Primero fue la palabra.

El jueves 16 de septiembre de 2015 se produjo una noticia trascendental. En Canadá, un grupo de más de cien personas entre los más destacados activistas, líderes, intelectuales y artistas, con el liderazgo de la famosa escritora Naomi Klein, han lanzado el manifiesto “Dar el salto” (https://goo.gl/Zf77ax) con un contenido inspirador y esperanzador para el resto del mundo. Se trata de una propuesta integradora de las reivindicaciones de la justicia social con la conciencia sobre el peligro actual que representa el cambio climático, tema que ha cobrado la mayor importancia no sólo como alarma, sino como base de reconsideración de la agenda de transformaciones profundas, anticapitalistas, a las que se han referido personajes como Fidel Castro y el Papa Francisco.

El manifiesto tiene un marco que resulta especialmente interesante para nuestro país, Colombia. El punto de partida no es sólo la constatación del peligro real que representa el incremento de la temperatura del planeta por cuenta de la extracción desaforada de combustibles fósiles que alimenta al capitalismo. El manifiesto comienza hablando de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que dio cuenta de la colonización violenta y represiva contra los pueblos indígenas canadienses, incluyendo la política de asimilación a partir de las Ressidential Schools, por razones que pueden parecer poco obvias: ese exterminio de pueblos indígenas está en la base de la construcción del modelo de producción del país, y aún, de la cultura que privilegia la lógica del extractivismo sobre la protección de los bienes comunes.

Posteriormente, este manifiesto plantea una agenda de cambios que trascienden su justificación en las consecuencias de la explotación, incluyendo la inminencia del peligro a la supervivencia humana que constituye mantener las cosas como están. Desde ahí, entonces, se habla de la necesidad de materializar una vida distinta, con tiempo, con espacio, un buen vivir a partir de cambios radicales basados en el concepto de democracia energética: es posible y necesario cambiar las fuentes de energía de nuestras economías ligadas al extractivismo, la violencia contra las comunidades, el despojo y el desplazamiento (y los conflictos armados que seguimos intentando resolver, por supuesto). Es necesario poner la tecnología y la política en función de un cambio que signifique que las comunidades controlen los nuevos sistemas de energía posibles, limpios. Es posible cambiar la especulación y la burocracia excesiva por estructuras de propiedad innovadoras, pero hay que asumir como un imperativo la necesidad de recuperar lo público y universal en los derechos sociales. No hay modo de sostener “el salto” sin un compromiso del Estado que reduzca profundamente la dependencia de combustibles fósiles, fortalezca las economías locales y no los tratados de libre comercio, los derechos de los trabajadores, y que expanda los servicios públicos necesarios para vivir.

En el mismo manifiesto se propone un elemento significativo para esta coyuntura: los firmantes proponen que un país como Canadá acoja a los refugiados, pero no por solidaridad (como es la reparación en nuestra Ley de Víctimas), sino por responsabilidad en la guerra y en el cambio climático, las dos causas vinculadas con la migración masiva (como hemos reclamado también).

¿Y de dónde saldría la plata para hacer todo eso? No más subsidios a los combustibles fósiles. Aumento de las regalías. Impuestos a las rentas más altas. Reducción de los gastos para la guerra. Las empresas deben pagar más porque son responsables de mayor contaminación y riego a la vida de todos, y el que contamina, paga.

Esta misma semana, The Economist publicó una nota sobre el nuevo líder del Partido Laborista Inglés, Jeremy Corbyn, anunciando que su nueva política en realidad sería una cosa vieja. Eso mismo podrían decir quienes advirtieran lo vieja que es la agenda de socialización del manifiesto “Dar el salto” que se ha proferido en Canadá. Yo más bien creo que puede ser una expresión de la llamada “izquierda retro”, en la que nos metió Yezid Arteta a muchos en Colombia, con la idea de volver, pero a los principios que empujan a la audacia y la actualización en el presente, y allí, el asunto del cambio climático ciertamente es fundamental.

Eso es, actualización. Ahora que en Colombia discutimos la paz, y que vemos venir a lo lejos la nube de una crisis aguantada por el conflicto mismo, tal vez estemos ante la oportunidad de nuestro salto, con la memoria bien puesta, pero hacia un futuro que no pudieron imaginar nuestros padres, porque no tenían internet.

José Antequera Guzmán.

Por el colonialismo que termina por estratificar a los muertos, a la memoria y a sus posibilidades de aprendizaje, entre otras, lo ocurrido en el centro de Europa con el Holocausto ha sido mucho más determinante para nuestra comprensión del mundo que lo ocurrido en otros tantos lugares. La memoria de las masacres en el Congo Belga o en el Putumayo a principios del Siglo XX por el hambre de caucho (determinantes para el curso del desarrollo del capitalismo) o de las guerras de liberación nacional africanas (y su experiencia fundamental sobre el mencionado posconflicto), ocupan muy poco espacio en el pensamiento y la acción por los derechos humanos y la paz.

La detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki hace 70 años es una de esas experiencias ignoradas que tienen todo por decirnos. La decisión de los Estados Unidos bajo la presidencia de Harry Truman de lanzar a “Little Boy” y “Fat Man” sobre las dos poblaciones ha sido documentada de muchas maneras, y no son pocas las conmemoraciones que se han realizado en nombre de las víctimas. Sin embargo, la resonancia profunda de la experiencia histórica aún se mantiene muy lejos de nosotros.

Hobsbawm quiso magnificar este asunto de la siguiente manera: “Nunca la faz del planeta y la vida humana se han transformado tan radicalmente como en la era que comenzó bajo las nubes en forma de hongo de Hiroshima y Nagasaki. Pero, como de costumbre, la historia apenas tuvo en cuenta las intensiones humanas, ni siquiera las de los responsables políticos nacionales, y la transformación social que se produjo no fue la que se deseaba y se había previsto”. El día en que se sintió «el sol sobre la tierra»  con mando a distancia, hace sólo 70 años, también incidió en el “cambio epocal de los sufrimientos” que marca hoy nuestro modo de ver la guerra y la paz delineando el concepto de víctima porque el que existen políticas de reparación. Y sin embargo, no ha sido posible afirmar sus lecciones profundas. La “Guerra de los no combatientes”, como también se llamó, significó un quiebre de aleccionamiento al mundo sobre la capacidad destructiva de los EEUU, configurando la paranoia de la guerra fría que los propios gringos terminaron usando a su favor para sostener el anticomunismo con el que abanderaron todas las intervenciones. Pero no ha sido posible todavía que sirva también como referente sobre la potencia y destrucción que confluyen en el conocimiento científico, en particular, el conocimiento sobre la energía y sus fuentes que hace ser al mundo hoy como realmente es, siempre, al borde de la salvación y al borde de la catástrofe.

“Neccesary Evil” se llamaba uno de los aviones que acompañaba al Enola Gay, encargado de tomar las fotografías del ataque. Él mismo con su nombre es ya la fotografía de una época en la que las víctimas podían ser el mal necesario del progreso. Pero del cambio de esa perspectiva, debiera desprenderse algo más que el repudio contemplativo hacia el pasado. Hay que recuperar la mirada ancha, para ver a Hiroshima y Nagasaki como experiencia histórica frente a nuestro instante de peligro actual. De la distancia entre el reconocimiento de la victimización y la reflexión sobre la perspectiva con que avanza el empuje del desarrollo científico y tecnológico en el mundo, se desprende la absurda pretensión de evitar las guerras y reparar a las víctimas sin afectar en nada el modelo productivo basado en el extractivismo irracional o la hipócrita actitud de los países humanitaristas que ocupan los puestos principales en la venta de armas.

En el imaginario impera todavía la cuestión de la energía nuclear como amenaza, con razón. Pero con perspectiva peligrosista, esto sólo conduce a la contradicción de impedir su desarrollo (por motivos militares o ecológicos), sin asumir en serio la llamada para el desarrollo de fuentes de alternativas y del cambio del modelo neoliberal que contribuyan a impedir la repetición incesante de la guerra, que es la mejor ofrenda que podemos hacer a estas alturas del partido, sabiendo todo lo que sabemos.

José Antequera Guzmán.

Para que el fútbol sea fútbol se necesitan ciertos principios fundamentales. Hay partidos que se juegan sin uniformes o sin camiseta. Algunos sin árbitro, incluso (en el barrio nadie quiere ese papel). Pero las faltas hay que cobrarlas obligatoriamente, por ejemplo, porque si no es fácil que estalle la pelea. De los principios todos son responsables, incluso las barras, porque se supone que todos quiere que se juegue fútbol. El proceso de paz entre las FARC y el gobierno, aunque no sigue las reglas de un partido, también tiene sus principios básicos, y de esos terminamos siendo responsables todos los que estamos jugando a vivir en este país, incluyendo a los perdidos.

A mi juicio, más allá del papel, el proceso de la Habana ha demostrado tener como principios los siguientes: La terminación del conflicto es diferente a la construcción de la paz; las víctimas son el centro y la razón de ser del proceso; lo que pasa en la mesa de negociación no se determina por lo que pasa en Colombia con las confrontaciones y nada está acordado hasta que todo esté acordado. Como en el fútbol, la naturaleza de la disputa hace que los principios sean dinámicos, y que por ello entren en contradicción, lo cual es parte del juego, de sus potencialidades y dificultades. Pero lo que ocurre hoy con el proceso de paz, la crisis de la que se está hablando en todos lados, es producto de la crisis de esos principios, de manera que debemos analizarlos.

A mi modo de ver, las cosas se pusieron más difíciles durante la discusión del punto sobre los derechos de las víctimas. Que las víctimas sean el centro del proceso significa que de lo ocurrido con las víctimas depende la legitimidad del proceso mismo, y por ahí derecho, la legitimidad el modelo transicional que incluye el asunto de la justicia de manera interdependiente con el asunto de la participación política. A falta de claridad sobre el régimen de responsabilidades, por cuenta de todos los años en que la justicia en Colombia ha sido utilizada como arma contrainsurgente (y porque las instancias internacionales de justicia también se han construido políticamente, sin neutralidad), se acordó la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Pero ante sus resultados, que constataron responsabilidades ya conocidas sobre las FARC, pero también verdades negadas sobre la responsabilidad del Estado, la respuesta del gobierno fue la ruptura del principio de que las víctimas eran el centro: se hicieron los locos, y comenzaron a presionar los tiempos, obtusos ante la apertura a que les obliga darle legitimidad a otras versiones distintas a las que han abonado la hegemonía de la tesis sobre el conflicto armado interno y las manzanas podridas.

La declaratoria del cese al fuego unilateral de las FARC, a mi parecer, fue una jugada de presión al gobierno que no cumplía con el principio de no determinar la mesa con lo que ocurriera en las confrontaciones. Sin embargo, era una jugada legítima y necesaria, porque el mencionado principio se enfrentaba al posicionamiento del repudio al sufrimiento humano a partir de la discusión sobre el punto de las víctimas. Las FARC pusieron el case, y el gobierno, en contra del espíritu del principio, temió enfrentar sus propias contradicciones, por lo que terminó en una actitud ambigua, declarando el cese de bombardeos, pero continuando las hostilidades que llevaron a la ruptura del cese unilateral.

Rotos los principios, caldeados los ánimos, las FARC están jugando con la tesis de la afectación de la confianza inversionista, y el gobierno con la afectación de la confianza de la opinión pública, sin que ninguna de los dos partes tenga legitimidad para reclamarse como adalid del medio ambiente, porque mientras las FARC atacaron el oleoducto Transandino, el gobierno ejecuta todo un plan de desarrollo que resultará en una catástrofe planetaria, sin temor a exagerar. En este punto, las víctimas humanas y los daños medioambientales se han convertido en la pelota misma, lo que no significa otra cosa que la imposición de la lógica de la guerra, por encima de la lógica de la paz.

En esta hora, me parece, hay que defender el partido mismo, haciendo prevalecer la política y la democracia sobre el chantaje de los que no quieren la paz, y superando la lógica de la guerra. Esto resulta siendo la tarea más difícil para cualquier bando y para cualquier barra. Así por ejemplo, para que la pelota siga jugando los liberales que comandan el proceso actual tienen que actuar de una manera distinta a como lo han hecho, dejando de conceder a la extrema derecha el método del silencio y del uso mediático del miedo cada vez que se les anuncia la posibilidad de que la verdad les obligue a los cambios, que es lo que ha estado pasando. Las propuestas como las de Claudia López y Antonio Navarro, que sólo arrancan aplausos coyunturales, deberían cambiarse por iniciativas de convergencia serias, en las que tiene que jugar todo el espectro político y social de lucha por la paz, que se mantiene jodido por el sectarismo. No podemos perder de vista que este proceso necesita culminar en la terminación del conflicto sabiendo la construcción de la paz es otra cosa, lo que implica que hay que cambiar el motor de la esperanza por la certeza pesimista de que si se rompieran las negociaciones, como ha dicho el senador Iván Cepeda, estaríamos ante una tragedia nacional.

Sé que he hablado como árbitro. Así es que no temo a que me lluevan los madrazos.

José Antequera Guzmán

¿Por qué hoy los comandantes sobrevivientes del M-19 pueden participar en política, a pesar de la toma del Palacio de Justicia, mientras que los comandantes de las Fuerzas Militares que ejecutaron la retoma están siendo juzgados? La respuesta de Antonio Navarro Wolf a esta pregunta ha sido que la insurgencia se acogió a una amnistía, mientras que los militares no quisieron. Plazas Vega y sus defensores argumentan que los militares no tenían que acogerse a ninguna amnistía porque no son culpables de nada, y que si alguien quiere saber dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia, que le pregunte al M-19. Una buena postal para pensar los problemas de la comisión de la verdad que se viene.

Lo que dicen los defensores de Plazas Vega está descartado, por supuesto, después de una condena en justicia y con debido proceso. Pero la afirmación de Navarro es lo que entra en cuestión ahora. ¿De qué depende que 30 años después siga abierto el proceso por los desaparecidos del Palacio contra los militares responsables? De muchas cosas, pero la más determinante de ellas es la fuerza persistente de los familiares de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque los desaparecidos vuelven “cada vez que los trae el pensamiento”, como dice la canción. Porque no hay ninguna fuerza en el mundo capaz de silenciar a quien busca la certeza de lo ocurrido con su hijo, con su madre, con su amor. Hoy, a pesar de las amnistías, los juicios y las condenas, la verdad que más importa a los familiares sigue oculta, y por eso el proceso sigue abierto.

La comisión creada en la mesa de negociaciones de la Habana tiene varias previsiones de partida. Su carácter extrajudicial, la voluntariedad u obligatoriedad de las comparecencias, y sobre todo, la regulación archivística que le dará carácter de comisión de la verdad, para que trascienda el foro testimonial o el esclarecimiento, estarán todos en debate en los próximos años. Pero lo que determinará su destino, en primerísimo lugar, no depende del papel, ni de las reglas, sino de lo que haga efectivamente frente al motor que nos ha traído hasta aquí, que es la persistencia de la dignidad, en sus múltiples expresiones. Quienes hemos estado en las conmemoraciones, en las reuniones, gritando afuera de los juzgados, nombrando a las víctimas en los territorios velados, prendiendo velas, imprimiendo fotos, rescatando ropas, escritos, frases, anécdotas, tenemos eso como la primera verdad sabida, y con eso navegamos el tiempo: 30 años en Argentina, 70 en España, todos los que quieran en Colombia, y seguimos jodiendo.

En las reuniones de los clubes y de los cuarteles se están preguntando ahora mismo: ¿Y después de esa comisión qué? ¿Nos van a dejar en paz? ¿Quedará cerrado este capítulo? Frente a los temores ya vienen actuando los que han vendido los archivos del DAS, y los que están afanados con lograr la depuración archivística a instancias de Ley de Inteligencia y contrainteligencia, y los que quieren contratar historiadores y hasta museólogos para definir desde ya el juego y así conjurar la amenaza de la verdad. Pero lo que puede salvar el futuro, que no a los perpetradores y responsables, es el compromiso pleno, como gran acuerdo nacional, de manera que al fin se logre desenterrar a los desaparecidos de todos los tipos y decir sus nombres, y vernos a los ojos, y dejar de ser dominados y dominantes por cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos (aunque lo sigamos siendo por cuenta del capitalismo). Si se hace bien, no podremos tener el mismo país que tenemos ahora, cuya marca ha sido la hipocresía.

El Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo está diciendo que no hay que temerle a la verdad. La sociedad, los movimientos sociales, las víctimas, le tenemos que temer, y actuar en consecuencia, a la amenaza del cansancio y de la desesperanza, a la disolución de la fuerza de la dignidad que nos ha traído hasta aquí, insisto, a pesar de la oferta persistente de la renuncia por algún dinero urgente.

Como dicen los zapatistas. En la lucha, el fin y el principio son una trampa, si se ven por separado. Nada más cierto cuando se trata de pensar en la dignidad, principio y fin de una comisión de la verdad.

Jose Antequera Guzmán.

Estimado Papa Francisco.

Mi nombre es José Antequera Guzmán, colombiano, hijo de una de las millones de víctimas del conflicto y las violaciones a los derechos humanos en Colombia, entre otras cosas que le podría contar personalmente. Me permito escribirle esta carta ante el anuncio de una posible visita suya en el futuro próximo a mi país que considero una oportunidad determinante en el desenvolvimiento de la búsqueda de verdad, justicia, memoria y paz, a partir del justo sentido en algunos temas que ha demostrado como cabeza de la Iglesia Católica.

Comenzando el mes de abril de este año 2015, en las primeras conmemoraciones por los 100 años de la campaña del imperio otomano de eliminar a su población armenia, tuvo usted la valentía de llamar las cosas por su nombre y reconocer que lo ocurrido a más de 1.5 millones de personas se debe nombrar como genocidio. A pesar del negocionismo practicado por las élites turcas que ha llegado hasta el retiro del Nuncio Apostólico de Turquía, usted ha pedido al mundo que haga el mismo reconocimiento “sin ceder a la ambigüedad o el compromiso” bajo la premisa de que “ocultar o negar el mal es permitir que una herida siga sangrando sin vendarla”.

En su determinación es claro que comprende la importancia de hablar de genocidio en particular y de la sensatez sobre el acto de nombrar en general. Usted comprende a Rafael Lemkin, lingüista y abogado que ideó el término de genocidio, que sabía que a hechos como los ocurridos contra los armenios se les debe dejar de llamar de modos que no dan cuenta de su verdadera gravedad, como crímenes terribles que han sido producto de la acción humana premeditada. El Padre Jesuita Javier Giraldo, el personaje que en Colombia se juega la vida con el mismo compromiso que lo hizo Óscar Arnulfo Romero, me habló de usted hace unos días y puedo creer que esa misma determinación tal vez pueda ser parte de su contribución a la paz de Colombia, si acaso llega a venir.

Igual que Lemkim, Francisco, hay en Colombia muchos quijotes que llevan toda la vida hablando de genocidio. Se han dado golpes en la cabeza ante la cerrazón del establecimiento colombiano que ha querido inventar un cuento sobre el origen del conflicto alejado del hecho real que fue el ataque sistemático contra campesinos gaitanistas, y que implicó incluso el asesinato del propio Jorge Eliécer Gaitán. Otros muchísimos, hemos hecho un gran esfuerzo para que se diga que el asesinato de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica a la que pertenecía mi padre fue un genocidio, y no un accidente producto de la acción aislada de manzanas podridas. Igual que la élite turca, la colombiana también se niegan a esos reconocimientos. E igual que los armenios, vivimos aquí con una herida que no deja de sangrar.

Hitler sabía como usted sabe sobre la importancia de la memoria para la paz, y del olvido como fundamento de la guerra. Por eso argumentó en 1939, listo para lanzar la campaña de Polonia: “¿quién habla hoy aún del exterminio de los armenios?” Como usted, Francisco, además ha comprendido que la memoria depende al final de cómo nombremos las cosas, se me ha ocurrido que podría ayudarnos con eso cuando venga al país. Además de mencionar el genocidio contra los gaitanistas y contra la Unión Patriótica, podría hablar de crímenes de Estado; de conflicto social y armado; de ejecuciones extrajudiciales. Todos esos términos son negados en Colombia y todos son absolutamente determinantes para la paz del país y para que las heridas no sigan sangrando.

A su venida podría reunirse con quienes seguimos tercos llamando las cosas por su nombre. Así le explicaríamos muchos detalles que no alcanzan en esta carta.

Muchas gracias por su atención.

La paz, con lo que cargamos encima, depende de lo que ya sabemos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No hemos levantado esas banderas en vano. El punto ahora en Colombia es que estas reivindicaciones no se pueden resolver como un capítulo aparte del verdadero problema que tenemos entre manos, que no es la justicia transicional, sino la transición justa.

Parafraseando a Martin Luther King: la historia nuestra ha sido una gran ilusión de dominación. Una violenta y dolorosa ilusión de dominación, diría yo, que sólo puede repararse con la realidad de la justicia. Así, cuando discutimos sobre los cambios en la distribución del territorio y de la productividad de la tierra, y de la participación política, y de drogas, no estamos discutiendo porque ese sea el programa de las FARC y es lo que toca darles para que acepten desmovilizarse. Estamos discutiendo esos puntos porque en ellos se expresan muchas ilusiones, muchas injusticias: que una nueva ley de tierras mal hecha va a calmar los problemas en el campo; que se puede matar a todos los comunistas y alcanzar el consenso indiscutido entre democracia representativa y neoliberalismo; que a punta de masacres se puede hacer callar para siempre a las poblaciones, etc. Y estamos discutiendo el punto de víctimas, porque esas ilusiones se han pretendido infringiendo sufrimientos que las víctimas mismas lograron demostrar como insoportables, vinculando la legitimación del régimen político a la resolución de la deuda causada.

En la discusión sobre justicia transicional, que parece un teatro en el que habla César Gaviria respaldado después por Santos como si no hubiera nada planeado de antemano, lo grave es que se pone en peligro el camino posible de una transición que tiene que ser justa para que realmente sea una transición a la paz. Y es una lástima que aquí ya no se le esté dando la misma relevancia a la voz de las víctimas, que en vez de ser un fantasma que reclama cárceles irresponsablemente, como se supone, se trata de una voz muy consciente de los problemas centrales por resolver.

En materia de derechos de las víctimas una transición justa depende de que se logre la verdad. Pero en vez de estar caminando en esa dirección, mientras se discute de justicia transicional aquí se están dejando perder los archivos del DAS, y se está queriendo imponer que los peores crímenes de lesa humanidad han sido meras fallas del servicio del Estado (ver: http://goo.gl/cjWPyD), por ejemplo.

La justicia, que sólo Uribe con su bajísima autoridad moral defiende ahora como un problema de encarcelamiento masivo, supone la desestructuración del poder vigente de quienes se han beneficiado de las violaciones graves a los derechos humanos, pero lo que está ocurriendo es que están queriéndonos decir que este es un asunto moral de castigo de los guerrilleros malos, sin que se avance en la identificación de los enriquecidos a punta de masacres y desapariciones.

La reparación no puede significar “volver las cosas al estado anterior” como si ello fuera posible o deseable, sino un salto material y moral, con especificidades para las víctimas directas, pero dentro de un programa general. Mientras se impone el debate sobre justicia transicional, el gobierno quiere profundizar la financiarización y privatización de los derechos sociales con el PND, hace tiempo identificadas como las vías para que su acceso sólo sea posible para unos pocos.

Pasar de la ilusión de la dominación a la realidad de la justicia es cumplir con el llamado a la democratización profunda de la que están hablando los informes como el Basta Ya, y varios de los de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Pero en vez de asumir ese reto, el debate de élite sobre la justicia transicional amenaza con dejar de lado las condiciones fundamentales de la no repetición. Para no terminar en un postconflicto violento, tenemos que acabar con el negacionismo acerca de la responsabilidad del Estado que fundamenta el aumento astronómico en el presupuesto de seguridad y defensa como una política de paz. Debe discutirse el modo militarista y represivo con que se sigue tratando a las poblaciones y comunidades que exigen sus derechos. Cambiar el orden de las cosas actuales, o esperar a que nos coma el trigre.

Considero inaceptable lo dicho por el comandante máximo de las FARC-EP, Timochenko, en su respuesta frente a la condena contra milicianos en el Cauca por el asesinato de dos integrantes de la Guardia Indígena. Tengo el deber de expresar la indignación que me genera, y no permito que se me iguale por eso como enemigo de la paz, ni que se manipule tampoco mi postura. Y escribo lo que pienso porque aunque hablo por mi, sé muy bien que lo que pienso no lo pienso solo.

Primero, Timochenko interpela al Ministro de Justicia, Yesid Reyes, por sus declaraciones frente a la sentencia de la Asamblea Indígena que condenó a los milicianos. Pero no menciona su nombre sino el de su papá, al que si llama “doctor Reyes Echandía”. Esa mención es irrespetuosa y no es la primera vez que ocurre en un debate contra alguno de los muchos hijos e hijas de personajes reconocidos de la vida política nacional. Se usa la memoria para imponerle al contradictor lo que debiera ser políticamente correcto, asumiendo el supuesto derecho a imponerle a uno lo que uno debería decir por ser hijo de su papá. Ese irrespeto lo he sentido muchas veces, y no puedo sino rechazarlo.

En segundo lugar, Timochenko lanza un manto de sospecha hacia la Guardia Indígena que resulta irresponsable y peligroso. Los guardias indígenas habrían actuado “envenenados por quizás qué razón”; con “irracionalidad sospechosa”. Luego dice que “es sabido que las comunidades indígenas vienen siendo de tiempo atrás influenciadas por personas y entidades con intereses específicos”. Con esas aseveraciones al aire, en el comunicado del máximo comandante de las FARC-EP, se hace muy delgada la línea entre exculpar a los milicianos en este caso específico, que se supone que pretende Timochenko, y la autorización implícita para el ajusticiamiento de los integrantes de la guardia indígena quienes podrían estar siendo funcionales de la contrainsurgencia.

Que existe una rancia derecha enemiga del proceso de paz, y que el gobierno con sus ministros juegan con los medios de comunicación a favorecer intereses de clase son verdades irrefutables. Pero de ahí no se puede desprender que si uno se separa de la versión de las FARC-EP, o que si está de acuerdo con la sentencia condenatoria y su procedimiento, tenga entonces ese carácter, o que no entienda mínimamente la justicia como dice Timochenko. A mi no me convence la explicación sobre los hechos en la que aparecen los guerrilleros armados como las víctimas atacadas por los guardias desarmados, irracionales y sospechosos. Al tiempo, me parece claro que el juicio oral sin apelaciones por hechos de esa gravedad no sigue las reglas del debido proceso. ¿Dónde me ubica eso?

Dice Timochenko al final de su comunicado que la izquierda y los liberales amantes de la ley que se oponían a la justicia penal militar contra civiles ya no existen. “Esa gente se acabó ya. La mataron a toda o aterrorizaron por completo a los sobrevivientes”. Yo en cambio he visto desfilar por la Habana, y en múltiples y diversas expresiones sociales por todo el país, incluyendo al pueblo Nasa, a cientos de miles de representantes de una conciencia intachable que no están para que se les reconozca según las circunstancias, sino para que se les considere seriamente como interlocutores.

Por el uso irrespetuoso de la memoria, por reproducción de la estigmatización contra la población civil, y por desconocimiento ofensivo de las luchas actuales de los sobrevivientes, se equivoca Timochenko.

Algunos, como el columnista Juan Diego Restrepo, dicen que la Comisión histórica sobre el conflicto y sus víctimas es innecesaria. Otros, como Rafael Guarín, quieren alertarnos sobre la pretensión que tendrían Santos y Timochenko de reescribir la historia con ella. Yo creo que ninguno de ellos tiene razón, y les voy a decir por qué.

La comisión recientemente creada significa, en primer lugar, una distancia con la idea de que la verdad global se ha de determinar a partir de la palabra cierta e inobjetable de un grupo de notables escogidos, principalmente, por su idoneidad ética y moral.

Esta idea existe desde que el presidente Alfonsín debió designar a un grupo de notables para que se encargaran de investigar los crímenes durante la dictadura en Argentina, de modo que no fuera el parlamento quien lo hiciera. Allí, en función de la reconciliación, se avaló la tesis de que dichos notables tenían la autoridad para establecer el relato emblemático que da sentido al periodo mismo que se investiga, que enmarca lo memorable, y determina sus claves interpretativas. Por eso pudo ser Ernesto Sábato, quien no era ningún historiador, el que redactara en el prólogo del informe de la CONADEP la llamada “doctrina de los dos demonios”, que dice que lo ocurrido allí fue el producto del enfrentamiento entre un demonio terrorista de izquierda contra uno terrorista de derecha, y que se ha extendido como la versión predilecta para leer la historia reciente de toda la América Latina.

Pero hoy está claro que ese modo de asumir la construcción del mencionado relato emblemático está en crisis porque vulnera el derecho de los pueblos y de las víctimas. Lo dicho por Sábato no se corresponde con lo que después aparece documentado por la misma CONADEP, pero además, no se corresponde con la comprensión sobre la gravedad diferenciada que tienen los crímenes de Estado. Igualmente ha tenido que librarse una lucha en Guatemala, donde se quiere defender lo mismo, un relato dado incoherente, a pesar de la comprobación de la responsabilidad del Estado y sus aliados paramilitares en un 93% de las muertes ocurridas entre 1960 y 1996.

Con la Comisión histórica sobre el conflicto y sus víctimas hay una lógica distinta que otros países han podido aplicar, y que debe valorarse. No será la mera idoneidad ética la que sustente la autoridad de ese relato emblemático. Su establecimiento no será tampoco como el producto de un rito sagrado en un cuarto oscuro que todos deberemos aceptar dado y que nos llegará indiscutible en el informe final de la comisión de la verdad. Se está apelando a la autoridad del conocimiento académico, y a una dinámica de transparencia y de debate, desde donde podrá darse la discusión seria sobre si también en Colombia va a terminar haciendo carrera la doctrina de los dos demonios en su versión criolla.

Ciertamente hay muchas cosas escritas sobre la violencia y el conflicto, pero esto es otra cosa. Estamos hablando del reconocimiento del profundo contenido político que tiene la memoria histórica.

Pero entonces aparece Rafael Guarín, adelantándose a los resultados de la Comisión para decir que lo que se está cocinando es un pacto descarado entre Santos y Timochenko para reescribir la historia. De entrada, está ofendiendo a algunas de las mentes más lúcidas del país pero, más allá, ¿de qué historia habla Guarín?

Lo que preocupa a muchos sectores es que se dañe la sartén en la que se cocinan los huevitos de Uribe: la versión que quiso imponerse como historia oficial para justificar su política, y que ya demostró ser incompatible con las posibilidades de un acuerdo de terminación del conflicto. No saben cómo lograr mantener vigente el muro de guerra que significa decir que el tal conflicto no existe, en últimas. Quieren volver a los tiempos en que sólo se hablaba de la democracia perfecta afectada por la decisión del Partido Comunista de tomarse el poder por las armas combinando las formas de lucha, y sólo aceptan una comisión de la verdad que se encargue de establecer en cifras la tragedia que atribuyen, en sus términos, a los grupos terroristas.

Ni verdades de notables con superioridad moral que nos llegan dadas e indiscutibles, y que terminan produciendo tergiversaciones negacionistas de la responsabilidad del Estado, ni imposiciones sin fundamento para convertir a la memoria en un instrumento de continuidad de la guerra e impunidad.

Lo que nos corresponde ahora es dialogar con esta Comisión sin caer en las trampas de la cultura de incomprensiones sobre la experiencia histórica de la violencia. No debemos ver a los comisionados como equipos de dos bandos jugando a lo mismo pero con argumentos académicos. Como las víctimas lo estamos logrando, otros tantos tendrán que convencerse de que es hora de hacer causa común por un proyecto nacional en el que la verdad sea la base de la paz, y no su opuesto.

José Antequera Guzmán

Foro sobre las propuestas de las víctimas para la paz en Colombia. Intervención Jose Antequera Guzmán. 29 de julio de 2014. United States Peace Institute. Washington D.C. 

http://www.usip.org/events/colombia-peace-forum

 

El objetivo estratégico de las víctimas en Colombia debe ser una causa común: hacer de la experiencia del dolor, del sufrimiento, de las luchas y de las resistencias, el fundamento empírico de una democracia real y profunda, medular entre las causas del conflicto e imprescindible para el país en paz.

El reconocimiento de la victimización y su repudio son nuevos en el mundo. No tanto como dicen quienes piensan que las luchas por la verdad, la justicia y la reparación nacieron con la Ley conocida como de Justicia y Paz, pero sí para quienes saben leer la historia larga. En Colombia, concretamente, puede decirse que ese reconocimiento ha sido forjado, entre muchos, primero desde el movimiento por los derechos humanos en contra de las políticas represivas enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional, que tuvieron al Estatuto de Seguridad de Turbay y a la creación de la Triple A criolla (Alianza Anticomunista Americana) como un punto histórico de formalización. Los familiares de los desaparecidos, buscando en el agua y en los matorrales, fueron pioneros en las marchas de claveles, las puestas en escena de las fotos que hoy llamamos galerías y la articulación con las organizaciones que fueron surgiendo: de defensa de presos políticos, de contabilización de asesinatos, de acompañamiento, etc. Con la agudización y degradación del conflicto y del uso generalizado de la violencia para la acumulación del poder, se han extendido las vulneraciones de la dignidad contra la población, existiendo hoy organizaciones y comunidades que reivindican las experiencias del secuestro, de las masacres, de los desplazamientos, de la violencia sexual, sumadas a otras colectividades que no se han reivindicado como víctimas pero que comportan las mismas experiencias con sus exigencias. Aún más, con la memoria como imperativo ético cada vez más posicionado, son muchos los individuos y sectores que han podido comprender el carácter injusto de lo que han vivido, tan doloroso como la muerte, en la miseria planificada de la que hablara Rodolfo Walsh.

Con todo, en el avanzarse del proceso de paz de la Habana el debate sobre la victimización en Colombia frente a la paz encuentra un lugar especial, sin duda. Para muchos el proceso de paz es sólo un teatro de ilusiones, basados en una desconfianza comprensible, vistos los fracasos en los procesos anteriores y sus terribles consecuencias, así como en las muchas desilusionantes ejecuciones de las políticas públicas de reparación. Para otras tantas, como para mí, es una esperanza cierta. Creo en la paz y en sus posibilidades como el mayor legado que me haya dejado mi padre. En cualquier caso, hay quienes han visto la posibilidad de sabotear el proceso avanzado anteponiendo el dolor y el sufrimiento, como el principal motivo para construir una oposición legitimada contra los cambios que han de producirse a partir de un acuerdo de terminación del conflicto.

Abierto el debate sobre las víctimas, es inevitable que se generen discusiones en torno a los mecanismos establecidos: la participación en los foros y la participación en la Habana tienen que verificarse efectivamente pluralistas, incluyentes, con perspectiva diferencial. Sin embargo, quienes hemos vivido las ausencias y sabemos lo mucho que golpea la certeza de que son para siempre, debemos pensar ahora en el fondo de lo que significamos para la historia del país y del mundo; de lo que nos toca, desde la misma entraña del dolor, y desde la conciencia de sus consecuencias.

Las victimización no es un valor en sí mismo. Las víctimas no somos las personas más buenas de esta sociedad, ni ciudadanos de mayor categoría por el sufrimiento que se nos ha infringido. Nuestras experiencias son distintas, y en su distinción implican derechos que tienen que satisfacerse, sin condicionamientos. Pero en su dimensión común, esas mismas experiencias suponen una comprensión común necesaria para el país, que tiene que ser primero nuestra causa común, para que lo sea de toda Colombia. Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde las resistencias, desde las luchas, desde las reivindicaciones es que encuentra fundamento el proceso de paz como proceso de diálogo y negociación, en contra de quienes pensaron que sólo la correlación de fuerzas en los campos de batalla debía determinar el modelo de solución del conflicto. Desde el repudio de lo que nos ha ocurrido, es que ha tenido que surgir un debate sobre lo que implica la no repetición en el país, que pueden ser declaraciones y golpes de pecho, o verdaderos cambios que sólo podrán ser efectivos, cuando sean para todos y para todas en Colombia.

Antes de que asumiera conscientemente la lucha por los derechos humanos y de las víctimas, mi madre me enseñó algo que me pareció incomprensible en su momento, pero que ahora rescato como una lección básica. Ella participó de un movimiento que llamaron Madres por la Vida, en el que estaban personas como la esposa del coronel Valdemar Franklin, asesinado por narcotraficantes, pasando por doña Nydia Quintero, cuya hija fue símbolo de la tragedia del secuestro. Luego he tenido yo que compartir espacios con las víctimas de hechos que desconocía, como con los familiares del avión de Avianca, o con Consuelo González de Perdomo, recordando la lección de mi madre: la diferencia puede ser más constructiva que destructiva. En su esfuerzo y en mis espacios compartidos con esas otras personas, he podido constatar algo que defiendo sin ambigüedades. Es cierto que las diferencias de clase, de procedencia, raciales, de género y de tratamiento político, entre otras, se expresan en el modo como se reconocen en el país los daños de la violencia y de la guerra, y eso constituye una injusticia. No obstante, he podido apreciar también que si bien esas diferencias no desaparecerán con un acuerdo de paz, sólo la causa común desde la conciencia de repudio a las violaciones a los derechos humanos y la dignidad puede darle fundamento a un proceso de transformación de las relaciones que han sustentado las exclusiones y opresiones, a partir de la democratización del país. Allí, yo, como soy, víctima de crímenes de Estado, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, de izquierdas, no dejaré de sumarme al desvelamiento del conflicto político y social y a las luchas por un cambio de modelo, pero esperando que sea la vida y la libertad las que determinen mi camino y que, en cambio, deje de ser el miedo el destino que me toca; que nos toca.

No puede ocurrir ahora que el dolor y el sufrimiento adquieran sentido como fundamento de oposición a la paz, cuando son todo lo contrario. Tanta muerte y tantas ausencias, adquieren sentido como el fundamento de la misma, como su base de legitimidad real. Eso no significa, de ningún modo, que tengamos que aceptar que se pacte cualquier cosa nuestro nombre. Es hora de sacar las fotos, los documentos, las galerías, las bases de datos, y exigir la verdad, en primer lugar. Es hora de pensar realmente en lo que significa “lo justo” en este país para construir desde ahí el modelo propio de justicia y reparación. Es hora de hacer trascendente la experiencia, para que esa justicia se concrete en una sentencia de no repetición basada en reconocimiento, reformas, desestructuración de las estructuras criminales responsables del asesinato entre hermanos. Tendremos muchas listas de exigencias, y en muchas estaremos en desacuerdo con otras y otros, porque ser víctimas no elimina nuestra condición de sujetos políticos, con visiones e intereses de acuerdo a nuestros lugares diferentes, en contradicción. Pero lo que está en juego, precisamente por atravesar nuestra integridad, nos trasciende.

Por supuesto, todo esto supone que no se silencie el debate sobre la participación de las víctimas en los foros y en la mesa de la Habana. Sin embargo, con una perspectiva de causa común por la democratización desde la experiencia de la victimización, sin renuncias a las posturas y planteamientos distintos y opuestos que tienen que resolverse, el reto más duro ahora es el posicionamiento de una agenda que va más allá de los escenarios inmediatos. Las víctimas tendremos que ser participantes de las políticas y de la gestión de los acuerdos. Tendremos que ser protagonistas del país donde sea posible que se diga la verdad, que no terminará por saldarse en los próximos meses; del tratamiento democrático de las exigencias de cambio, de la garantía para la movilización por la paz, como son las movilizaciones por salud, educación, vivienda y tierra. Tendremos que ser una prueba de lo que puede hacer un pueblo marcado por el dolor, por su valentía, por su fuerza.