verdad. Se está apelando a la autoridad del conocimiento académico, y a una dinámica de transparencia y de debate, desde donde podrá darse la discusión seria sobre si también en Colombia va a terminar haciendo carrera la doctrina de los dos demonios en su versión criolla.

Ciertamente hay muchas cosas escritas sobre la violencia y el conflicto, pero esto es otra cosa. Estamos hablando del reconocimiento del profundo contenido político que tiene la memoria histórica.

Pero entonces aparece Rafael Guarín, adelantándose a los resultados de la Comisión para decir que lo que se está cocinando es un pacto descarado entre Santos y Timochenko para reescribir la historia. De entrada, está ofendiendo a algunas de las mentes más lúcidas del país pero, más allá, ¿de qué historia habla Guarín?

Lo que preocupa a muchos sectores es que se dañe la sartén en la que se cocinan los huevitos de Uribe: la versión que quiso imponerse como historia oficial para justificar su política, y que ya demostró ser incompatible con las posibilidades de un acuerdo de terminación del conflicto. No saben cómo lograr mantener vigente el muro de guerra que significa decir que el tal conflicto no existe, en últimas. Quieren volver a los tiempos en que sólo se hablaba de la democracia perfecta afectada por la decisión del Partido Comunista de tomarse el poder por las armas combinando las formas de lucha, y sólo aceptan una comisión de la verdad que se encargue de establecer en cifras la tragedia que atribuyen, en sus términos, a los grupos terroristas.

Ni verdades de notables con superioridad moral que nos llegan dadas e indiscutibles, y que terminan produciendo tergiversaciones negacionistas de la responsabilidad del Estado, ni imposiciones sin fundamento para convertir a la memoria en un instrumento de continuidad de la guerra e impunidad.

Lo que nos corresponde ahora es dialogar con esta Comisión sin caer en las trampas de la cultura de incomprensiones sobre la experiencia histórica de la violencia. No debemos ver a los comisionados como equipos de dos bandos jugando a lo mismo pero con argumentos académicos. Como las víctimas lo estamos logrando, otros tantos tendrán que convencerse de que es hora de hacer causa común por un proyecto nacional en el que la verdad sea la base de la paz, y no su opuesto.

José Antequera Guzmán

Foro sobre las propuestas de las víctimas para la paz en Colombia. Intervención Jose Antequera Guzmán. 29 de julio de 2014. United States Peace Institute. Washington D.C. 

http://www.usip.org/events/colombia-peace-forum

 

El objetivo estratégico de las víctimas en Colombia debe ser una causa común: hacer de la experiencia del dolor, del sufrimiento, de las luchas y de las resistencias, el fundamento empírico de una democracia real y profunda, medular entre las causas del conflicto e imprescindible para el país en paz.

El reconocimiento de la victimización y su repudio son nuevos en el mundo. No tanto como dicen quienes piensan que las luchas por la verdad, la justicia y la reparación nacieron con la Ley conocida como de Justicia y Paz, pero sí para quienes saben leer la historia larga. En Colombia, concretamente, puede decirse que ese reconocimiento ha sido forjado, entre muchos, primero desde el movimiento por los derechos humanos en contra de las políticas represivas enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional, que tuvieron al Estatuto de Seguridad de Turbay y a la creación de la Triple A criolla (Alianza Anticomunista Americana) como un punto histórico de formalización. Los familiares de los desaparecidos, buscando en el agua y en los matorrales, fueron pioneros en las marchas de claveles, las puestas en escena de las fotos que hoy llamamos galerías y la articulación con las organizaciones que fueron surgiendo: de defensa de presos políticos, de contabilización de asesinatos, de acompañamiento, etc. Con la agudización y degradación del conflicto y del uso generalizado de la violencia para la acumulación del poder, se han extendido las vulneraciones de la dignidad contra la población, existiendo hoy organizaciones y comunidades que reivindican las experiencias del secuestro, de las masacres, de los desplazamientos, de la violencia sexual, sumadas a otras colectividades que no se han reivindicado como víctimas pero que comportan las mismas experiencias con sus exigencias. Aún más, con la memoria como imperativo ético cada vez más posicionado, son muchos los individuos y sectores que han podido comprender el carácter injusto de lo que han vivido, tan doloroso como la muerte, en la miseria planificada de la que hablara Rodolfo Walsh.

Con todo, en el avanzarse del proceso de paz de la Habana el debate sobre la victimización en Colombia frente a la paz encuentra un lugar especial, sin duda. Para muchos el proceso de paz es sólo un teatro de ilusiones, basados en una desconfianza comprensible, vistos los fracasos en los procesos anteriores y sus terribles consecuencias, así como en las muchas desilusionantes ejecuciones de las políticas públicas de reparación. Para otras tantas, como para mí, es una esperanza cierta. Creo en la paz y en sus posibilidades como el mayor legado que me haya dejado mi padre. En cualquier caso, hay quienes han visto la posibilidad de sabotear el proceso avanzado anteponiendo el dolor y el sufrimiento, como el principal motivo para construir una oposición legitimada contra los cambios que han de producirse a partir de un acuerdo de terminación del conflicto.

Abierto el debate sobre las víctimas, es inevitable que se generen discusiones en torno a los mecanismos establecidos: la participación en los foros y la participación en la Habana tienen que verificarse efectivamente pluralistas, incluyentes, con perspectiva diferencial. Sin embargo, quienes hemos vivido las ausencias y sabemos lo mucho que golpea la certeza de que son para siempre, debemos pensar ahora en el fondo de lo que significamos para la historia del país y del mundo; de lo que nos toca, desde la misma entraña del dolor, y desde la conciencia de sus consecuencias.

Las victimización no es un valor en sí mismo. Las víctimas no somos las personas más buenas de esta sociedad, ni ciudadanos de mayor categoría por el sufrimiento que se nos ha infringido. Nuestras experiencias son distintas, y en su distinción implican derechos que tienen que satisfacerse, sin condicionamientos. Pero en su dimensión común, esas mismas experiencias suponen una comprensión común necesaria para el país, que tiene que ser primero nuestra causa común, para que lo sea de toda Colombia. Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde las resistencias, desde las luchas, desde las reivindicaciones es que encuentra fundamento el proceso de paz como proceso de diálogo y negociación, en contra de quienes pensaron que sólo la correlación de fuerzas en los campos de batalla debía determinar el modelo de solución del conflicto. Desde el repudio de lo que nos ha ocurrido, es que ha tenido que surgir un debate sobre lo que implica la no repetición en el país, que pueden ser declaraciones y golpes de pecho, o verdaderos cambios que sólo podrán ser efectivos, cuando sean para todos y para todas en Colombia.

Antes de que asumiera conscientemente la lucha por los derechos humanos y de las víctimas, mi madre me enseñó algo que me pareció incomprensible en su momento, pero que ahora rescato como una lección básica. Ella participó de un movimiento que llamaron Madres por la Vida, en el que estaban personas como la esposa del coronel Valdemar Franklin, asesinado por narcotraficantes, pasando por doña Nydia Quintero, cuya hija fue símbolo de la tragedia del secuestro. Luego he tenido yo que compartir espacios con las víctimas de hechos que desconocía, como con los familiares del avión de Avianca, o con Consuelo González de Perdomo, recordando la lección de mi madre: la diferencia puede ser más constructiva que destructiva. En su esfuerzo y en mis espacios compartidos con esas otras personas, he podido constatar algo que defiendo sin ambigüedades. Es cierto que las diferencias de clase, de procedencia, raciales, de género y de tratamiento político, entre otras, se expresan en el modo como se reconocen en el país los daños de la violencia y de la guerra, y eso constituye una injusticia. No obstante, he podido apreciar también que si bien esas diferencias no desaparecerán con un acuerdo de paz, sólo la causa común desde la conciencia de repudio a las violaciones a los derechos humanos y la dignidad puede darle fundamento a un proceso de transformación de las relaciones que han sustentado las exclusiones y opresiones, a partir de la democratización del país. Allí, yo, como soy, víctima de crímenes de Estado, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, de izquierdas, no dejaré de sumarme al desvelamiento del conflicto político y social y a las luchas por un cambio de modelo, pero esperando que sea la vida y la libertad las que determinen mi camino y que, en cambio, deje de ser el miedo el destino que me toca; que nos toca.

No puede ocurrir ahora que el dolor y el sufrimiento adquieran sentido como fundamento de oposición a la paz, cuando son todo lo contrario. Tanta muerte y tantas ausencias, adquieren sentido como el fundamento de la misma, como su base de legitimidad real. Eso no significa, de ningún modo, que tengamos que aceptar que se pacte cualquier cosa nuestro nombre. Es hora de sacar las fotos, los documentos, las galerías, las bases de datos, y exigir la verdad, en primer lugar. Es hora de pensar realmente en lo que significa “lo justo” en este país para construir desde ahí el modelo propio de justicia y reparación. Es hora de hacer trascendente la experiencia, para que esa justicia se concrete en una sentencia de no repetición basada en reconocimiento, reformas, desestructuración de las estructuras criminales responsables del asesinato entre hermanos. Tendremos muchas listas de exigencias, y en muchas estaremos en desacuerdo con otras y otros, porque ser víctimas no elimina nuestra condición de sujetos políticos, con visiones e intereses de acuerdo a nuestros lugares diferentes, en contradicción. Pero lo que está en juego, precisamente por atravesar nuestra integridad, nos trasciende.

Por supuesto, todo esto supone que no se silencie el debate sobre la participación de las víctimas en los foros y en la mesa de la Habana. Sin embargo, con una perspectiva de causa común por la democratización desde la experiencia de la victimización, sin renuncias a las posturas y planteamientos distintos y opuestos que tienen que resolverse, el reto más duro ahora es el posicionamiento de una agenda que va más allá de los escenarios inmediatos. Las víctimas tendremos que ser participantes de las políticas y de la gestión de los acuerdos. Tendremos que ser protagonistas del país donde sea posible que se diga la verdad, que no terminará por saldarse en los próximos meses; del tratamiento democrático de las exigencias de cambio, de la garantía para la movilización por la paz, como son las movilizaciones por salud, educación, vivienda y tierra. Tendremos que ser una prueba de lo que puede hacer un pueblo marcado por el dolor, por su valentía, por su fuerza.

 

 

 

 

El 23 de febrero del 2013 en una carta abierta, el hijo del General Uscátegui me planteó la necesidad de que hiciéramos un acuerdo para trabajar por erradicar la violencia de la política. Me expresó su rechazo a los calificativos que han justificado la amenaza a quienes compartimos las ideas de izquierdas, y me dijo algo contundente: “¿Llegó la hora de poner fin a la confrontación armada? También me atrevo a decir que coincidimos en un rotundo «sí».

Mi respuesta a su carta partió de mi concepción sobre el principio que rige nuestro diálogo. Pensamos distinto sobre la historia de la violencia, sus causas y consecuencias. Ello, en vez de hacer imposible una causa común, resalta como objetivo la apertura del espacio para la búsqueda y expresión de la verdad, que no es sólo de su interés como hijo de un General condenado, o mío, como hijo de un dirigente comunista asesinado, sino de los pueblos y comunidades que sufren a fondo el conflicto que aún debe resolverse.

Nuestro intercambio público llamó la atención de varios medios y periodistas. En la revista Semana, en muchos portales independientes, y hasta en RCN se resaltó el significado de nuestra disposición. Escuché a varias personas referirse a esas cartas como un motivo de esperanza.

Para mi lo fundamental de nuestro intercambio sigue siendo la posibilidad de que funcione como un espejo de lo posible. Su historia y la mía salen al ruedo muchas veces para verificar históricamente los motivos para oponerse a una salida política al conflicto, a la apertura democrática. Y sin embargo, yo creo que usted y yo, y muchos como nosotros podemos demostrar que lo que hemos vivido debe funcionar para todo lo contrario: para darle sentido a los dolores y los sufrimientos en la materialización de la paz con todo lo que implica, es decir, con los cambios que impone, y con sus costos.

Está claro que tomarse este ejercicio en serio no es fácil. Logramos hacer una reunión para hablar con jóvenes que podrían pensar en el esfuerzo por emprender y no fueron pocas las reacciones de compañeros míos que cuestionaron la iniciativa. Ha sido muy difícil mantener el diálogo a pesar de sus apariciones con jóvenes vinculados a los grupos que se reclaman nazis en Bogotá que destruyeron un mural en homenaje a la UP o que organizan fiestas con María Fernanda Cabal, quien considera que el comunismo es una enfermedad. Quienes profesan el odio como ideología y lo defienden en gavilla están fuera de la democracia desde hace mucho tiempo en el mundo.

Con todo, tengo la obligación de escribirle en este momento una segunda carta pública. Habiéndose producido un conjunto de principios sobre el tema de las víctimas en los diálogos de la Habana, no puedo dejar de pensar en lo valioso que es que se hable de la verdad como un asunto innegociable en este proceso. “No habrá intercambio de impunidades”, ha sido una frase que constituye un hito a nivel internacional, muy distinto de la perspectiva defendida por el gobierno anterior, en la que la verdad siempre fue un opuesto de la paz, un sacrificable necesario, empezando por el prontuario del expresidente y todo lo que tuvieran que decir los jefes paramilitares ahora extraditados donde nadie puede escucharlos. Pensaría que la causa de la continuidad de los diálogos debería ser también suya, y de los hijos e hijas de militares que saben que merecemos una vida donde podamos hinchar nuestro pecho de honor, libres del yugo de la guerra. 

También supongo que usted es consciente de otras cosas que están en juego. Estando el conflicto en un punto que tal vez usted comprenda como irreversible, es indiscutible que la diferencia de destinos está, entre un próximo gobierno que funcione bajo un marco de obligatorio respeto a la oposición diferenciada de la subversión armada o uno que, en cambio, acuse de terrorismo al descontento social imparable, y así lo trate. 

Entonces José Jaime, en perspectiva de la paz que anhelamos, ¿cómo no expresarse en contra de quienes insisten en la violencia, y en la acusación que cierra el diálogo, y en mandar al traste el avance más certero en un proceso de paz, hasta ahora? ¿Cómo no expresarse, votando por supuesto, a favor de la posibilidad de la paz?

José Antequera Guzmán. 8 de junio de 2014. 

Si los monumentos, las estatuas y los libros gordos oficiales han germinado, las más de las veces, primero desde el poder instituido,  las fechas de conmemoración han sido muy distintas. Ellas son verdaderos campos de disputa en los que se pone a prueba la capacidad de los pueblos oprimidos por dotar de sentido su experiencia histórica, teniendo que ganar su configuración por medio de una lucha activa, año tras año, a través de la acción colectiva y la movilización creativa.

Fechas como el 24 de marzo en la Argentina comportan ese carácter, sin duda. Se trata de la fecha en la fue ejecutado el golpe de Estado que instauro hace 38 años la última dictadura cívico militar que gobernara entre 1976 y 1983, motivada por la idea del “Proceso de Reorganización Nacional”. Si fuera por quienes proclamaron una política exitosa de eliminación del comunismo foráneo, el 24 de marzo sería un día de dignidad nacional basada en la limpieza, el honor y el progreso. Pero gracias al movimiento persistente de los sobrevivientes, los defensores de derechos humanos y  múltiples fuerzas políticas, el 24 de marzo es un motor de reflexión contante sobre lo que quiso lograrse realmente con la dictadura, en contra del discurso justificatorio de más de 30 mil detenciones desapariciones que sustentaron su modelo. En palabras del gran Eduardo Luis Dualde, quien fuera Secretario de Derechos Humanos de la Nación:

“Sería una simplificación, pese a la política masiva y sistemática de exterminio, reducir a la caracterización del Estado terrorista a una “máquina de matar”. Fue eso, sin lugar a dudas, pero también en su fin último, un sistema de dominación y control absoluto de la sociedad donde la muerte fue el instrumento eficiente y multiplicador para aniquilar en sus efectos expansivos, toda resistencia o contestación social”.

Sobre la base de esa comprensión que sólo es posible gracias a una memoria que supera a la historia convencional, el 24 de marzo es una fecha en la que se atiende al presente efectivamente marcado por la acción represiva, y las violaciones a los derechos humanos, y no un hecho pasado que sólo debiera conmovernos. Lo interesante de esta conmemoración para toda América Latina, es que se ha convertido en un punto de reflexión especial sobre la relación entre las dictaduras (y digo yo que también sobre los conflictos armados), y esa determinada estructuración económica que nos ha sido vendida como un hecho natural, ocultándonos sus fundamentos genocidas. Fue primero Rodolfo Walsh quien en su carta a la junta militar argentina denunció la “miseria planificada” como el fondo de la guerra sucia antisubversiva en el continente. Y hoy, 24 de marzo de 2014, son los movimientos sociales los que denuncian, parafraseando a Benjamin “el instante de peligro” con el que hacemos memoria: “Democracia o Corporaciones”.  es la consigna.

Otro motivo por el cual es tan importante el 24 de marzo, es que también comporta una conmemoración con sentido de lucha y dignidad de los pueblos en otras latitudes, a las que hemos mirado poco, ciertamente. En El Salvador, donde hace unos días se logró por primera vez que un excomandante guerrillero fuera presidente, a favor de la profundización democrática, el 24 de marzo se conmemora como la fecha del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, a quien llaman con cariño San Romero de América. ¿Y qué con la fecha? Más allá de esa escena que debiera sernos patrimonio, la del asesinato en plena misa de un cura que predicaba por amor “la opción por los pobres”, el 24 de marzo en El Salvador es una fecha que alumbra sobre el sentido profundo de los acuerdos de paz y sobre la democracia que tiene que defenderse hoy y hacia el futuro, en tiempos en que realmente se ponen a prueba cuando las luchas sociales logran la alternancia del poder.

Las reflexiones que suscita el 24 de marzo están todas atravesando la realidad colombiana el día de hoy. Alrededor de esta fecha, nos alumbran en el presente las preguntas y las marcas vigentes que podemos leer con una buena memoria en cientos de asesinatos, como los de Álvaro Fayad (13 de marzo), y Bernando Jaramillo (22 de marzo), para citar sólo dos entre los más cercanos. ¿Qué podremos decir sobre la miseria planificada, el control generalizado, la desestimulación de la resistencia y la contestación? ¿Quiénes han contado las muertes para que prevalezca la vida y se imponga el derecho obligatorio a la paz, tantas veces traicionado?

 

 

Una nueva amenaza contra la Unión Patriótica, y contra la Marcha, y contra la MIA. Normal. Lo lógico en este país. ¿Qué hacemos? Publicarlo, emitir un comunicado. ¡Tenemos que demostrar que en este país no hay garantías! Claro que no hay garantías. ¿Hay algo más que se pueda hacer?

El gobierno se reúne con la UP y le dice que está muy interesado en que puedan participar en las próximas elecciones. Pero los recursos, que es lo que puede poner, no llegan a tiempo y cuando llegan no llegan suficientes. ¿El Presidente? Demasiado ocupado para decir en pocos segundos en público lo que muchos funcionarios del Estado han dicho en privado ahora que estamos en tiempos de reparación.

¿Estamos haciendo lo correcto? No hay nada correcto cuando se trata de una relación de dominación consolidada, en la que al dominante le basta voltearse con los ojos encendidos de la rabia de que vive, y el esclavo, y la violada, y el niño humillado, y el obrero, y el sobreviviente, sienten que les corre eso que siento ahora, y que sienten nuestras madres, y que es como una tormenta que mueve el barco de tu vida como un toro mecánico,  con la que has aprendido a vivir a pesar del vómito todos los días. Cuando te quieren matar te matan con chaleco, sin chaleco, con un ejército de escoltas, o en tu refugio solitario en las montañas. ¿Entonces? Igual, el gobierno se mueve más por la rodilla de Falcao que para expresar su autoridad y defender la vida de un pueblo. Hay que exigirle que cumpla.

Habría también que hacer lo que nos corresponde a nosotras, que es lo que uno puede asegurar frente a cualquier problema. Si todos los movimientos sociales alternativos, y los partidos de oposición de izquierda nos uniéramos en serio, las amenazas serían menos efectivas. ¿Obvio, no? Lo que me da rabia ahora, es que antes de que entráramos en tiempo electoral, todos hicieron lo que había que hacer para joder esa unión, y los únicos que se unieron lo hicieron del modo más pragmático, incapaces de juntarse al fondo para ampliar la junta. Y me da rabia porque les escuché decir que era muy difícil ponerse de acuerdo, y que lo máximo que podía hacerse era una alianza electoral. ¡Una alianza por la vida es lo que les estamos pidiendo! La unidad de los pueblos es lo único distinto a la militarización que puede enfrentar las amenazas y la muerte. No se puede seguir el legado sólo en lo que se refiere a la  “lucha por la paz”. Sin unidad no hay nada.

También hay que votar y hechas las circunstancias, hay que votar contra el miedo. Yo quiero decirlo clarito, porque recibo correos de personas que viven en el exterior que están confundidas, y me he encontrado con críticos muy fuertes de nuestra incapacidad. Mi voto, el seguro, es por Iván Cepeda al Senado. ¿Por qué? Porque en los años en que no teníamos más que demandas silenciadas sobre nuestra historia como sobrevivientes de la UP, fue Iván quien me enseñó a enfrentar el miedo y a participar de la política. Y porque fue él también quien me animó, a mi y a muchos,  en contra de la falta de creatividad que considero insoportable de tantas agrupaciones de izquierda. Iván Cepeda nos ha enseñado que se puede mantener la coherencia, sin que eso signifique inmovilidad ni autocomplacencia, y eso es invaluable en la carrera por construir una propuesta como la que tenemos delante. Más allá, reconozco su fuerza liderando la causa de la verdad y la justicia, que luego otros han querido abanderar con oportunismo. Sobre todo, he visto a Iván proponiendo y defendiendo la unidad contra el miedo, una y otra vez, hasta confundirse con la gente en la Plaza de Bolívar.

En tiempos de amenazas, y de promesas incumplidas, y de mesianismos, y de incapacidades, tenemos que sacar todo lo que hemos acumulado como orgullo y conciencia, y con lo que hemos alimentado al amor por la vida. Y votar por quien sea, pero votar contra el miedo.

 

 

 

 

 

 

Hay que decirlo muchas veces y de todas las maneras posibles. Petro se debe quedar y el Procurador, en cambio, se tiene que ir.

Ordoñez, que tiene la facultad de “desvincular del cargo al funcionario público que incurra en violación de la ley o la Constitución”, decidió destituir e inhabilitar al Alcalde por 15 años, con el argumento de que generó un caos en la ciudad durante tres días, que debía ser atendido por la Procuraduría. Y le atribuye el caos a que le entregó el servicio de aseo a empresas “sin experiencia”, que violó “el principio constitucional de la libre competencia” y que lo que hizo fue más grave porque, además, buscó solucionar la situación autorizando que volquetas recogieran las basuras.

Lo que se dice a todas voces como respuesta es obvio y es cierto, aunque se quiera generar confusión. Primero, la facultad del Procurador es excesiva, ilógica y contradictoria con los tratados internacionales de derechos humanos y los principios constitucionales mismos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que respetarse en Colombia, dice que no se le pueden quitar los derechos políticos a una persona por vía de sanción (administrativamente), sin previa decisión de un juez penal. Eso es así porque los cargos como el del Procurador, por más autónomos que se proclamen a favor de los intereses populares, tienen un alto contenido político. No se puede permitir que un funcionario elegido por el Congreso (de acuerdo con los cálculos más favorables según la correlación de fuerzas), pueda destituir a una persona elegida popularmente sin que, por lo menos,  primero lo condene un juez penal que no tiene el mismo carácter porque no es elegido de la misma manera. Más allá, contra la imaginación caótica del Procurador, lo que ha hecho el Alcalde es desprivatizar un servicio público, de acuerdo con el modelo de ciudad que prometió, enfrentándose al negocio descarado de los que, teniéndolo casi todo,  quieren quedarse hasta con las basuras.

Es por eso que se está haciendo un llamado de respeto a la democracia a partir de esta decisión, como primera medida, independientemente de las simpatías con Petro. Pero además, si se le sitúa en el contexto específico, es claro que el Procurador Ordoñez representa a un sector político que quiere ejercer descaradamente la tergiversación del poder en contra de las garantías diferenciadas y derechos que corresponden a los individuos y a los sectores sociales y políticos en Colombia, por lo que su recorrido debería ser juzgado y condenado.

En lo concreto, Ordoñez ha proferido una decisión calculada como un ataque contra la democracia y ha querido avalarla con el discurso de la democracia misma, apelando al principio constitucional de la libre competencia, y al supuesto interés ciudadano representado en quienes se quejaron por el cambio del modelo de basuras en la ciudad. En ese sentido, se ha comportado del mismo modo que el Bush que invadió Irak en nombre de la libertad para destruirlo y saquearlo. Y se ha comportado igual, ya lo hemos dicho mil veces, que todos los que justificaron y apoyaron el genocidio contra la oposición de izquierda en Colombia. También tergiversando los principios que alega el Procurador, se impartieron las clases de José Miguel Narváez sobre “por qué es lícito matar comunistas en Colombia”.

La situación que se ha generado con el intento de destitución de Petro genera una indignación general, que tiene que manifestarse ahora con toda la contundencia posible. Los argumentos de Ordoñez se traducen en un mensaje claro: deberíamos considerar ilegal e inconstitucional la desprivatización de un servicio público. Y como esa es una bandera de la izquierda colombiana que tiene que alcanzar su legitimación en un nuevo acuerdo democrático que surja también del proceso de la Habana, deberíamos resignarnos de una vez al imposible de esos acuerdos y de la apertura que implican. Si sumamos los argumentos en otros casos,  y las decisiones que ha tomado frente a verdaderos criminales a los que ha absuelto, lo que ha querido hacer el señor Ordoñez es inscribir su candidatura como punta de lanza de una ofensiva contra la paz y la democracia, sin ninguna duda. Y como es obvio, no lo ha hecho sólo, sino a partir de componendas con el uribismo para que le respalden “despolitizando” su decisión, poniéndonos un mequetrefe de bolsillo, de nuevo, en contra de la decisión que tomó la ciudad, y que sólo se sustentaría con el verdadero caos del que esperan que gane el miedo.

Por todo esto, tenemos que estar en las calles construyendo la democracia y la paz y lo tenemos que hacer todos y todas.

En la calle nos vemos. Yo llevo mi tambor.

La agenda generacional es diversa. Hoy se mueven apuestas desde la izquierda, desde la derecha, por la paz, para la democracia, por la renovación de candidaturas políticas, por el compromiso de los estudiantes, etc.  Todas las opciones tienen un punto de confluencia que sintetiza la cuestión y que no admite exclusiones. El punto es la paz, como siempre, que siendo un proyecto en disputa, necesita un cambio de reglas de juego en la política colombiana transversal a todos los sectores. Ese cambio de reglas es el primer punto de una victoria que tiene que reivindicarse desde la sociedad en su conjunto.

¿Agenda generacional? Los teóricos clásicos del tema como Mannheim dicen que la generación no se debe entender como una cuestión biológica o mental, sino como un fenómeno social, que supone la ubicación de un grupo humano en un tiempo y en un espacio histórico comunes que predisponen marcos de pensamiento y experiencia. Esto no elimina la realidad de los muchos factores que determinan enfoques distintos compartidos entre grupos, sectores  y clases sociales, en disputa por la definición del pasado, el presente y el futuro. Pero está claro que las marcas de los procesos históricos se dejan sentir con características compartidas a nivel generacional, transversal, generando brechas (necesarias) con respecto a comprensiones generalizadas en determinados momentos.

Hay apuestas actuales por impulsar agendas generacionales, que se paran en la relevancia de la época de los 80, por ejemplo. En la marca de la guerra que se agudizó durante los noventa; en el sueño incumplido de la constitución del 91; en la reconfiguración hegemónica global después de la caída del muro de Berlín; o en la ejecución del proyecto genocida narcoparaestatal; en el fracaso de los diálogos del Caguán, o en la relevancia de las perspectivas emancipatorias que pujan por quebrar las lógicas patriarcales, mojigatas y racistas. Apuestas distintas, con referentes distintos, y políticas, o sea, también en contradicción. El año pasado el Espectador hizo especial con la Generación 125. La Secretaría de Educación de Bogotá promueve el proyecto Generación de Paz, que ha puesto a miles de estudiantes a reflexionar sobre el tema. Varios jóvenes de izquierda promueven reuniones intentando, al nivel y con los argumentos de unas características y experiencias compartidas,  acercar posiciones que permitan impulsar la unidad que los mayores están dejando empantanar. Hasta el hijo del general condenado por la masacre de Mapiripán me hizo a mi una invitación en carta pública para trabajar por un acuerdo generacional, y la lista sigue de muchos modos.

Lo que ocurre con lo generacional es que hoy es muy difícil definirlo sin caer en la tentación de homogeneizar lo diverso, de suerte que la cuestión puede quedar reducida como discurso para diferentes apuestas que pueden ser muy importantes, pero que difícilmente podrían alcanzar el punto más amplio sobre lo transversal en este momento de la historia del país. Yo creo que ese punto existe, y que sin pretender revolver lo que debe permanecer claramente diferenciado, hay que buscarlo, impulsando una causa común nacional urgente. Absolutamente urgente.

Todo lo que nos ha ocurrido como nación en los últimos años tiene que tener un sentido. El más claro debe ser la reparación por el sistema político y económico  excluyente que subyace a la  realidad y las noticias diarias de la muerte. Eso significa el cumplimiento de la agenda de cambios sin lo que la violencia seguirá reproduciéndose, cada vez más bárbara y difícil de parar. A un nivel generacional, es posible y necesario lograr unos compromisos mínimos con los principios en los que funda cualquier nación, y con los que aquí se han limpiado el culo mil veces: soberanía, derechos humanos, etc. Pero siendo más concretos, tenemos que reconocer que hace falta un compromiso transversal, ahora o nunca, con un cambio en las reglas del juego de la democracia, y que ese compromiso no puede ser excluyente. Una tarea que tiene que batirse al interior de nosotros mismos, individualmente, sobre nuestro modo de relacionarnos en la cotidianidad política, y frente a la que seguimos comportándonos con normalizadas y terribles actitudes. Una tarea que tiene que lograrse al interior de la izquierda donde se esgrimen como argumentos divisiorios las mismas estigmatizaciones con que los presidentes justifican el estado de control represivo y saqueo que impera en tantas regiones, y donde todo el mundo tiene un prontuario pasado que le inhabilita para juntarse con otro en el mismo proyecto. Tarea que también tiene que darse en la derecha, de todos los tintes y matices, donde se sigue jugando a la guerra fría y se pretende la consolidación de un proyecto de silenciamiento y despojo  como sinónimos  de paz; donde se continúa tratando a los principios democráticos como basura bajo un modo insoportable de tratamiento a los conflictos sociales que reclaman su derecho a expresarse y a la victoria con garantías.

He recorrido varios colegios de Bogotá en el programa Generación de Paz de la Secretaría de Educación, intentando transmitir un compromiso a partir de la experiencia que me atraviesa y que llevo grabada en el apellido. Y lo que me he encontrado es que la emoción y el compromiso con la paz son posibles a partir de la identificación de un sentido de la vida que le contenga. El sentido está en la comprensión sobre el modo de vida y de relaciones que se han impuesto transversalmente en el país a partir de un modelo que se alimenta y se excusa en la guerra de todos los días, a pesar de las alternativas que se construyen todos los días. El sentido está en la incorporación de las relaciones políticas cotidianas como parte de los problemas que tenemos que identificar y transformar de ese modelo, y más allá, en la acción colectiva inmediata para alcanzar la solución política y callarle la boca a tanto periodista y opinólogo que atizan la guerra irresponsablemente.

“Hay que desmontar esa enorme subjetividad que tiene que haber acumulada en la sociedad colombiana (…) pueden hacer un poco más ustedes mismos, los colombianos (…) ni yo, ni mi pasado ni mi lucha son tan importantes como el porvenir de mi nación”. Esas son las cosas que ha comenzado a decir el presidente de Uruguay, José Mujica, sobre nuestro país, sobre nosotros. A mi me martillan la cabeza. Me significan la recuperación de un sentido de orientación marcado en el camino de tantos mártires a los que prefiero vivos para el debate que muertos para mausoleos.

 

José Antequera Guzmán.

 

 

La decisión del Consejo de Estado sobre la personería jurídica de la Unión Patriótica es un elemento trascendental para el avance de la reparación política de este movimiento. Más allá, tiene que ser una alerta para que la memoria interpele a los responsables del proceso de la Habana, a las élites gobernantes y la sociedad en general, sobre la deuda histórica con la democracia y la paz que se mantiene vigente.

 

Lo primero es aclarar que la decisión no es una medida de reparación. El Consejo Nacional Electoral había decidido quitarle la personería jurídica a la UP, aplicando una norma que regula el evento de que se presente un partido a elecciones y no alcance un número suficiente de votos para mantener la personería. Pero la ley no contempla, porque se supone imposible en un Estado democrático, la eventualidad de que un partido no se presente a la contienda electoral por el asesinato sistemático de sus militantes. Así, lo que hizo el Consejo de Estado fue llenar un vacío jurídico y decidir que en la realidad no regulada de un genocidio que impide la participación electoral no procede la pérdida de la personería jurídica.

 

El gran valor que tiene la decisión es que plantea una línea de conducta como imperativo desde el Estado frente a la UP: el reconocimiento del genocidio y de la necesidad de una política consecuente, lo que implica la proyección de una de reparación política. Por eso significa un paso muy importante, pero también significa un llamado claro sobre la injusticia que se mantiene.

 

Son muchos los sectores que quieren escribir una historia donde reconocen el exterminio (faltaba más que lo negaran), pero que insisten en posicionar la tesis de que la responsabilidad del mismo fue del propio proyecto de la UP y de las FARC, por la famosa combinación de las formas de lucha. Su preocupación no es la verdad histórica, o el supuesto homenaje que quieren hacerles a los voceros que nunca militaron en las FARC y debatieron con ellas sobre la paz y la guerra. Hoy como ayer, igual que a Bernardo Jaramillo, les siguen poniendo la lápida a los líderes sociales con el mismo argumento. Lo que les preocupa es el uso público de la memoria en el presente para ganar una guerra que, como antes, siempre dice ser contra las FARC, pero se la cobran a la población.

 

Lo que pasó con la UP sigue pasando. El genocidio político es una traición a la promesa de apertura democrática por el costo que tiene para el establecimiento colombiano tener una política de paz coherente. Llevan casi 41 años intentando políticas que les abren la caja de pandora de los conflictos sociales y políticos, que son el fondo del asunto. La cierran para despejar el camino (ahí se agudizan las masacres y las desapariciones), para intentar abrirlas de nuevo, a ver si algún día les sale la fórmula que esperan que es el silencio de los campesinos, cafeteros, mineros, estudiantes, etc. Necesitan convertir en una guerra velada la realidad del conflicto social, para darle tratamiento represivo a lo que tendrían que resolver con cambios.

 

Esa situación está vivita en Colombia, y tiene que resolverse con un compromiso nacional por la no repetición; cada muerto de la UP, conforma un espejo ético sobre el que deberá edificarse la paz que nos debemos.

 

El espejo pregunta: A los responsables del proceso de la Habana, ¿cuál es el compromiso con la verdad, la apertura democrática y  las garantías políticas, para que lo de la UP no se repita? Al Estado colombiano, ¿por qué seguir aplazando la reparación política, si el país entero reconoce el genocidio? ¿Cuántas muertes se necesitan para comprender que la coherencia con la paz es la coherencia con las vías del diálogo frente a los conflictos sociales?  Y a la sociedad Colombiana toda, ¿cuándo dejaremos de aceptar la acusación a un ciudadano como subversivo como una verdad indiscutible que autoriza su asesinato?

 

Jose Antequera Guzmán

Las empresas de comunicación en Colombia están actuando de manera irresponsable frente a la paz. Más allá, están actuando de manera incoherente con el discurso de reconocimiento de la victimización y de respaldo a la garantía de los derechos humanos.

La revista Semana, por ejemplo, ha emprendido una campaña vergonzosa contra los representantes de los campesinos en el Catatumbo. Publicaron supuestos correos sobre los vínculos entre César Jerez y las FARC, con el argumento de que ya habían hecho lo mismo antes con temas como la parapolítica. Ni un solo avance investigativo sobre la muerte de los campesinos que se están manifestando. Ni una sola publicación donde aparezca la voz del propio Jerez suficientemente indagada. Ni un poquito de memoria para recordar que los dirigentes de la ACVC, organización campesina a la que ha pertenecido el vocero de la movilización,  ya fue acusada falsamente por vínculos con la guerrilla  y que sus dirigentes tuvieron que ser dejados en libertad para recibir posteriormente, por su lucha por la tierra, el Premio Nacional de Paz.

Es inaceptable que la revista Semana haga un especial de víctimas donde llevan personas que en vida fueron acusadas como guerrilleras, con el mismo esquema aplicado a los dirigentes campesinos, sin derecho al juicio correcto, y que después jueguen de esa forma con las normas mínimas de una situación que sus propios periodistas reconocen en artículos analíticos en donde dicen saber sobre la compleja realidad del conflicto en Colombia.

Igual, los del Blu Radio y Caracol, publican un video donde aparece Piedad Córdoba en el Catatumbo, con toda la parafernalia del caso para convertirlo en una polémica,  en el que ella habría gritado una arenga a favor de las FARC. ¿Necesitan un patrocinio de limpiadores de oídos para dejar de incurrir en semejante irresponsabilidad? Es clarísimo que dice, ¡qué viva la paz!, cualquiera que lo escuche se da cuenta.

Para rematar, ahora todos están pendientes de lo que hacen los grupos neonazis en las ciudades. Si hacen una reunión, si ponen un afiche, todo aparece como una noticia muy importante. A las organizaciones sociales que actúan pacíficamente, que promueven valores que no tienen nada que ver con la apología al genocidio, les cubren sólo cuando sus acciones implican conflicto con la policía, como gran apoyo a la causa de la verdad, la justicia y la reparación.

Lo que uno quisiera saber es si quienes trabajan en estas empresas son conscientes o no de lo que están haciendo. ¿Les parece fabuloso generar noticia a cualquier costo? ¿Cuál es el país que quieren? ¿Se van a expresar a favor de la paz sólo cuando tengan en frente a las víctimas, o podrán hacerlo siempre, como les manda el artículo 20 de la Constitución?