Primero fue la palabra.

Creo que las lecciones más importantes que nos quedan del último ciclo electoral tienen que ver con la ética; con la importancia que le estamos dando a la orientación de nuestro comportamiento en la política, con el vacío y el reclamo que se nota en la ciudadanía al respecto. Me refiero al menos a Bogotá.

A mi modo de ver, no hubiera sido justo que el Alcalde fuera Carlos Fernando Galán, cuya campaña quiso construir un apego por convicción al modelo de ciudad que se ejecuta con la agencia de Peñalosa, pero que ni siquiera éste último defiende por principios sino porque supuestamente es lo que toca. Sin embargo, la campaña de Galán logró poner el foco en una preocupación legítima de la gente por los modos de comportamiento en la política, lo que no debería ser interpretado sólo como un problema del marketing para ganar elecciones que asume la moda del momento.

Lo que vimos con la remontada de Galán es que la cuestión ética está vacía, que está siendo reclamada como un asunto importante y que está siendo ocupada de un modo anti-ético con mensajes que acusan al debate de polarización, que pretenden soslayar los motivos para muchas rabias y que responden con el “hagamos un debate de ideas” cada vez que se pregunta por los intereses, mientras avanzan políticas nocivas que no se revelan como son, con la verdad.

Lo que vimos es que «la alternativa» está poniendo acertadamente el énfasis en lo estructural después de décadas de hiper-concentración en el humanitarismo y la guerra, pero que no está articulando referentes y ejemplos relativos a la honorabilidad, a la paciencia, a la honestidad de la palabra, a la humildad, a la prudencia. La alternativa, donde estamos metidos y empujando, está reduciendo la ética a la coherencia entendida como sectarismo y estática, a una fidelidad más propia del romanticismo conservador que a la lealtad republicana, donde cabe, tiene que caber, la libertad para pensar y para disentir.

La respuesta frente a esto no puede ser reactiva ni meramente a la defensiva. No debemos englobar ese reclamo como producto de expresiones machistas que juzgaron el tono de Claudia López por mujer, o como producto exclusivo de la defensa de privilegios que juzgaron las acciones de Petro y de Hollman Morris por su compromiso con el pueblo.

Con autocrítica, creo que el proyecto de Colombia Humana tiene que reconocer que ha decepcionado a muchas personas porque decisiones que se pueden considerar necesarias políticamente, no han sido aceptables éticamente. Además, a la forma como hoy defendemos causas fundamentales de la vida le han faltado referentes éticos más allá de la trayectoria comprometida de algunos liderazgos, y eso ha producido que los simpatizantes de éste y otros proyectos no consideren necesario el valor del respeto. Al contrario, muchos lo consideran perjudicial, como una distracción frente a la defensa de lo estructural, “de fondo”. En twitter se nota.

No concuerdo de ninguna manera con la idea de “no polarizar”, de banalizar el debate y las confrontaciones. De hecho, creo que el mayor examen de ética lo tienen que hacer quienes están haciendo política sobre la base de una estigmatización justificante del asesinato en Colombia, con la propaganda del esquema centro Vs extremos. Por lo mismo, creo para que no siga ocurriendo que la democracia se rebaje aún más convertida en concurso de simpatía y a una tergiversación de la reconciliación, tenemos que asumir la ética en serio.

Hacia adelante, serán los hechos concretos los que demuestren que hemos asumido la lección  o no. Será el verdadero diálogo con la ciudadanía, el poder de la gente y la participación, lo que le dé contenido a la disposición de reconocer virtudes en los demás y de superar los sectarismos. Será el cumplimiento de lo que no se cumplió, como que las decisiones estén en los nodos populares, los procesos internos democráticos, la capacidad de actuar prudente y acertadamente frente a los cuestionamientos personales, los que termine de consolidar la opción que defendemos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sería hipócrita desconocer que nuestro sistema político, que suponemos democrático, tiene esa dinámica de degradación de la que hablaba Platón al advertir sobre la demagogia, teorizada más recientemente por Manuel Castells como la marca de la “política de espectáculo” en el centro de la crisis global de la democracia liberal.

Es innegable que muchas de las grandes cuestiones de nuestro país se han querido decidir por aplausómetro, y que de la estructura para legitimar esa vía han participado todos los sectores políticos. Álvaro Uribe Vélez llegó al gobierno porque el aplausómetro  medía rabia contra las FARC-EP después del Cagúan, y lo que primó en esa medición fueron imágenes que no valían en sí mismas tanto por las opiniones que se emitieron y que todavía se emiten sobre ellas. Para la muestra, esa negociación fallida, en torno a la que giró el país durante casi una década, fue fabricada para la opinión que supuestamente pedía un presidente capaz de tomarse una foto con Tirofijo.

¿Y Santos? Santos, tenía que someter a la opinión mayoritaria de un plebiscito el fin del conflicto, por supuesto, para luego ganarle a Uribe el pulso histórico, no tanto por los resultados, sino por lo que dijera también el aplausómetro que todavía se disputan sus hijos con fotos del abuelo por twitter.

Dice Castells que la marca de las sociedades democráticas actuales es la política mediática, la política del escándalo y la autonomía comunicativa de los ciudadanos. Que nuestra construcción de la realidad depende de esas señales que, como las imágenes del pasado y del presente, generan impresiones de las que se forman las opiniones. Y que hoy, la forma de lucha política más eficaz es la destrucción (y la fabricación) de la confianza en las bondades de los proyectos políticos por la vía de la referencia moral permanente a los liderazgos que los encarnan. Una “política del espectáculo” que curiosamente es la autodestrucción de la legitimidad institucional del proceso político, y que termina en que la gente acabe por quedarse con el sentimiento de desconfianza y reprobación moral hacia el conjunto de políticos y la política, para acabar prefiriendo a “su corrupto” por el corrupto de enfrente.

Que Uribe siga defendiendo el Estado de opinión no es sorprendente, porque toda su figura está construida sobre el oportunismo de la opinión frente a la guerra y la paz. Lo que sí resulta paradójico es que defensores de la institucionalidad y del Estado de derecho estén aceptando entrar en esa política del espectáculo sin problema, pendientes de lo que seguramente les dicen en sus burbujas de twitter y sus asesores de marketing político.

Los carteles que sacó la bancada del Partido Verde a la llegada de Jesús Santrich al Congreso y la propuesta de un “uribismo por la paz”, se mueven exactamente en esa clave. En esas prácticas no hay una agenda política específica más allá del liberalismo colombiano, pero si por una posición en que se ocultan los corruptos propios y se les pone el foco los de los demás, estableciendo siempre una postura moral según las encuestas, especialmente frente a las imágenes feas que se repiten en los medios, como las de ese político «extremo» que apareció en un video recibiendo unos fajos de billetes.

Es claro que lo que busca el Centro Democrático es posicionar el llamado Estado de opinión para legitimar medidas específicas contra-derecho como la liberación de Andrés Felipe Arias, la impunidad de Álvaro Uribe y la extradición de excombatientes de las FARC firmantes de la paz, creando situaciones fundamentales para su proyecto, pero también, nuevas puestas en escena. Esa estrategia no se puede enfrentar efectivamente reproduciendo la degradación de la democracia en la se afinca, argumentando que se está siendo convocante o que se está disputando el electorado uribista, pero para someterse a su agenda, a su estilo y su proyecto de país, de mano firme, neoliberalismo, y corazón grande.

Por eso lo nuestro, lo de los “populistas” que defendemos el Estado social de derecho, es la verdad y la democratización real de nuestro país.

Jose Antequera Guzmán.

 

 

 

 

 

 

 

La segunda vuelta para la elección a la Alcaldía de Bogotá no resuelve el problema de la legitimidad con que no ha contado Peñalosa. No resuelve el hecho de que él, como Petro, haya tenido que defenderse durante buena parte de su mandato. En cambio, puede significar un mayor bloqueo para los cambios que la ciudad necesita en un momento determinante a partir del fortalecimiento de los poderes fácticos que deciden buena parte de nuestra cotidianidad y de nuestro destino.

La tesis de fondo que apoya la propuesta es que el problema de la gobernabilidad en Bogotá está en la polarización que produce que el alcalde o alcaldesa pueda elegirse por mayoría simple no teniendo que reunir el consenso que exigiría la segunda vuelta. Que los procesos de revocatoria son un desgaste costoso para sus promotores, para el gobernante de turno y para el presupuesto público.

También se argumenta que de existir la segunda vuelta, podría darse ese escenario ideal para algunos en el que el candidato “de centro” con el suficiente apoyo mediático puede convencer a la izquierda de que voten por él para evitar el mal mayor de la derecha. Y no faltan quienes dicen que la propuesta se valida por defecto, a partir de las críticas que podríamos hacer «los petristas» a quienes no nos convendría la reforma.

Pero la realidad es otra y las preocupaciones tienen que ser consideradas.

La razón por la que un Alcalde como Peñalosa ha tenido que defenderse de la supuesta polarización es el modo como se ejecutó su estrategia para llegar al gobierno de la ciudad y como ha gobernado. Después de perder en 2007 y en 2011, en las últimas elecciones ganó sólo porque sobre el desastre histórico de Samuel Moreno y las tensiones en torno a la Alcaldía de Gustavo Petro, le construyeron una narrativa anti-izquierda y de falsas promesas que mantuvo ocultas la mayoría de sus decisiones más importantes, hoy evidentemente rechazadas por la gente como una verdadera estafa.

Gustavo Petro también tuvo dificultades y errores, negarlos sería tapar el sol con un dedo, pero es incorrecto tratarlos en abstracto para igualar su condición a la de Peñalosa. Más allá de la formas, que son en lo que se concentran quienes miran la democracia como un problema de reglas y conductas, durante su alcaldía se pusieron en debate cuestiones estratégicas como el modelo de ordenamiento territorial, el modelo de transporte o el manejo de las basuras, sobre los cuales actúan poderes fácticos en beneficio privado desde siempre, y que tuvieron en los promotores de su revocatoria y en el Procurador a verdaderos aliados quienes ejecutaron una persecución innegable independientemente de la opinión popular.

La afirmación según la cual los procesos de revocatoria son un problema para la gobernabilidad es una tergiversación del sentido de lo democrático. Sin descartar que pueden ser manipulados, esos procesos están allí también para que la ciudadanía no tenga que aguantar lo que se quiere consolidar como una estrategia electoral tanto en Bogotá como a nivel nacional, y es que las elecciones las definan eslóganes vacíos, las canas o los falsos títulos que se vuelven argumentos de autoridad, así como el miedo fabricado, para que luego el gobierno lo conduzcan los intereses privados legales e ilegales de los financiadores de las campañas.

También es necesario debatir el escenario ideal del gobierno de centro como lo más conveniente para Bogotá. Al respecto, hay un falso debate entre quienes defienden ésta posibilidad contra quienes ellos mismos consideran que, en cambio, supuestamente abogamos por el dominio de la izquierda, lo que repiten como parte de la estrategia discursiva de señalar los extremos. Lo que estamos planteando es que trascendamos esas categorías, que no significa eliminarlas para lo que son útiles, pero sí dejar de jugar a una visión del mundo reduccionista que además no entiende la gente y que impide consensos sobre propuestas programáticas serias. Cuando esto no ocurre juntando a las fuerzas sociales y políticas que defienden el cambio, la justicia social y la ciudad para la gente, resulta aprovechado de modo oportunista por candidatos como Peñalosa o Iván Duque de quienes muchos creen que sus moderaciones de campaña les durarán para siempre obligados por la necesidad de recoger votos, hasta que nos demuestran que son capaces de traicionarse a sí mismos.

La prioridad en Bogotá es resolver los problemas fundamentales que hoy se siguen discutiendo gracias a esos tercos polarizadores que no se resignan a la supuesta pot-política de los técnicos de Peñalosa. Y estos no se resuelven con una supuesta estabilización derivada de la segunda vuelta mientras nos gobiernan estafándonos, con el favor de concejales que pueden avalar cualquier cosa impunemente y que han estado dispuestos a pasar por encima del rechazo comprobado de la ciudadanía dándole hasta tres vueltas a nuestros derechos.

Aclaración: ésta es mi opinión personal y no compromete a nadie más. Por supuesto, estoy dispuesto a escuchar argumentos diferentes.

José Antequera Guzmán

Por: Jose Antequera Guzmán

* Este escrito parte de la construcción colectiva que hemos realizado con personas como Javier Cuadros, Lorena Aristizábal, Daniel Rojas, Moisés Ninco, Susana Mohamed, Juliana Hernández, Darwin Torres y muchas otras con quienes hemos impulsado asambleas ciudadanas como Paz A La Calle. Sin embargo, las afirmaciones son mi responsabilidad. 

He participado de la organización de muchas asambleas ciudadanas por diferentes causas defendidas como fundamentales por la ciudadanía: la paz, el ambiente, los derechos humanos, los asuntos urbanos o locales, etc. Pensando en el reto de construir el  movimiento político para la transformación de Colombia a partir de un programa integrador de las diversas reivindicaciones sociales de cara el Siglo XXI, comparto algunas lecciones que creo que pueden ser útiles en este momento y hacia el futuro.

Tips:

1. Derribar los obstáculos para la convocatoria amplia partiendo de la confianza. Las piezas comunicativas tienen que ser convocantes, no excluyentes. La entrada debe ser abierta, sin exigirle carné a nadie. La causa que defendemos y por la que nos convocamos en asamblea es la prioridad, no el reconocimiento de una organización en particular o de su agenda de acciones. No hay privilegios para quienes tienen mayor liderazgo, experiencia política o amigos. Tampoco se excluye a quienes tienen liderazgo con el cuento de que acaparan la atención, sin valorar su lugar y lo mucho que contribuyen, siempre que cumplan con las reglas por igual.  Nada de esto implica que el espacio no tenga principios. Machistas, racistas,    clasistas, u otras formas de exclusión y violación de derechos están totalmente fuera
2. Cuidar los detalles porque todo cuenta: el lugar, la hora, el clima, el sonido, el tiempo de duración. Por ejemplo, si se cita una asamblea a las 6pm, hay que tener en cuenta que a las 7pm comienza el hambre y con esa sensación en el estómago se expresa el afán o la rabia. Si nos reunimos como en un salón de clases, replicamos el modelo jerárquico, que no siempre sirve. Necesitamos símbolos que nos reúnan. Si estamos incómodos no volvemos. Si es muy difícil llegar o salir, nos cansaremos rápido. Detalles
3. No hay asamblea sin producción en la sombra. Antes de la asamblea tiene que estar claro quién o quienes la moderan, quién tomará las notas, quién enviará rápidamente a los grupos por correo u otros mecanismos, quién recoge los datos y se compromete a compartirlos. Quienes participan de la producción o de la organización son servidores del espacio, así que no llegan a la asamblea con cara de gente importante a reclamar privilegios
4. Una asamblea tiene que tener un método adecuado para lograr un espacio amplio, donde se puedan escuchar la mayor cantidad de voces, opiniones y propuestas, y donde haya conclusiones. No hay fórmulas, pero se recomiendan algunas cosas:

•  Adoptar el lenguaje de símbolos para celebrar o compartir las ideas de manera que la asamblea no se convierta en un concurso de aplausos.
• La medida del tiempo no debe ser una cantidad de minutos por intervención, sino la suficiente ilustración de una idea o propuesta. La asamblea puede adoptar un símbolo para expresarle a alguien que ya ha quedado claro lo dicho, y así cumplir con una regulación funcional y no autoritaria.
• Quienes moderan pueden dar la palabra por rondas numeradas dividiendo la asamblea por bloques como: bloque de intervenciones libres, bloque de informaciones, bloque  propuestas, etc. También, cuando es necesario, se puede trabajar por grupos.
• Quienes participan en la asambleas deben asumir el compromiso personal de no intervenir si se sienten recogidos por otras intervenciones, incluso desistiendo del turno de palabra que ya tienen asignado. La ética del espacio incluye, ojalá, no hablar para repetir lo que ya se ha dicho o sólo por lograr reconocimiento.
• Las conclusiones de la asamblea y la asignación de responsabilidades colectivas e individuales son fundamentales. Si alguien intenta excluir conclusiones o torcerlas a favor de un individuo o grupo, lo más probable es que la asamblea le recuerde una lección simple de la vida: los demás no son idiotas.

5. Las asambleas más efectivas son las que logran concretar una conclusión que deriva en acciones colectivas creativas que impliquen que, como dice el maestro Saul Alinsky, que ocurra lo que menos se espera. Ojalá.

 

 

 

 

 

Las pasadas elecciones a la Presidencia de la República animaron el fortalecimiento de un proceso político de cambio que no puede reducirse a la derrota por el resultado final. Para comprender su significado y potencialidad de cara a los retos que vienen, es necesario plantear algunas afirmaciones:

1. La decisión de cambio se enfrentó con el miedo

Durante el proceso electoral estuvieron enfrentadas, la apuesta decidida y actualizada por ganar la Presidencia de la República a favor de la construcción de una paz verdadera, y una serie de limitaciones a esa posibilidad que determinaron un triunfo para la restauración del uribismo.

Dentro de las limitaciones, me parece importante mencionar el uso político y comunicativo del miedo.

Diferentes acontecimientos previos al resultado de la primera vuelta, como la negativa a la realización de una consulta de las candidaturas de Fajardo y De la Calle, la reducción del análisis político a la situación de la peligrosa polarización o las profecías de derrota anticipada si Petro se enfrentaba a Duque, respondieron a una misma perspectiva. Compartieron una intención de cambio, pero lo hicieron sobre la hipótesis de que debían acomodarse a los presupuestos de miedo fabricados por el establecimiento, uno de los cuales era la condición de mantener y profundizar diferencias irreconciliables con Gustavo Petro, y aceptar las calificaciones construidas sobre él acerca de que se trataba de un extremo izquierdista cuya presidencia sería inviable.

Con respecto a la apuesta decidida por ganar a favor de la construcción de una paz verdadera, es necesario destacar la decisión de conformar una propuesta convocante que rompiera el famoso techo de la izquierda.

A esos acontecimientos motivados por el miedo, se opuso una generosidad constante que fue la que permitió que se conformara la alianza para la segunda vuelta, incluyendo en ella a quienes nos atacaron muchas veces queriendo demostrar que éramos la encarnación del conflicto.

De la misma manera, ésta campaña no se construyó sobre la base de una estrategia estática y preconcebida con un programa que ya tuviera todas las respuestas. Desde la campaña al Congreso, a partir de los recorridos en las plazas públicas y en múltiples espacios con diferentes sectores, se produjo una articulación masiva de liderazgos diversos, consolidados y nuevos, que le dio forma real a la visión de unas ciudadanías libres y multicolores, que hicieron una gestión autónoma inédita del proceso político a favor de cambio, y que llenaron de contenido el programa abierto de la Colombia Humana. Ello produjo una visión integradora que fue campesina, obrera, indígena y afro, tanto como feminista, animalista, ambientalista, etc.

2. Duque es el jinete de un tigre al que no le ha visto los dientes

Iván Duque resultó siendo el candidato elegido por Uribe por ser quien menos se parecía a él, quien podía encarnar la renovación de un sector político en crisis a partir del Acuerdo de Paz, y por acomodarse mejor a los mismos presupuestos fabricados por el establecimiento que por un lado calificaron a Gustavo Petro de extremo, y por el otro posicionaron “el centro” aséptico a la política misma como lo políticamente correcto.

A pesar de su victoria electoral, lo que permitió que Duque ganara las elecciones no le servirá para gobernar. Entre otros, el nuevo Presidente llega con el mandato de asegurar la impunidad para sus aliados comprometidos en crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, justo cuando las altas votaciones de primera y segunda vuelta afirman que el carácter intocable de Uribe se resquebraja.

También deberá gestionar exitosamente la economía enfrentando a una oposición que ya desvirtuó el espejismo de las locomotoras del desarrollo, petrolera y minera. Se enfrentará con un reclamo vivo y latente de reducción de la desigualdad compatible con defensa del medio ambiente y la vida de los territorios, y tendrá que responder a una sociedad que no aceptará que le cobren más impuestos regresivos para tapar los huecos fiscales que sigue dejando el modelo vigente, sin otra receta a la mano que el evangelio neoliberal fracasado.

3. Somos oposición y alternativa

Pasadas las elecciones tenemos que cuidar lo convocante y lo convocado, de manera que su articulación permita una oposición efectiva a la estafa que nos espera con Iván Duque, así como proyectar el gobierno alternativo en alcaldías, gobernaciones y concejos, en el próximo Congreso y en la Presidencia de la República.

Cuidar lo convocante significa preservar esos elementos que nos permitieron romper los techos presupuestados, como la visión integradora del cambio que ha permitido que muchas reivindicaciones que hasta hace poco eran consideradas marcadamente sectoriales, se hayan transversalizado de verdad. Eso ocurrió incorporando el feminismo a la discusión sobre el trabajo y el uso del tiempo, o con el ambiente y el cambio climático en la discusión sobre el desarrollo a favor de la redistribución.

Cuidar lo convocado significa trabajar de la mano de las ciudadanías libres y de los movimientos sociales y populares, para resistir a la ofensiva que no sólo atacará la implementación del Acuerdo de Paz, sino que tendrá como objetivo asegurar el dominio autoritario de la restauración uribista. Para ello, hará falta que, como dijo Gustavo Petro, quienes ahora tienen una nueva responsabilidad desde el Congreso asuman un liderazgo con un pie en las instituciones y otro pie en los territorios, construyendo espacios de articulación, formación y trabajo permanentes.

Jose Antequera Guzmán

 

 

Tenemos el futuro por delante para hacer lo correcto si no nos quedamos en la ilusión de que el Acuerdo para terminar el conflicto resuelve todos nuestros problemas automáticamente. Tenemos la posibilidad de evitar un camino de errores trágicos a partir de la condición básica de la trascendencia que necesitamos, y que no es otra cosa que un siguiente acuerdo sostenido entre la mayoría de fuerzas políticas y sociales de nuestro país sobre las reformas fundamentales incumplidas a lo largo de nuestra historia.

En Colombia acumulamos tal experiencia propia y del mundo que en 2016 logramos, sin ninguna duda, el mejor y más completo Acuerdo de Paz que se haya podido firmar. Pero con ello no podemos omitir el deber de pensar de manera realista en qué pasaría si a las desilusiones actuales y a la campaña de deslegitimación, le siguiera la mera continuidad del juego electoral como competencia descarnada; como si no hubiéramos tenido el pasado que hemos tenido y como si hubiéramos perdido de la noche la mañana, por ejemplo, nuestra ubicación estratégica en el negocio transnacional del narcotráfico, con toda la sangre que ello implica. Claro que todo se puede hacer trizas.

Del resultado de las elecciones de la primera vuelta presidencial, queda la certeza de que millones de personas votaron sin responder a las maquinarias como se esperaba, asumiendo que el acto de votar por propuestas cobra hoy mayor sentido sin la guerra como telón de fondo determinante. El otro hecho fundamental es que la mayoría de los votantes mandataron, tratándose al fin del problema del Estado, una orientación distinta del mismo. Votando por Humberto de la Calle, por Sergio Fajardo o por Gustavo Petro, votaron por un Estado que no es ese que asumió durante todos estos años el rol de mero árbitro comprado a favor de ciertos intereses y reclamaron en cambio que el Estado sirva para que se garantice la salud, la educación, el medio ambiente sano y el progreso económico a favor de la gente, entre otros. En ningún caso en contra de ese progreso ni en contra de la iniciativa y la propiedad privadas.

El voto que permitió que Gustavo Petro y Ángela Robledo disputen en la segunda vuelta la Presidencia de la República es lo que hoy configura el escenario de oportunidad hacia el futuro. Lo es, entre otras, porque su bandera desde el día siguiente de las primeras elecciones no es la convocatoria retórica a garantizar gobernabilidad. Es, en coherencia con el programa de Colombia Humana, el lugar desde donde se está llamado a un acuerdo sobre lo fundamental que considere nuestros desafíos actuales y los cambios que tienen que materializarse para que la paz sea real y no se quede en promesas y monumentos.

Superar las dificultades que todos conocemos para que el futuro gobierno de Petro sea el momento de realización de ese acuerdo, requiere que muchos liderazgos se comporten a la altura. Desde la sociedad tenemos que comprender la importancia del momento y abrazar ese acuerdo como un acuerdo generacional, como la brecha que nos distinga de generaciones anteriores que no sólo aceptaron tantas veces la victimización y la violencia, sino que dejaron que sus diferencias fueran definidas por otros como irreconciliables.

Jose Antequera Guzmán

Hay que celebrar que el debate sobre la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz haya fluido hasta ahora con la aprobación de una buena parte de su articulado en el Congreso de la República. Sin embargo, me parece importante debatir con la posición de quienes plantean, dentro y fuera del Congreso, que la participación política de los dirigentes del nuevo Partido Farc debe estar condicionada a que primero se clarifiquen sus sanciones en la JEP. Sin duda, aún después de la Ley, habrá discusiones en este sentido.

De la naturaleza de la transición se desprenden los criterios de la justicia transicional. El derecho internacional sirve para regular esta realidad, más vieja que las reglas actuales, aunque el olvido haga parecer que la crea. Y la transición colombiana que vivimos es doble: una transición de la guerra a la paz y una transición de la democracia disfuncional a un poquito de apertura democrática, si nos dejan.

Como el cerebro, como los pulmones, las piernas, los brazos, los ojos. El símil podría ser con muchas partes del cuerpo. Así, la Jurisdicción Especial de Paz, como todo el Punto 5 del Acuerdo referido a los derechos de las víctimas, tiene dos partes igualmente importantes originadas en las características de la transición, por lo que su fuente de existencia es independiente, aunque relacionada. Sus partes son la participación política y la justicia. La fuente de la primera es el reconocimiento de los daños que configuran la democracia disfuncional y que frustraron la posibilidad de la participación política de las insurgencias en el pasado, lo que incluye a las Farc. Y la fuente de la segunda, es el reconocimiento del daño que se le hizo a la vida misma y a los proyectos de vida de quienes hoy reconocemos como víctimas, lo que incluye a individuos y a colectivos.

¿Daños a la democracia y a la participación política de la insurgencia? Muchos libros certifican esta realidad histórica innegable, y muchas víctimas también podemos hacerlo, especialmente las víctimas de la Unión Patriótica, que no es un caso emblemático sólo por el especial significado de las cifras a que remite, sino por su carácter ejemplar como experimento fallido para la participación política de la guerrilla de las FARC.

En mi concepto, condicionar la participación política de los dirigentes del Partido Farc a que primero hagan su proceso en la JEP, es sobre todo problemático porque desconoce esa doble condición de nuestra transición y la verdadera dimensión histórica de acontecimientos como el genocidio contra la UP. En ese sentido, creo que es equivocado ver este proceso como si se tratara de la misma realidad que hizo surgir la Ley de Justicia y Paz, sobre la que se debió aplicar con rigurosidad el condicionamiento de los “beneficios” a la presentación ante tribunales. En plata blanca, en el caso de los ‘paras’ los llamados beneficios surgían del reconocimiento de su fuerza, condicionados al proceso de la Ley 975 como un imperativo en función de una pacificación pactada con sectores afines en el gobierno de Uribe y motivada por esa afinidad. En el caso de las FARC, y así tendría que ser en el caso del ELN, la participación política se reconoce en el Acuerdo como un derecho aplazado, entre otras, después del asesinato de miles de militantes del movimiento que se creó alguna vez para que dejaran de ser guerrilla y se convirtieran en partido político.

La posición que critico es compartida por sectores con quienes creo que existen diferencias justificadas sobre la comprensión del conflicto y de la transición y por eso planteo argumentos frente a ella. No obstante, es necesario advertir sobre los errores que se pueden cometer si frente a esta cuestión tan importante se piensa con un interés electoral, como ocurre con quienes han prometido hacer trizas los acuerdos. Si las que dominan son las reglas de ese terreno, la memoria sobre la realidad del conflicto se esfuma y en cambio se impone, pasito a pasito, el mismo criterio que negó durante años la legitimidad de la solución dialogada y negociada.

@Antequerajose

6 de octubre de 2017

En medio del terrible contexto político en el que resulta también sacrificado el cumplimiento del Acuerdo de Paz, no he dejado de pensar en Timoleón Jiménez; un hombre que se ha ganado mi respeto y el de miles de jóvenes que hemos creído en la trascendencia histórica de su esfuerzo para nuestra generación.

Digo que el contexto es terrible por lo que ya sabemos. En lo referido a la implementación hay una serie de problemas graves atribuibles a la falta de capacidad o voluntad del Gobierno Nacional que nos mantienen en vilo. Entre otros, el Plan Marco para la sostenibilidad económica, las amnistías, la reincorporación y la seguridad, tienen evidentes retrasos o incumplimientos que demuestran mucha improvisación. También son la constatación, en general, de una lectura mezquina de parte de un conjunto de instituciones que prefieren sacar el pecho mediocre sólo por el desarme de las FARC y no asumir la verdadera tarea de enorgullecernos por cumplir la promesa de que la paz son reformas para que ésta sea estable y duradera.

Pero también asistimos a un momento crítico en la configuración de posibles soluciones. El fin de la Unidad Nacional, la ofensiva de Vargas Lleras y la oposición ciega del Centro Democrático, son igualmente la expresión del alistamiento de un populismo de derechas que está dispuesto a consolidar el nuevo “nosotros decimos NO”, sobre la base del resentimiento y el miedo, por un lado, y la corrupción como forma normal de gestión de los recursos del Estado, por el otro. Quienes pueden plantear una coalición siguen más preocupados por su prestigio personal, la mayoría de ellos casi que reservando su carrera futura por si acaso pierden, que dispuestos a jugársela toda por ganar. Sus diferencias son reales, a mi modo de ver, disputándose dos versiones muy distintas del progresismo contemporáneo, entre el que convive con el neoliberalismo responsable de la rabia de la que está alimentándose la derecha y el que se propone reformas económicas serias. Pero es posible alcanzar acuerdos si se pone el peso en la necesidad histórica de consolidar una transición sobre un programa claro y en cambio se liberan un poco de la dictadura del marketing.

En esta maraña pienso en Timo, como ya le llaman muchos de los jóvenes que le escucharon con atención en la Plaza de Bolívar. Pienso en lo difícil que debe estar siendo en este momento mantener el optimismo de la voluntad a pesar de tanto incumplimiento y resultar además en el centro de muchos señalamientos inevitables por un propósito que, siempre lo hemos sabido, depende de muchos sectores más allá de la ex guerrilla. Pienso en él y en la historia de muchos comandantes insurgentes y dirigentes políticos que han tenido que asumir un gran costo por defender proyectos de ofensiva política sorteando los reproches que les llegan desde trincheras de incertidumbre temerosas del riesgo, y más, los que también se producen desde el oportunismo de quienes anuncian el fracaso esperando que su profecía se cumpla para ganar, al menos, la posición de profetas.

A mi modo de ver, si hay una persona que está demostrando grandeza en este momento es Timoleón Jiménez. Y al decir esto no pretendo promocionarlo en la lógica del personalismo como la línea correcta, que fue lo que hizo el columnista Iván Gallo con Jesús Santrich en un artículo de Las 2Orillas, como escogiendo su personaje favorito de una serie infantil. En el papel de este personaje reposa hoy un reto que, creo, necesita una mirada desde la sociedad de respaldo, que no tiene por qué traducirse en simpatía militante pero que sí debe concretarse en apoyo ciudadano. Un desafío que no es la demostración fatua de radicalidad, sino el sostenimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 como hoja de ruta para un país mejor.

@Antequerajose

14 de septiembre de 2017

Los medios de comunicación con los más altos índices de audiencia, televidentes y lectores, plantean esta semana el problema de la polarización política como la cuestión crítica del momento. Lo primero que tendrían que hacer es reconocer su papel y responsabilidad en el problema que les alarma.

Porque la polarización no sólo implica la orientación de posiciones en direcciones contrarias al punto de la difícil reconciliación. También significa la reducción de esas posiciones en supuestos binarios, y sobre todo, la concentración de la atención en los mismos y en la contradicción entre ellos. Los medios cumplen un rol tan importante en esa cadena que no se puede hablar hoy en el mundo de polarización sino como un fenómeno mediático, aunque exista y se exprese de muchos modos a nivel social.

El papel de algunos medios se ilustra bien con el modelo de atracción pugilístico que tienen varios programas de debate político. Aunque el boxeo ya no sea un deporte tan popular como antes, uno puede asistir a la recreación de varias peleas por radio y TV en un solo día. Por la mañana se podía escuchar hasta hace poco la campana del primer combate, literalmente, en el programa que conduce Hassan Nassar. Al medio día transmiten “El cuadrilátero W” con Vicky Dávila, donde también suena la campana de un ring de boxeo y donde incluso se puede ver la pantalla de la transmisión por Internet dividida en cuatro con un locutor apurado en cada una de ellas, como en las mejores contiendas por los campeonatos mundiales. Y por la noche, si uno quiere más, el mismo escenario con su correspondiente campana vuelve de nuevo en “Partida W”.

La preocupación sobre la polarización sin reconocimiento del papel y la responsabilidad de los medios implica una incoherencia denunciando el mismo problema del que se participa. Además, se enfoca en una polarización muchas veces ficticia que se desarrolla en escenarios donde importa el binarismo en sí porque sube el rating y no los verdaderos conflictos. Ello permite que se acepte sin mayores reproches la disonancia cognitiva con la que actúan ciertos personajes. Iván Duque, por ejemplo, hablaba en un último foro con candidatos presidenciales sobre polarización llamando a concentrarnos en el presente, al tiempo que se concentraba en el pasado de sus adversarios, para evadir el pasado de sus amigos, del mismo modo y en el sentido contrario. Vicky Dávila que hacía de árbitro más que de moderadora, obviamente no le podía decir nada porque de eso se trataba el deporte.

Según el discurso recurrente, la polarización vendría siendo algo así como una pandemia de la que son culpables exclusivamente los líderes políticos, y que significa que estamos divididos entre santistas y uribistas, izquierda y derecha, los del sí y los del no, y entre los que dicen que Venezuela es una dictadura y el resto. Gracias a la acción valiente de muchos parlamentarios hay también hoy una diferenciación importante entre los corruptos y los que no lo son, pero falta mucho para que los conflictos sociales silenciados por tanto tiempo tengan el lugar que les corresponde en lo que llaman esfera pública. Tales conflictos terminan reducidos al esquema promovido por el uribismo entre legalidad Vs ilegalidad y duran tanto en la agenda mediática como las películas colombianas independientes en la cartelera de Cine Colombia. Y aún ahí, en el segundo grado de importancia que les confieren, se les trata como problemas de polarización natural, como “refriegas”, “encontrones”, “rifirrafes”, sin que puedan posicionarse como preocupaciones generales. Sepultados bajo esa indiferencia inmoral están los muertos en Segovia y Remedios por la acción del ESMAD.

El conflicto no es contrario a la democracia, es su esencia. Hay democracia porque hay conflicto y para solucionar el conflicto. Consolidar esa oportunidad histórica requiere de muchos esfuerzos que también llaman a una responsabilidad de los medios en sus métodos y en sus concepciones. Acuérdense de Chéjov que decía que si pones una pistola en el escenario desde la primera escena, alguien tendrá que terminar disparando.

@Antequerajose

24 de agosto de 2017

La noticia que circula acerca de que las FARC-EP conservarán el mismo acrónimo como partido legal se convierte en una de las cuestiones más interesantes de la política colombiana de este año.

Comienzo contándoles sobre un ejercicio que hice en mi burbuja de Facebook, donde hay personas de todo tipo, desde viejos y nuevos militantes de las izquierdas hasta algunos publicistas. Sabiendo que no tiene ninguna rigurosidad estadística pregunté sobre éste tema y el resultado fue el siguiente: de 132 comentarios en total, 104 estuvieron claramente en desacuerdo con la conservación del acrónimo, 19 estuvieron de acuerdo, y 9 tuvieron opiniones intermedias referidas sobre todo al programa detrás del nombre.

Aunque fueran menos las personas que expresaron estar de acuerdo, me llamaron mucho la atención sus argumentos por contundentes. En síntesis, con una lógica de real politik, priorizan la autonomía de la ex-insurgencia y el imperativo de la cohesión interna de sus integrantes en este período de transición, afirmando que resulta más fácil resignificar la connotación negativa del acrónimo con base en una buena acción política que posicionar uno nuevo. Por su parte, y con no menos razón, quienes dijeron estar en desacuerdo enfatizaron una perspectiva de political marketing, con una preocupación por la carga simbólica de la sigla FARC-EP relacionada con la guerra, afirmando que el hecho de no cambiarla sería una muestra de anclaje en el pasado.

A mi modo de ver, dando por cierta la hipótesis, creo que la decisión de que el nuevo partido se llame FARC-EP tendría mucho sentido, aunque implica un experimento riesgoso. Cualquiera prevería que llamarse de ese modo haría llover reproches. Hacerlo significa apostar a mediano plazo por el posicionamiento de una reputación a partir de la política de cumplir con lo que se dice con la mayor coherencia, aún cuando nadie más cumpla, como ya viene ocurriendo durante la implementación de los Acuerdos de Paz y que ha producido importantes resultados. Esa apuesta no rechaza el marketing, como hemos visto a través de videos creativos enfocados en problemas económicos y sociales más que en candidaturas, pero quiere pasar al otro lado del río, al lugar de la legitimidad plena, con el equipaje completo, haciendo de ello un ejercicio de construcción de mensaje frente a un pueblo que puede no entender muy bien sobre las opciones políticas en disputa, pero que lo que sí sabe es que la mayoría de las veces nadie cumple.

Vienen dos períodos en el Congreso sin depender de los votos ni del marketing para plantear una alternativa coherente en medio de una crisis de representatividad de la que no se salva nadie. Y desde cierta visión de la política podría argumentarse que la connotación negativa del acrónimo no redunda sólo en pérdidas, porque para ser gobierno se necesita también ser temido, como enseñaba Maquiavelo. Pero éste experimento también puede salir muy mal. Implica hacer de esos dos períodos consecutivos en el Congreso una prueba durísima en condiciones que son muy distintas a las que posibilitaba el conflicto armado, y se le entrega desde ya una herramienta afilada a quienes quieren hacer del proceso de justicia transicional una etapa de señalamiento permanente. En lo inmediato, afectaría las elecciones de 2018 que son determinantes para la continuidad de los Acuerdos. Se afecta la posibilidad de coaliciones con candidatos que sí dependen de los votos que logren, y que no querrán asociarse con una marca que hoy está desprestigiada. Y más allá, se le da un golpe a la estrategia misma, porque la promesa de una política de cumplimiento existe por fuera de lo conocido, es decir, necesita también de la expectativa de novedad.

No es fácil tener una opinión definitiva sobre este tema y a mí no me corresponde tenerla. Sin embargo, creo que es fundamental que se entienda que FARC-EP no es sólo el nombre de una organización, sino un significante más amplio cuyo devenir afecta al conjunto de las posibilidades de cambio en Colombia.

@Antequerajose

17 de agosto de 2017